En la última década, el populismo ha cuestionado muchos principios básicos de la economía. Pero hay uno que los españoles tenemos interiorizado: cuando alguien va al banco a pedir una hipoteca para comprarse una casa, la vivienda es de su entidad financiera hasta que se termina de pagar la última cuota del préstamo. Algo similar ocurre con los fondos europeos, solo que en este caso, las cuotas de la hipoteca son reformas estructurales. Y este adjetivo es importante, puesto que si no tienen vocación transformadora y de permanencia, no sirven.
Esto significa que según el acuerdo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado con Bruselas, los socios europeos podrían incluso exigir la devolución de las transferencias entregadas a España si incumple lo pactado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un acuerdo que en 2012 -otro tiempo político- habríamos llamado MoU (Memorando de Entendimiento, por sus siglas en inglés).
El maná de los fondos europeos no es otra cosa que una ayuda (rescate, en otras épocas). Este detalle es importante. De hecho, mientras en España solemos referirnos al Next Generation EU como "fondos europeos", el Financial Times nunca olvida este sustantivo en sus crónicas. Incluida en la que publicó el pasado jueves para contar cómo un voto por error aseguró en España la aprobación parlamentaria de "las reformas laborales que son una condición para la ayuda del fondo de recuperación del coronavirus".
Yolanda Díaz, Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Congreso. Invertia
Con esta reforma a las puertas del Constitucional, a la Comisión Europea no le va a quedar otra que mirar hacia otro lado cuando tenga que dar el aprobado al acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. Un documento que los funcionarios europeos ya habían comentado con Nadia Calviño y del que estaban en líneas generales satisfechos porque avalaba el espíritu de la reforma laboral de 2012 que ellos mismos exigieron al Gobierno del PP en plena tormenta financiera.
El problema es que, a la vista está, la reforma laboral sigue sin contar con el consenso necesario para garantizar la estabilidad que el mercado laboral español necesita para converger con el europeo. Y cuando la Comisión la avale, tendrá que obviar la trifulca política si no quiere atascar aún más el reparto de los fondos.
El episodio vivido en el Congreso y los titulares sobre el "pucherazo" no están siendo plato de buen gusto para la presidenta de la Comisión Von der Leyen que se juega mucho con Next Generation EU. El ruido que sale de España a cuenta de estas ayudas empieza a ser más alto de lo aconsejable. No debemos olvidar que NGEU fue apoyado a regañadientes por los países frugales, a los que no les temblaría el pulso en caso de tener la oportunidad de poner fin a los desembolsos. Esto en un contexto en el que Lagarde ya ha reconocido que no va a poder sostener sus "estímulos" (léase también "ayudas") el tiempo esperado.
Esta semana asistiremos a otro capítulo más cuando José Luis Martínez-Almeida y otros alcaldes del PP viajen a Bruselas para denunciar que el Gobierno de Sánchez y Díaz está siendo arbitrario en el uso de los fondos. Un plan de ayudas con el que la Comisión Europea se juega mucho.
¿Tiene razón el PSOE cuando acusa a Casado de deslealtad por denunciar el presunto uso arbitrario de los fondos? ¿Tiene razón el PP cuando afirma que lo antipatriótico sería mirar para otro lado? Podemos seguir discutiendo sobre esto hasta 2026 -fecha en la que deberíamos recibir las últimas entregas de fondos- o ponernos las pilas. Y esto pasa por pulsar el botón de reset (reinicio) en el Congreso. Porque con un desequilibrio financiero que acabará este año en 60.000 millones de euros y una hipoteca en forma de deuda pública que supera nuestro PIB, ensuciar esta ayuda en el fango político es hacernos trampas al solitario.
Llegados a este punto, la única salida es buscar un árbitro independiente que cuente con la confianza de los grandes partidos para poner orden en el reparto de los fondos y el cumplimiento de los hitos.
Antonio Garamendi, Ursula Von der Leyen, Nadia Calviño, Christine Lagarde, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Pablo Casado. Invertia
Italia es el otro país sobre el que está puesto el foco encendido en el norte de Europa para ver si NGEU es el empujón definitivo a la Unión o la puntilla al euro que buscan algunos frugales. Pero en el fragmentado país transalpino están siendo más inteligentes con el equilibrismo parlamentario.
Con Sergio Mattarella repitiendo como presidente de la República, el primer ministro, Mario Draghi, no ha perdido el tiempo para reunir a su Gabinete y poner nuevos deberes para cumplir antes del 30 de junio, fecha en la que debe tener listos 45 hitos para recibir 24.100 millones de euros.
Draghi es un primer ministro frágil, pero su Plan de Recuperación cuenta con una fortaleza: fue convalidado por el Parlamento. En España, se vio la semana pasada que el consenso logrado por Díaz y Calviño con Garamendi no puede sustituir al de un acuerdo entre Sánchez y Casado.
Mientras el circo del Congreso nos mantiene entretenidos, los efectos en la economía de las ayudas de los fondos europeos se diluye. El desánimo del mundo de las empresas tras la euforia inicial es sintomático, las previsiones económicas para 2022 han vuelto a mitigar el efecto de NGEU en el PIB y el Parlamento sigue sin hacer su trabajo en el desbloqueo del Decreto 36/2020 que es necesario tramitar para ejecutar en condiciones los 70.000 millones de euros que nos ha concedido Europa.
La votación de la reforma laboral fue bochornosa, pero lo preocupante es que lo sucedido no es un hecho aislado y la credibilidad de España como destino de la inversión privada y de las ayudas públicas europeas atraviesa horas bajas por culpa de la polarización política.
ATENTOS A...
La impresionante transformación a la que se ha sometido la ciudad de Málaga en los últimos años está dando sus frutos económicos. Como destino cultural -y no solo de sol y playa- de los cruceros del Mediterráneo, el puerto de la ciudad andaluza está a punto de inaugurar el IGY Málaga Marina, un proyecto en el que se han involucrado firmas como Ocean Capital Partners o Island Global Yachting para abrir un punto de náutica de alto standing sostenible y ecoeficiente. Una muestra de que con determinación y un plan certero se puede modernizar una economía.
