Bruselas tiene desde hace días el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y este fin de semana, los españoles hemos empezado a conocer el contenido del documento que esconde las propuestas de inversión y de reformas del Gobierno de Pedro Sánchez.
En Moncloa nadie improvisa en materia de comunicación y la intención del Ejecutivo es ir desvelando poco a poco el detalle del contenido de las fichas su 'hoja de ruta' para modernizar la economía española. Así que prepárense para anuncios porque, como explicó el presidente en Wake Up, Spain!, son 110 inversiones y 102 reformas.
En el Gobierno de las dos almas, los ministros de Unidas Podemos suelen tener más prisa por desvelar sus medidas que los del PSOE. La responsable de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya ha dado alguna pincelada de lo que incluye en materia de Dependencia la 'Ficha 22' llamada Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. En concreto, ha avanzado ideas en materia de atención a dependientes en las residencias.
José Luis Escrivá y Yolanda Díaz.
Pero en esa ficha hay mucho más contenido sobre el 'escudo social' del que le gusta hablar al Gobierno y para el que va a destinar, en este apartado, 2.492 millones de euros. En ella se esconden inversiones y reformas para abordar la desigualdad y las prestaciones a los más vulnerables. Este es un asunto en el que Bruselas tiene especial interés tras el diseño que el ministro José Luis Escrivá ha hecho del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Según las estimaciones internas que maneja el Gobierno, un tercio de las personas que están en el paro en este momento no son empleables de manera inmediata. Este es un problema estructural de la economía española, más allá de la Covid-19, y un verdadero drama en un país con una tasa de paro del 15,98% (sin incluir a quienes no trabajan por estar en ERTE o en cese de actividad).
Habrá fondos europeos para la inclusión social de estas personas porque los problemas de estos parados, en la gran mayoría de los casos, van más allá de la falta de formación sobre la que tanto están hablando los agentes sociales y para la que también se guardan fondos en la 'Ficha 23' en la que Yolanda Díaz toma protagonismo.
Para aterrizar esta idea el Gobierno tiene que contar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Su idea es emplear unos 300 millones de euros para comenzar a trabajar con las corporaciones locales en distintos proyectos piloto que sean evaluables -requisito imprescindible para la UE- y que puedan ser analizados para ver cómo desarrollar una política de inclusión que ayude a atajar este drama social que tiene repercusiones nefastas sobre la economía española.
Hasta ahora, las Políticas Activas de Empleo han sido un desastre en España por los reinos de taifas que representan las comunidades autónomas. Se ha troceado sin establecer ningún control de evaluación una competencia que afecta a un mercado único, como es el laboral.
Y cómo se gestione esto preocupa a los equipos técnicos de Ursula von der Leyen y Valdis Dombrovskis que han negociado con Nadia Calviño y Manuel de la Rocha este Plan de Recuperación.
Cuando la Comunidad de Madrid tenga Gobierno, previsiblemente encabezado por Isabel Díaz Ayuso, debería llegar el momento de dejar atrás el teatrillo de la campaña y comenzar a hacer política de verdad.
Ione Belarra, Pedro Sánchez, Urusla von der Leyen, José Luis Escrivá, Isabel Díaz Ayuso, Manuel de la Rocha y Yolanda Díaz.
Sánchez y Díaz Ayuso están condenados a entenderse por mucho que el Gobierno central haya querido trazar en solitario este Plan del que hemos escuchado mucho la música pero conocemos poco la letra.
¿Tiene justificación que haya sido así? En el Ejecutivo hay quien piensa que sí. Lo argumentan diciendo que se trata de un Plan de estímulo anticíclico que tiene que liderar la Administración. Hacerlo así, añaden, en sincronía con el resto de economías del euro, hace que el impulso económico que vamos a financiar todos, sea más fuerte.
Difícil comprar este argumento sin pensar en que, por esa misma razón, habría tenido sentido 'sincronizar' mejor los esfuerzos entre Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos con un plan de país y no un plan de Gobierno.
En todo caso, por la cuenta que nos trae, es momento de dejar atrás ya estas ideas y ponerse a trabajar en el futuro. Hay que ejecutar los fondos con objetivos específicos y cumplimiento de hitos. Y el hecho de que el Estado vaya a ser el que responda en Bruselas por la aplicación de cada uno de los programas es una novedad interesante en la España de la cogobernanza sin controles.
Es importante que los políticos respondan con datos y resultados sobre su gestión del dinero público. Al menos, en esta ocasión, el Gobierno tiene clara esta idea y eso, en sí mismo, es una revolución.
ATENTOS A...
El último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España compara la resistencia que está teniendo el precio de la vivienda residencial con el desplome que vivió en la crisis de 2008.
Ángel Estrada y Pablo Hernández de Cos.
El documento que dirige Ángel Estrada señala al origen sanitario -y no inmobiliario- de esta crisis, el escudo social para proteger las rentas y el menor endeudamiento con el que las familias españolas han afrontado la pandemia como causas de esta contención del precio de la vivienda. Es decir, 'hacer los deberes' en años de bonanza ayuda a sortear las crisis, también en el ámbito doméstico.
Sin embargo, hay un dato llamativo en el informe de la institución que encabeza Pablo Hernández de Cos: el fuerte impacto que la Covid-19 está teniendo sobre los precios de los locales comerciales.
Esto se explicaría por las restricciones a la movilidad, por los problemas de solvencia que sufren ya muchas empresas españolas y por el avance de las ventas online, que están acelerando un cambio estructural que afecta a los precios de este mercado que está llamado a reinventarse.
