En este sentido, según detalla un reciente informe del BBVA Research sobre los motivos que están tras la escasa oferta de vivienda, mientras que en el periodo 2003-2010 se construyeron al año 80.000 hogares, desde 2018 sólo se han levantado de media unos 13.000 anuales. 

"La producción de viviendas protegidas, de compra y alquiler está muy por debajo de los promedios históricos. Desde 2018 se estarían iniciando unas 13.000 viviendas protegidas al año en España, muy por debajo de las casi 60.000 iniciadas entre 1995 y 2002 y de las casi 80.000 iniciadas entre 2003 y 2010" detalla el estudio. 

El informe también pone de manifiesto el escaso gasto destinado a la vivienda en los Presupuestos Generales del Estados (PGE). Porcentualmente, este alcanzó su máximo en 2009, cuando llegó al 0,45% del total. En 2023, la cifra fue del 0,2%. En comparación con otras partidas, como son fomento del empleo (8.000 millones), sanidad (7.000 millones) o educación (5.000 millones), el gasto en vivienda (1.000 millones) es sustancialmente menor. 

"El presupuesto destinado a vivienda se mantiene en niveles relativamente bajos. El aumento desde 2022 se produce por las actuaciones dirigidas a aumentar el parque de vivienda social en alquiler, aunque el escaso presupuesto destinado dificulta alcanzar las metas propuestas de elevar el parque de vivienda social al 20%", añade el BBVA. 

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Para solventar esta situación, el Gobierno se ha marcado como objetivo durante esta legislatura alcanzar niveles de vivienda pública similares a los países europeos más punteros en esta materia. 

En concreto, la idea recogida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda -que se presentó hace unas semanas- es llegar al entorno del 9%, coyuntura que situaría a España entre uno de los países de Europa con un mayor parque de vivienda protegida. 

La magnitud del reto de la vivienda pública es tal que ha terminado por picar a la puerta de las instituciones comunitarias. Por primera vez en la historia -y a pesar de las pocas competencias que tiene en la materia-, la Unión Europa se ha abierto a implementar un programa de alquiler asequible. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, fue la encargada de anunciarlo durante su discurso de investidura. 

"Europa se enfrenta a una crisis de vivienda que afecta a personas de todas las edades y familias de todos los tamaños. Los precios y los alquileres se están disparando y la gente tiene problemas para encontrar hogares asequibles, vamos a proponer un plan de vivienda asequible durante la presente legistalura", remarcó. 

Pisos turísticos 

El informe del BBVA también se pronuncia sobre uno de los aspectos más polémicos en el mercado inmobiliario: los pisos turísticos. Según detalla el documento, una de las principales razones por las que los propietarios se deciden por esta modalidad de arrendamiento es debido a la inseguridad jurídica que se ha instaurado en el mercado con las últimas reformas acometidas. 

"El aumento del turismo estaría incrementando la rentabilidad de los alquileres turísticos y, por tanto, convirtiéndolo en una opción cada vez más atractiva para los propietarios. Además, la percepción de los propietarios de verse jurídicamente más desprotegidos tras los diferentes cambios legales que se han producido en el mercado del alquiler, ha propiciado el aumento de oferta de alquileres turísticos en detrimento de los alquileres habituales", explica el servicio de estudios del banco. 

En concreto, BBVA research, al igual que otros centros de estudios, resalta las mayores exigencias y restricciones que trae consigo la nueva regulación de alquileres incluida en la Ley de Vivienda como un elemento dinamizador de los pisos turísticos. 

Esto ha provocado que los propietarios decidan sacar sus inmuebles del mercado de vivienda habitual en búsqueda de oportunidades en otros mercados que pueden brindar una mayor rentabilidad: alquileres temporales y ocasionales y alquileres por habitaciones. 

El Gobierno anunció hace unas semanas que modificaría la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos tengan más poder a la hora de decidir sobre los pisos turísticos. También obligará a justificar una causa a la hora de acordar contratos de temporada. Además, el Ministerio de Vivienda ha acordado con las comunidades la trasposición de la directiva europea en esta materia para monitorizar el sector.