Pero parece que la inflación los ha despertado. Esta semana CCOO y UGT han convocado una protesta frente al edificio de la CEOE para reclamar el funcionamiento de la mesa de los convenios.

Mesa que no se ocupa de la reforma laboral, sino de la negociación normal entre patronal y sindicatos. Entre otras cosas de la revisión salarial anual. Ya indiqué en un artículo pasado en este medio que Mercadona los había pasado por la izquierda y por la derecha. Según su convenio colectivo de empresa (artículo 21) aumentará el 5% de sus salarios para 2022.

¿Qué estaban haciendo las estructuras sindicales hasta ahora en este aspecto? Cómo diría un castizo: pasar. Pasar de sus afiliados que son los que están sufriendo la inflación y, por tanto, el deterioro de la capacidad adquisitiva de sus salarios. De hecho, los trabajadores representados por ellos la están perdiendo porque las subidas salariales pactadas hasta ahora no superan el 3%, cuando la inflación está en el 5%.

Alguien debió despertar en las sedes de UGT y CCOO. Se restregó los ojos ante el espectáculo de la pasividad de sus jefes y gritó: ¡Qué se nos ve el plumero! ¡Los afiliados nos van a tirar por la ventana por gandules¡

El problema es qué al Gobierno, que riega generosamente el sindicalismo con subvenciones, esto no le interesa. Una subida generalizada de los salarios ceba la inflación y convierte lo que muchos expertos calificaban de "transitoria" en sostenida o, peor aún, en permanente.

A corto plazo al Gobierno le interesa la inflación; suben el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y otros tributos, como el de la electricidad. Eso sanea en términos monetarios las cuentas del Estado. También a corto la inflación compensa a los deudores, los que tienen créditos, y castiga a los acreedores, los que los prestan. El Estado español, del que es responsable el Gobierno, tiene una deuda del 122% del PIB. La inflación le favorece a corto plazo.

Pero a medio plazo es una trampa mortal. Primero porque los tipos de interés acabarán subiendo y eso va contra los acreedores que tengan que renovar pasivos tan grandes como el de España. Segundo, porque la inflación es el impuesto de los pobres, las clases medias y trabajadoras que sufren el deterioro de la capacidad adquisitiva de sus salarios, sin poder defenderse ante ello. Eso crea malestar social y no conviene a ningún gobierno.

Al Gobierno le interesa aplazar cualquier subida salarial, pero no puede permitir que se deteriore la situación social

Así que Gobierno, sindicatos y patronal se encuentran ante un dilema. El problema es que sus tiempos son distintos. Al Gobierno le interesa aplazar cualquier subida salarial. Pero no puede permitir que se deteriore la situación social, máxime en los colectivos que considera sus votantes. Las cúpulas sindicales tienen la obligación de responder cuanto antes a los intereses de sus afiliados, pero sin armar demasiado alboroto para que éstos no se despierten y pidan explicaciones por su pasividad. A la patronal le interesa retrasar al máximo las subidas salariales, para evitar tener que trasladar los costes a los clientes y cebar la inflación aún más.

Un nudo gordiano difícil de desatar ¿Qué va a suceder?

Lo que nos tiene acostumbrado este Gobierno: mucho ruido mediático, reuniones, manifestaciones, declaraciones de unos y otros. Pero ¡qué …… (utilicen la expresión de Sánchez, Casado o cualquier otra) tiene que pasar para que el Gobierno de verdad mueva ficha!

Bajará temporalmente el impuesto de la energía, pero no cumplirá su promesa de abaratar sus costes y seguirá ingresando más impuestos gracias al aumento de precios. Pero en la mesa de la reforma laboral debería proponer lo sensato: que cada empresa a su nivel tome la decisión más adecuada a sus circunstancias. Unas, como Mercadona podrán subir los salarios el 5%, otras no. Es decir, no tocar ese aspecto clave de la reforma laboral de 2012. Mantener la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales.

*** J. R. Pin es profesor del IESE.