Probablemente, lo peor del nuevo "plan anticrisis" aprobado este sábado, 25 de junio, sea precisamente el nombre con el que se le conoce mediática y políticamente. Aunque su nombre oficial sea otro ("Medidas urgentes del plan nacional de respuesta a la guerra en Ucrania"), lo cierto es que todo el mundo lo conoce como "plan anticrisis".
Pero el plan no pretende, ni puede, corregir los efectos macroeconómicos del monumental choque de oferta que vivimos desde finales de 2021, agravado con la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. Un aumento de los precios de las materias primas, agrícolas y energéticas, fundamentalmente, que se han traducido para España en la mayor tasa de inflación, medida por el IPC, desde 1985, tal y como recoge el gráfico a continuación.
Fuente: INE
Además de este impacto sobre los precios, que es lo más inmediato y visible, la pérdida de renta nacional por el aumento del valor de las importaciones de materias primas se traducirá en un menor crecimiento económico que no es evitable, y que sólo puede ser desplazado en el tiempo, hacia el futuro, a base de un mayor endeudamiento nacional.
El margen de maniobra para hacer frente a este nuevo escenario macroeconómico es limitado. Actuar por el lado de la demanda agregada, aumentando el gasto o reduciendo impuestos sobre la renta, no haría más que empeorar la inflación. Y con una política fiscal contractiva se reduciría la inflación, pero a costa de un menor crecimiento e incluso de riesgo a una recesión.
La única manera de contrarrestar un choque de oferta de estas características es con políticas de oferta: un pacto de rentas que limite la espiral de precios y salarios, un plan de ahorro energético o una reducción de costes para las empresas, incluyendo cotizaciones sociales y algunas tasas o impuestos indirectos. Pero ha habido poco de esto, tanto en este plan como en el de marzo, probablemente porque son medidas difíciles de implementar política y socialmente. Sobre todo, el pacto de rentas.
Por ello, el principal mensaje de este plan debería ser que, más que "solucionar la crisis", se trata de paliar las consecuencias sobre la población más vulnerable de la pérdida de poder adquisitivo de sus rentas ante el despegue de la inflación. Prometer que la inflación "bajará 3,5 puntos" puede dar lugar a frustración si el IPC sigue subiendo o simplemente se resiste a bajar. Incluso aunque las medidas funcionen a corto plazo. Porque una cosa es contener la inflación y evitar que se dispare y otra que la opinión pública interprete la promesa como que la tasa de inflación del IPC, que en mayo se situó en 8,7%, vaya a bajar a corto plazo al 5,2%.
Probablemente lo mejor del plan ha sido que no ha caído en la tentación populista de los "controles de precios". Esto ya lo intentó Nixon en 1971 y el resultado fue meter a la economía en una situación de "inflación reprimida", desabastecimientos y la aparición del "mercado negro" para muchos productos.
Pese a que inicialmente el control de precios fue muy "popular" y le hizo ganar las elecciones a Nixon en 1972, a medio plazo fue un desastre y en 1973 se tuvo que hacer frente a una situación económica muy complicada que, entre otras cosas, supuso el final de la convertibilidad del dólar. Nixon se fue de la presidencia en 1974 por mentir en el caso Watergate, pero bien se podría haber marchado por su gestión económica desde 1971.
La valoración de las medidas
En coherencia con lo afirmado anteriormente, las medidas que más me gustan son las que pretenden proteger a los sectores más vulnerables.
I. Subida del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas
En particular, la subida del 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya aparecía en el primer plan y ahora se prorroga hasta final de año y la novedad que supone la subida de las pensiones no contributivas, tanto las de jubilación como de invalidez, también en un 15%. En su conjunto se trata de 800.000 hogares en especial vulnerabilidad, por lo que su impacto sobre la demanda agregada y, por tanto, sobre la inflación será limitado. Lo importante es que la gestión de estas medidas sea fácil y rápida. Algo que no ha ocurrido en el pasado con el IMV.
II. Prórroga del bono social eléctrico y del bono social térmico
En la misma línea que la anterior y cubriendo hasta 1,9 millones de hogares. Además, se establece su renovación automática, lo que le descarga de barreras burocráticas y de gestión.
II. Congelación del precio de la bombona de butano en 19,55 euros hasta final de año
Difícilmente podría criticar una medida que yo mismo tomé en 2008 siendo ministro de Industria, Turismo y Comercio en una situación también excepcional, cuando el precio del petróleo se fue a 140$ el barril (hoy está en 110$) y dado que el precio del butano está directamente ligado al del petróleo, por ser un derivado de éste.
Recuerdo la llamada del entonces presidente de Repsol, diciéndome que la medida era demagógica y que "buena parte del consumo de butano se realiza por hogares en segundas residencias". Me pareció una reacción exagerada y la congelación del precio se mantuvo durante unos meses. Aunque reconozco que es mejor que este tipo de medidas se aborde dentro de un "pacto de rentas" y, por supuesto, tenga un carácter temporal.
IV. Liquidez para las empresas
También me parece razonable, porque se trata de políticas de oferta, los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social de los sectores especialmente afectados por la coyuntura económica.
V. Ayudas a las empresas consumidoras de gas y electricidad
Se mantienen las medidas de flexibilización de la contratación de suministro de gas, la reducción en un 80% de los peajes a los consumidores electro-intensivos y el aumento de la compensación por CO2 repercutido en la electricidad. También se prorroga la minoración de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, gracias al tope en el precio del gas en el mercado mayorista eléctrico. Finalmente se amplía la línea de ayudas directas a la industria gas-intensiva (química, acero, cerámica, cemento, pinturas y acabado de textiles, entre otras)
VI. Ayudas a sectores más afectados por la subida de la energía: transportistas, agricultores y sector pesquero
Por supuesto se pueden incluir en el grupo de medidas de oferta y, por tanto, recomendables. Pero los sectores subvencionados se deberían comprometer a no trasladar los aumentos de costes al resto de la cadena de distribución. Este punto también sería parte del "pacto de rentas".
VII. Suspensión de desahucios
Se mantienen y prorrogan las condiciones del plan de marzo, dentro de las medidas de apoyo de hogares vulnerables, algo razonable siempre que su diseño se haya mostrado efectivo.
VIII. Control de alquileres
En caso de que no haya acuerdo entre propietario e inquilino, se mantiene el máximo de subida de alquileres del 2%, dado por el Índice de Garantía de Competitividad. Esta medida resulta difícil de justificar por dos motivos: en muchas ocasiones se está protegiendo a inquilinos no vulnerables, a costa del arrendador. Y, en el caso de muchos inquilinos vulnerables, es difícil comprobar que está siendo efectiva, pues los arrendatarios se abstienen muchas veces de denunciar su incumplimiento.
IX. Impulso al transporte público
A través de una reducción del 50% del abono transporte. Esta medida, que hace tiempo que defiendo, es la única que se refiere al ahorro energético en todo el paquete. Además, es fuertemente progresiva. Pero es difícil de implementar en las grandes ciudades, dado que los consorcios de transporte público urbano, que abarcan Metro y autobuses, están en manos de CC AA y ayuntamientos. Requiere de su colaboración institucional leal.
La medida entra en vigor en septiembre y se debería acompañar de un refuerzo de la oferta, tanto de frecuencia de trenes de cercanías, como de metro y autobús. Todo lo contrario de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ha recortado la frecuencia en las líneas de Metro para "ahorrar costes" (sic).
X. Rebaja del IVA sobre la electricidad del 10 al 5%, para todos los consumidores.
Pese a no reunir la condición de proteger a los vulnerables ni tener un impacto sobre la oferta significativo, pues la reducción del IVA no mejora los costes de las empresas, dado que en general se lo deducen, la medida se podría defender sólo porque significa un impulso a la electrificación. Y, por tanto, contribuye a la transición ecológica y a la independencia energética, al propiciar un ahorro a medio plazo en el consumo de energías fósiles. Por eso, a la pregunta de por qué no se rebaja el IVA del resto de los carburantes, la respuesta es evidente: ni favorece el ahorro energético ni reduce la demanda de combustibles fósiles.
XI. Subvención de 20 céntimos al consumo de gasolinas y gasóleo para automoción
Esta es una de las medidas que menos me gusta, por los argumentos genéricos esbozados anteriormente: al tener carácter general, no se limita a proteger a hogares vulnerables. Por el contrario, la medida es más bien regresiva porque el consumo de gasolina y gasóleo es relativamente más elevado en hogares con renta alta. Además, tiene un coste presupuestario elevado (el Gobierno reconoce que, solamente desde julio a diciembre, alcanzará los 4.038 millones de euros). ¿Qué sentido tiene, además, subvencionar la gasolina de los franceses o italianos que nos visiten este verano? Finalmente, ni favorece la transición ecológica ni el ahorro energético. Por el contrario, estimula el consumo de combustibles fósiles y ayuda a Putin.
XII. Ayuda de 200 euros para trabajadores, autónomos y desempleados
Al excluirse de este apartado a los perceptores del IMV y de las pensiones mínimas, es más difícil catalogar a los elegibles para recibir esta subvención como "hogares vulnerables", que ya estaban cubiertos por la primera de las medidas. Al imponer la condición de que la renta sea inferior a los 14.000 euros, quedan excluidos también los perceptores del salario mínimo.
Por tanto, el grueso de la ayuda la recibirán los autónomos, que en media declaran una renta de 13.000 euros (15.000 los de estimación directa e inferior a 13.000 los de módulos). El coste de esta medida se estima en 540 millones de euros, al beneficiar a unos 2,7 millones de personas. Pero, una ayuda que no es recurrente y que tiene una cuantía que equivale a apenas un 1,5% de la renta del que la recibe, cuando la inflación está en el 8%, ¿supone realmente una ayuda? ¿Compensa el coste tributario?
El impacto sobre el IPC
En cuanto al impacto sobre el IPC del conjunto de las medidas, la rebaja de 16 puntos sobre el IVA de la electricidad (desde al 21% al 5%) equivale a unas 7 décimas, aunque 2/3 de la misma se supone que ya ha tenido lugar y ya la hemos "disfrutado". El último tramo, del 10% al 5%, apenas reducirían 2 décimas adicionales de IPC. La rebaja del precio regulado de la electricidad por el tope al precio del gas se ha calculado en unas 8 décimas.
La bonificación de los 20 céntimos de los carburantes, que pesan un 7% en la cesta de consumo, supone otras 8-9 décimas. En total, unos 2,4 puntos. El gobierno debería explicar cómo se llega al 3,5% del IPC. Sobre todo, porque muchas de estas medidas estimulan, aunque sea de forma limitada, la demanda agregada.
