Medicamentos en una farmacia.

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Observatorio de la sanidad

La CNMC cuestiona el "excesivo intervencionismo público" en la financiación de los productos sanitarios

El organismo ha analizado el proyecto de Real Decreto que el Ministerio de Sanidad sacó a consulta pública el pasado mes de marzo.

30 agosto, 2024 14:10

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de Real Decreto que regula el procedimiento de financiación de los productos sanitarios a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS) para pacientes no hospitalizados y que establece los márgenes para su distribución y dispensación.

Es la tercera vez que la CNMC analiza la financiación de los productos sanitarios, aunque los proyectos anteriores no se aprobaron finalmente. En el último análisis, el órgano cuestiona el excesivo intervencionismo público.

El objetivo de la norma es actualizar el régimen jurídico de los productos sanitarios y cumplir con el mandato legal sobre el procedimiento de financiación y fijación de precios de estos productos. Además, se busca establecer las cuantías económicas que corresponden por distribuir y dispensar estos productos cuando están incluidos en la prestación farmacéutica del SNS y dispensados a través de receta médica u orden de dispensación oficial.

La CNMC entiende que, al ser una normativa de desarrollo, el proyecto tiene un margen de maniobra limitado respecto al marco regulatorio vigente. Sin embargo, en el pasado ha identificado mejoras sobre varios aspectos del marco actual.

Estas son la equiparación automática del régimen de financiación y márgenes de medicamentos y productos sanitarios; el sistema completamente intervenido de márgenes para distribuidores y dispensadores; y la exclusividad de venta en farmacias y ciertas restricciones aplicables a las oficinas de farmacia.

Respecto al texto normativo, la CNMC recomienda más concreción de los criterios para incluir un producto sanitario en la prestación farmacéutica del SNS y para fijar los precios máximos industriales.

De esta manera, señala el organismo, el proceso sería más transparente y proporcionaría mayor seguridad jurídica a los operadores; y mejor justificación de la estructura y de las cifras concretas de márgenes de distribución y dispensación. Estos podrían establecerse como topes máximos, permitiendo a distribuidores y farmacias aplicar precios inferiores.