Así, el nuevo proyecto de ley -al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia-, indica que "la necesidad de mejorar las capacidades para la preparación y la respuesta frente a los riesgos y amenazas graves para la salud requiere por parte de la Aesap y de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias, el desarrollo de planes de preparación y respuesta frente a alertas sanitarias [...]".

Y, entre las actividades de preparación, "se incluye el desarrollo de una reserva estratégica sanitaria [...] en coordinación con el resto de organismos nacionales e instrumentos con competencias para la identificación y determinación de los lugares críticos de producción, almacenamiento, distribución y logística, en particular, con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios". 

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En el anterior proyecto de ley, las funciones de la Agencia Estatal de Salud Pública en este sentido se limitaban a "evaluar y realizar el seguimiento de la disponibilidad de contramedidas médicas de la reserva estratégica".

Ahora, será este ente el encargado de crear este stock de productos sanitarios que estará basado "en la estimación de necesidades a partir de escenarios de riesgo", según recoge el documento. El objetivo de esta medida es reducir la dependencia de España de otros mercados exteriores, para evitar situaciones como la falta de mascarillas, algo que ocurrió durante el inicio de la pandemia de la Covid-19. 

Coordinación con Europa

El desarrollo de la reserva estratégica sanitaria debe, además, estar coordinada con las diferentes autoridades de la Comisión Europea implicadas.

"En particular, con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), la Dirección General Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas y con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea", añade el texto del proyecto de ley.

Aportación de datos

La futura Agencia Estatal de Salud Pública tiene diferentes misiones, tal y como explicó la ministra de Sanidad, Mónica García. Este ente llega para "modernizar nuestro sistema de vigilancia, incorporar el concepto de one health, reforzar la evaluación ante los riesgos del cambio climático, monitorizar y coordinar las diferentes estrategias de respuesta y evaluar los determinantes sociales de la salud".

En lo que respecta a la vigilancia, "todas las Administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas o jurídicas estarán obligadas a suministrar a la agencia los datos necesarios para evaluar el estado de salud de la población y realizar las funciones de seguimiento y vigilancia en salud pública [...]".

Esta parte del articulado de la futura ley no ha cambiado con respecto al anterior proyecto en el que también se incluía la obligatoriedad de proporcionar datos relativos a la salud.

En lo que respecta a los datos que se deberán suministrar, el proyecto explica que "serán establecidos mediante real decreto, en los términos que se establezcan en él, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

La sede, una incógnita

Uno de los principales interrogantes que queda en el aire es qué ciudad española será la sede de la Agencia Estatal. Se decidirá a través de concurso y cuya decisión final será competencia del Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

Es decir, que será Ángel Víctor Torres el que tendrá la última palabra sobre qué localidad se quedará la codiciada plaza. Cabe recordar que el Gobierno quiere que los nuevos órganos estatales que se están creando vayan a ciudades que no sean la capital de España, Madrid, superpoblada por este tipo de órganos. "Se ha abierto el procedimiento y ya hay candidaturas", ha adelantado la ministra de Sanidad.

Entre los círculos de funcionarios orbita que Barcelona tienen muchas papeletas. También Zaragoza o Granada suenan en las quinielas, aunque la presentación de candidaturas y la carrera por la nueva agencia todavía no empezado.

Pese a ello, la cúpula de Sanidad ya ha transmitido a los actuales trabajadores de la Dirección General de Salud Pública que, si son derivados al nuevo ente, no estarán obligados a marcharse de Madrid.