En su infatigable lucha para mejorar las remuneraciones de los trabajadores frente a la codicia explotadora de los empresarios, el Gobierno ha decidido subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los actuales 950 a los 1000 euros/mes. En un gesto de audacia sin par, el Gabinete quiere adoptar esta medida en medio de una brutal contracción de la economía española que se ha traducido hasta el momento en la mayor destrucción de empleo registrada en toda la OCDE.

Como sucede con la mayoría de las iniciativas de política económica impulsadas por la coalición gubernamental, el alza del SMI es un desafío a las leyes elementales de la ciencia lúgubre.

La teoría y la evidencia muestran como la fijación administrativa de un salario superior al que equilibra el mercado tiene una dramática consecuencia: reduce la demanda de aquellos trabajadores con una productividad inferior al coste del SMI y arroja al desempleo a quienes se encuentran en esa situación.

En otras palabras, aumenta la tasa de paro y la permanencia en él de aquellas personas a las que el Gobierno pretende favorecer con su intervención. Una mano invisible lleva a que una bienintencionada iniciativa produzca efectos radicalmente distintos a los esperados.

Los principales perjudicados por la subida del SMI son los jóvenes y las personas con menor formación. Por regla general, estos perciben unos ingresos por debajo de la media a causa de dos razones: En primer lugar, porque, como se ha señalado, tienen una baja productividad marginal por su poca experiencia y/o dotación de capital humano; en segundo lugar, porque parte de su retribución la reciben en formación a través del trabajo.

Por ambos motivos, la renta salarial a la que la oferta y la demanda se equilibran para ese segmento de la fuerza laboral es más baja. Esta situación no se altera por decreto ni con voluntarismo. 

Los principales perjudicados por la subida del SMI son los jóvenes y las personas con menor formación

Los daños asignados por la teoría económica al aumento del SMI se multiplican en países como España. Aquí existe una elevada tasa de desempleo de hombres y de mujeres jóvenes, del 38,7 por 100 y del 42,6 por 100 respectivamente, el paro de larga duración afecta a 1,250 personas y hay un porcentaje muy alto de empleo poco cualificado que se concentra en sectores como la hostelería y el turismo que han colapsado a raíz de la crisis económico-sanitaria que se inició el marzo pasado y cuyas expectativas de recuperación a corto-medio plazo son inexistentes. 

Además, el coste para las empresas de la elevación del SMI no es sólo el salario neto percibido por el trabajador. A él es preciso sumar las cotizaciones a la seguridad social. Un empleado que cobre 1.000 euros al mes le cuesta al empleador 1.641 euros/mes. En este contexto, un nuevo incremento del SMI tendrá un impacto demoledor sobre los flujos de empleo y paro de la economía española inmersa en un ciclo bajista cuya duración es imprevisible, pero, en ningún caso, corta.

El Gobierno ignora que las consecuencias de incrementar el SMI no son homogéneas a escala territorial

Pero ahí no termina la historia. El Gobierno ignora que las consecuencias de incrementar el SMI no son homogéneas a escala territorial. La situación económica, la tasa de paro existente y los salarios no son iguales en todas las autonomías. En el País Vasco, la remuneración media es 2,25 veces el SMI, en la Comunidad de Madrid 2,15 veces y en Cataluña dos veces.

Mientras en Extremadura, el salario medio es un 56% por 100 superior al SMI y en Canarias un 60 por 100. Por tanto, si en una región cuyo ingreso salarial medio es bajo, se implanta un SMI próximo a él, se expulsará del mercado a mucha gente y se dejará de contratar a otra tanta. Las víctimas serán los grupos de la población más vulnerable: jóvenes de amos sexos, desempleados de larga duración y trabajadores menos formados.

Por último, el negativo impacto de aumentar el FMI se proyecta en el tiempo: retrasa el proceso de reorganización de los factores productivos; incentiva la sustitución de trabajo por capital y desincentiva la innovación. Si el Gobierno desea de verdad atenuar el paro y mejorar los ingresos de los trabajadores más vulnerables a medio plazo, debería bien eximir a éstos de recibir el SMI o aumentar su renta disponible mediante una política inteligente de deducciones fiscales.