Es una tendencia que se ha incrementado desde hace un mes, cuando se anunció el acuerdo del Gobierno con sus socios de ERC y EH-Bildu para alumbrar la norma. Desde entonces, las inmobiliarias detectan que las dudas se han multiplicado y, con ellas, las preguntas sobre alternativas al alquiler tradicional.

"Los arrendadores a los que dentro de poco se les van a vencer los contratos están pensando qué hacer a partir de ahora", señala a este periódico el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro. De ahí que calculan que uno de cada tres propietarios estudia otras alternativas. 

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Las opciones son variadas, partiendo desde la posibilidad de no alquilar, hasta hacerlo en formato coliving (varias personas comparten los espacios de la vivienda) o temporal. También está sobre la mesa vender.

"Esto no ha hecho más que empezar", advierte Alfaro. También han notado movimientos en las últimas semanas en pisos.com, donde destacan que la incertidumbre ante los cambios que se avecinan ya afecta al stock. 

"Desde hace semanas se está reduciendo el parque de vivienda en alquiler", expone Ferran Font, portavoz y director de Estudios del portal. Los que se marchan, sostiene, están decidiendo pasarse incluso a alquiler vacacional.

Es un efecto que el sector temía y sobre el que venía advirtiendo en los últimos tiempos. Sobre todo teniendo en cuenta que llueve sobre mojado en lo que a oferta de alquiler se refiere: se ha reducido un 28% durante esta legislatura, según muestra estudio de Idealista, con caídas en todas las comunidades autónomas, pero más acusada en Barcelona que en ninguna otra parte.

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La caída en la Ciudad Condal llega al 51%. En Madrid, el desplome es del 44%.

"Lejos de ayudar a hacer crecer el mercado, de hacer crecer la oferta disponible para contener los precios, la Ley va a provocar su hundimiento utilizando fórmulas que ya se han visto inútiles en los territorios donde se han aplicado", insiste Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Efectos a corto plazo

El nerviosismo que se ha colado en el sector responde a los cambios que llegan a partir de este viernes. Aunque gran parte de los aspectos más polémicos, como la declaración de área tensionada o los topes de precios, se desarrollarán de forma más escalonada, hay efectos que el mercado sentirá de forma inmediata.

Por ejemplo, el límite para la actualización de contratos. A partir de ahora tendrán una subida máxima del 2% este año, un 3% en 2024 y desde entonces, por un indicador que elaborará el INE y que se situará por debajo del IPC.

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Además, los honorarios de las inmobiliarias, y que suelen corresponder a un mes de alquiler, pasa ahora a pagarlos el casero. Y otra novedad inmediata: los propietarios no podrán aumentar los alquileres con nuevos gastos, como comunidad o tasas de basura, por ejemplo. 

Son situaciones que impactarán en la rentabilidad del alquiler. Viene entonces la consecuencia sobre el stock: "Todo lo que afecte a la renta va a producir una salida de la oferta", insiste Alfaro. 

Y eso sin contar con los cambios adicionales que pueden llegar si se declara un área como tensionada, algo que la ley prevé que suceda en lugares donde el alquiler más los gastos supere el 30% de la renta del hogar o el precio haya subido tres puntos por encima del IPC.

Aquí bajará la consideración de lo que es un gran tenedor: deberá tener 5 viviendas en alquiler. También se establecerá un tope al precio del alquiler que será inferior al IPC y que determinará un nuevo índice aún por elaborar. 

Pero dado que serán las Comunidades Autónomas, por ser las competentes en vivienda, las que declaren las zonas tensionadas, está por verse el alcance y sobre todo el tiempo que demora su desarrollo.