Este es el consenso alcanzado entre los socios gubernamentales empeñados ambos en desarrollar una política cuyo único objetivo es comprar/mantener el voto de su base electoral. Realizar cualquier otra consideración sería de una extraordinaria ingenuidad. Como ya se anunció desde estas mismas páginas, la coalición social-comunista se lanzaría de aquí al final de la Legislatura a un akelarre de gasto público, de intervención en los mercados y de subidas fiscales.

Abordar un shock de oferta como el provocado por la subida de los precios de la energía contradice cualquier criterio de política económica básica enseñada en todos los manuales de introducción a la ciencia lúgubre. Nunca en ningún lugar, una estrategia de esa naturaleza ha servido para estimular el consumo y la inversión privada.

[Quién tiene derecho a recibir el cheque anticrisis de 200 euros anunciado por Sánchez]

Para más intriga, si esa estrategia tuviese efectividad, que no la tiene, solo lograría incrementar las presiones inflacionistas dada la incapacidad de la oferta de responder al teórico crecimiento de la demanda agregada. El Ejecutivo no ha aprendido nada del fracaso de este tipo de acciones cuando se produjo el alza de los precios del petróleo en 1973 y 1979. El keynesianismo cañí no funciona.

Pero si el impacto del incremento del gasto público no tiene efectos expansivos alguno, la decisión resulta irresponsable con los niveles de déficit y de deuda pública existentes en España, y más en un escenario de desaparición del programa de compras de bonos soberanos por parte del BCE a partir del próximo julio y de elevación de los tipos de interés.

Esto supone invitar a los mercados a elevar la prima de riesgo española ante no solo la negativa gubernamental a diseñar un plan de consolidación presupuestaria destinado a recortar el endeudamiento estatal, sino a arrojar “más madera” a los desequilibrios de las finanzas públicas. En otras palabras, el Gabinete presidido por el Sr. Sánchez ha decidido acentuar la insostenibilidad de la posición financiera del Estado. Un golpe de audacia genial…

La decisión resulta irresponsable con el déficit y la deuda pública de España, y más en un escenario de desaparición del programa de compras de bonos soberanos por parte del BCE y de elevación de los tipos de interés

La tesis gubernamental según la cual sin sus medidas la inflación se hubiese disparado y se dispararía hacia tasas del 14 o del 15 por 100 es una falacia consciente o un producto de la ignorancia. No es posible eliminar o disminuir la inflación atacando a aquellos sectores de la economía que han experimentado el aumento más rápido de precios mediante la imposición de controles de salarios, de precios, bajando los tributos sobre unos productos o subiéndolos para abatir los denominados beneficios extraordinarios de algunas empresas, concepto tan ambiguo y arbitrario como demagógico y sin relación alguno con la evolución alcista del nivel general de precios. Nunca en ningún lugar y en ningún momento se ha logrado cortar la inflación sin hacer lo propio con la cantidad de dinero en circulación.

España se encamina hacia un desastre económico, social y financiero sin precedentes en su historia democrática. Tras haber transitado por la Gran Recesión del período 2008-2013 y por la Gran Contracción causada por la pandemia en 2020, se introduce en una estanflación que, ceteris paribus, el año próximo tiene muchas probabilidades de degenerar en una recesión inflacionaria, acompañada de una potencial crisis de deuda. Este Gobierno es la reencarnación de Terminator mezclada con Atila: no va a dejar nada en pie tras su paso por la Moncloa.