Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: habrá prórroga de otros tres meses del plan de respuesta económica a la crisis derivada de la guerra de Ucrania (Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo). Un plan que, entre sus medidas, incluía limitar el arrendamiento de viviendas al 2% para aquellos contratos que tuviesen que revisarse entre abril y junio. Por tanto, la medida se ampliará hasta septiembre a falta de conocer los detalles.

Una mala noticia para quienes tienen arrendada una vivienda. Si en los primeros tres meses, la pérdida para grandes tenedores y pequeños inversores alcanzaría los 560 millones de euros, al ampliarse, esa cantidad sumará otros 479 millones. Es decir, que en seis meses, el coste para los propietarios será de 1.039 millones, según el cálculo de Idealista.

El marketplace inmobiliario ha hecho las cuentas a nivel España y a nivel capitales. Y, en este último caso, quienes salen peor parados son los propietarios de San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid.

Una diferencia de 700 euros

Los propietarios donostiarras, con la subida limitada del 2%, perciben una renta media (vivienda de dos dormitorios) de 918 euros al mes. A quienes les toque revisarla en junio, les va a suponer un incremento medio de sus alquileres en torno a los 216 euros durante el próximo año.

De aplicarse el Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, el 8,7%, esa renta hubiese sido de 978 euros al mes. Por tanto, sería una subida anual de 940 euros. Dicho de otra manera, se van a dejar ‘en el camino’ 724 euros por la extensión de la medida del Gobierno.

Tras San Sebastián, quienes salen más perjudicados son los arrendadores de Barcelona y Bilbao. En su caso, la diferencia entre aplicar o no ese límite del 2% sería de 683 euros. La subida será de 204 euros al año, mientras que si se aplicase el IPC, hubiese sido de 887 euros.

A continuación, Madrid: 643 euros de diferencia. La subida menguará de los 835 euros anuales a los 192 euros de aplicarse el 2%. “La prolongación de la medida supondría un nuevo golpe para el ya maltrecho parque de viviendas en alquiler. El gobierno mantiene la presión sobre los propietarios de vivienda, mayoritariamente particulares, sin ofrecer ninguna contraprestación ni ayuda por ello”, afirma Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Otras ciudades

Tras San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid, los propietarios de vivienda en alquiler de otras ciudades verán cómo sus arrendamientos pierden entre 500 y 600 euros anuales por la extensión de la medida del límite del 2%.

Dicha pérdida será de 603 euros en Palma de Mallorca; 563 euros, en Vitoria y Pamplona; 531 euros, en Valencia; 523 euros, en Gerona; y 503 euros, en Las Palmas de Gran Canaria. Otras 12 capitales tendrán caídas de entre 400 y 500 euros. Entre ellas, A Coruña, Málaga, Santander, Sevilla, Valladolid o Zaragoza.

Sin embargo, serán 26 capitales las que verán cómo las rentas medias de alquiler de los propietarios caerán entre 300 y 400 euros. Entre otras, Granada, Oviedo, Salamanca, Toledo, Córdoba y Burgos. “Una vez más, son las familias con viviendas en alquiler, que al igual que el resto están afectadas por la elevada inflación, quienes deben sufragar una parte importante de las ayudas gubernamentales”, añade Iñareta.

Quienes menos ‘sufrirán’ esta extensión de la medida del Gobierno serán aquellos arrendadores de Ciudad Real. En su caso, la diferencia entre el 2% y el IPC será de 289 euros anuales. En conjunto, la media que se dejará España será de 547 euros.

Más allá del componente económico, este alargamiento de otros tres meses tendrá otra serie de consecuencias. Una medida que afecta a dos millones de propietarios. Un número que seguramente disminuirá al poner una parte de ellos su vivienda en venta. Desde que entró la limitación, la oferta de pisos en alquiler se ha reducido un 10% en las capitales, según Idealista.

“Con esta medida, el mercado está intervenido, restando rentabilidad a los propietarios”, indica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). También aumentarán los litigios entre propietarios e inquilinos por desavenencias sobre los costes de mantenimiento de la vivienda. Y, quienes decidan poner la vivienda en alquiler, aumentarán los precios ante posibles limitaciones posteriores.