La moderna literatura sobre el riesgo y la inestabilidad política tiene una creciente importancia sobre la economía. Es un termómetro de la realidad existente en un país y un factor determinante de las expectativas de los agentes económicos, en especial, de los mercados y de los inversores extranjeros.

Desde esta perspectiva, la actual coyuntura española es un laboratorio cuasi perfecto para utilizar esa metodología y extraer de ella conclusiones relevantes. Aunque es obvio, a priori tiende a ignorarse como la seguridad jurídica, el entorno institucional, la política del Gobierno, etcétera tienen una incidencia muy poderosa sobre el comportamiento de lo que Keynes llamaba los animal spirits.

Desde esa perspectiva, la advertencia realizada por la UE al Gobierno sobre la absoluta inconveniencia de llevar adelante su proyecto de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, porque es una amenaza a su independencia, ha sido sólo la punta del iceberg de un problema de fondo y constituye algo inédito en las democracias avanzadas de Europa.

Sólo Polonia intentó algo parecido con un intento de reformar la justicia, similar al español, que fue cortocircuitado por el Tribunal Superior de Justicia de la UE. Obviamente, unos tribunales sometidos al control político constituyen un foco de inseguridad e incertidumbre de cara a garantizar de manera efectiva los derechos y libertades individuales, sino también para la actividad económica.

La advertencia de la UE al Gobierno sobre la inconveniencia de llevar adelante su proyecto para el CGPJ ha sido sólo la punta del iceberg de un problema de fondo

En el caso de España, el riesgo político se ve acentuado por un Gabinete, algunos de cuyos más eximios miembros alientan de manera permanente la violación de la propiedad privada, el incumplimiento de los contratos, denuncian el colonialismo económico de las multinacionales y realizan un sinfín de desahogos verbales que obviamente no constituyen estímulo alguno para atraer inversiones extranjeras, para mantener las existentes y para promover las domésticas. Esto es parte esencial del panorama español en estos momentos y conviene tenerlo en cuenta.

Cuando el Sr. Iglesias habla de la preocupación que generan en Europa la presencia de otras fuerzas políticas en la escena patria, debería mirarse así mismo y plantearse si su presencia en el Gabinete y la de su partido, una formación antisistema, enemiga ancestral y declarada del capitalismo y embarcada en una estrategia de desestabilización de las instituciones básicas del Estado, incluida su Jefatura, constituye una tarjeta de visita razonable para crear tranquilidad en los mercados.

Esto mismo puede extenderse al conjunto del Ejecutivo y a su Presidente que toleran bien complacidos bien resignados la irresponsable y gamberra actuación de sus socios gubernamentales.

Cuando este conjunto de factores converge en un país, eso es negativo, pero, cuando esa confluencia se produce en un escenario de crisis económica tan profunda como la presente, ese efecto es demoledor. Por añadidura, la percepción de riesgo se acelera cuando la política económica en curso genera un endeudamiento descontrolado sin un plan de contención reducción no ya inmediata, sino a medio plazo, que ha de ser financiado por los mercados.

En este contexto, las bromas anticapitalistas, el populismo con coleta represada son espadas de Damocles que cuelgan sobre la capacidad de hacer frente a las necesidades financieras de la economía española por una razón sencilla: destruyen la confianza de quienes han de prestarte su dinero.

Si bien esos elementos de riesgo e inestabilidad política afectaban, afectan y afectarán a los agentes económicos nacionales, comienzan a percibirse cada vez con mayor nitidez en el exterior.

Los análisis de los bancos de inversión, de los grandes medios de comunicación internacionales, por ejemplo, desde la vuelta de las vacaciones veraniegas muestran una creciente preocupación por la trayectoria de España en términos político-institucionales. La llamada de aviso de la UE al deseo gubernamental de modificar el método de elección de los jueces ha sido la última y visible traca de lo que está sucediendo en España. Esto es sin duda una pésima noticia.

La moderna economía institucional muestra que el factor determinante del crecimiento económico a largo plazo es la calidad de las instituciones y la combinación seguridad-certeza que proporcionan. Ellas configuran las reglas del juego capaces de reducir los costes de transacción que hacen posible realizar actividades económicas.

En España, ese entorno está sufriendo un agudo deterioro lo que es sin duda alguna un lastre para la recuperación de la economía y para sus perspectivas futuras.