La visión tradicional del peso del Estado en la economía se suele contemplar a través de tres variables: la ratio gasto público/PIB, la presión fiscal y las regulaciones. De acuerdo con esos parámetros, el argumento a favor de la expansión del sector público se sustenta en que España tiene en esos ámbitos, en especial en los dos primeros, unos niveles inferiores a los de la UE y la Zona Euro.
Sin embargo, hay una forma distinta y muy ilustrativa que ofrece un panorama muy diferente y bastante gráfico de las relaciones entre la economía de mercado y el sector público, entre la sociedad y el Estado.
En España existe una creciente brecha entre los ciudadanos que obtienen sus rentas del Estado y quienes las obtienen del mercado. Sin duda, la crisis económica generada por la pandemia ha aumentado el número de perceptores de transferencias públicas, lo que es lógico, Sin embargo, ese desequilibrio público-privado existía ya antes del actual ciclo recesivo.
La idea según la cual los pensionistas reciben lo que aportaron es incorrecta
En 2019, 13,7 millones de españoles vivían del Estado frente 13,1 que lo hacían del mercado y, ahora, esa cifra ha pasado a ser de 15,2 millones versus 12,8 si se considera sector privado a las personas acogidas a ERTE. De lo contrario, la diferencia sería mayor.
Además, la fisura entre esas dos Españas, tenderá a acentuarse. El envejecimiento de la población, la indexación del gasto estructural (pensiones o salarios públicos) al IPC y el carácter permanente y expansivo de nuevos programas de gasto introducidos durante la pandemia tenderán a ampliar aquella.
El único elemento corrector son las prestaciones por desempleo, que se reducirán cuando descienda el paro. Dicho esto, el panorama descrito constituye una amenaza para el saneamiento de las finanzas e impondrá una carga fiscal creciente sobre las generaciones futuras que obtienen sus rentas del mercado.
Los pensionistas y los empleados públicos, por ejemplo, pagan también impuestos. Ahora bien, el coste neto de las pensiones -lo que cuestan menos lo que aportan los jubilados vía impuestos- fue en 2019 de 133.944 millones de euros. Esto equivale a un coste de 7.771 euros para cada persona que estaba trabajando o de 6.771 si se cuenta solo a los asalariados del sector público.
La idea según la cual los pensionistas reciben lo que aportaron es incorrecta. En el sistema de reparto las cotizaciones a la Seguridad Social no se destinan a un fondo para cubrir el retiro futuro sino para pagar las pensiones corrientes.
Si bien las retribuciones de la Administración pública son dispares, el coste neto promedio de los empleados públicos fue en 2019 de 108.205 millones de euros. Esto equivale a un coste per cápita de 5.470 euros al año para todos los trabajadores y de 8.046 euros al año si se contempla solo a los del sector privado. Por añadidura, el coste de quienes trabajan en las administraciones públicas es, en promedio, un 54% superior al de quienes están empleados en el mercado.
Existe una creciente brecha entre los ciudadanos que obtienen sus rentas del Estado y quienes las obtienen del mercado
Es evidente que el Estado proporciona bienes y servicios que contribuyen al bienestar general, pero también es cierto que un análisis coste-beneficio de sus actividades no permite extraer conclusiones muy favorables para el sector público patrio. España ocupa los puestos 15 y 18 en los Índices de Eficacia y Eficiencia del Sector Público de entre los países de la OCDE-21.
La media española es un 14% inferior a la de ese grupo y solo es superior a la de Italia, Grecia y Portugal. Solo está por encima del promedio en el capítulo salud y en el de distribución de la renta Por otra parte, España podría suministrar un 26,5% adicional de bienes y servicios públicos con los recursos de los que dispone ('Un Estado caro, ineficiente e ineficaz', Freemarket, junio 2021).
Un Estado moderno ha de prestar bienes públicos y proporcionar una red de seguridad básicos para que todas aquellas personas sin suficientes medios puedan acceder a la educación, a la sanidad, tener una pensión o estar cubiertos frente al desempleo.
Ahora bien, un país en el que una mayoría de la gente vive del Estado no puede tener una economía y una sociedad sanas. Esto no solo es financieramente insostenible en el medio-largo plazo, sino que conduce de manera inexorable a reducir el crecimiento, la generación de empleo y la elevación del nivel de vida de las futuras generaciones.
