Hubo nerviosismo el pasado viernes mientras se preparaba el Consejo de Ministros de medidas extraordinarias del sábado. A media mañana, se decidía dar marcha atrás a la aprobación de una de las medidas más importantes de la legislatura para Teresa Ribera: el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico con el que la vicepresidenta quería que las empresas de gas e hidrocarburos pagaran parte de las primas a las renovables que están incorporadas en el recibo de la luz.
El sentido común se imponía. No tenía sentido subvencionar los carburantes por un lado y, por otro, establecer un nuevo recargo que las empresas iban a acabar trasladando a sus clientes. En especial, ahora que en el recibo de la luz, los impuestos y costes fijos representan alrededor de un 20% de la factura porque lo que está disparado y descontrolado es el coste de la energía.
La rectificación ponía de manifiesto que una cosa es hacer eslóganes de campaña y otra, muy distinta, gobernar con eficacia. En las últimas semanas, tras la decepción que ha supuesto el 'tope al gas' se ha visto un intento por parte del Gobierno de cargar contra las empresas energéticas la responsabilidad de una situación cuyo origen trasciende a estas: los altos precios del petróleo y el gas en los mercados internacionales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EL ESPAÑOL
Como ocurrió en su día con la banca, se ha optado por mezclar mensajes en un totum revolutum idóneo para un caldo de cultivo de la desinformación en un momento en el que la ciudadanía necesita más información que nunca para saber a qué atenerse con un bien de primera necesidad como es la energía.
El mismo Pedro Sánchez que hasta hace pocos meses organizaba actos con Ignacio Galán, José Bogas o Francisco Reynés para fotografiarse con las empresas que tienen que financiar la transición ecológica, comparecía este sábado en rueda de prensa cargando contra los "poderes económicos y mediáticos" en busca de un culpable a su pérdida de votos en Andalucía.
[Pedro Sánchez achaca a "poderes económicos y mediáticos" su desgaste]
El mismo Gobierno que acaba de aceptar rebajar el IVA de la luz al 5% porque reconoce que así bajan los precios y se ayuda a familias y empresas se dispone a imponer un nuevo impuesto al sector (en genérico). El objetivo de la medida fiscal no es controlar la inflación, sino hacer un guiño a un electorado que Sánchez presume que votará a las izquierdas si ve que hay mano dura con las multinacionales.
En el caso de las eléctricas, es curioso que se ponga sobre la mesa un impuesto nuevo, cuando está suspendido el de la generación de electricidad porque se repercutía a los consumidores. Es un claro reconocimiento de que más impuestos no significa una factura de la luz más barata, sino que el efecto puede ser el contrario.
En el caso de las empresas de hidrocarburos -que ya soportan un recargo especial de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades en España-, es llamativo que se plantee también meterlas en el saco, cuando los márgenes de la venta de gasolina fueron cero en abril y en mayo y, probablemente, lo serán también en junio.
De hecho, la propia presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha reconocido que está siguiendo muy de cerca la bonificación de la gasolina para cerciorarse de que llega al consumidor. Y sus investigaciones muestran que las empresas lo están aplicando con rigor, según explicó la pasada semana en los cursos de la APIE en Santander.
Los márgenes de las gasolineras están sufriendo, pese a las sospechas que lanzó la vicepresidenta, Nadia Calviño, en público con intención de buscar un enemigo fácil al que achacar los problemas de los españoles con el surtidor de diésel y gasolina.
Francisco Reynés, Pedro Sánchez, José Bogas, Ignacio Galán, Antonio Brufau, Teresa Ribera, Nadia Calviño y Cani Fernández. EL ESPAÑOL INVERTIA
Llama la atención esta actitud del Gobierno con empresas como Repsol o Cepsa después de que hace menos de dos años, el sector demostrara su compromiso manteniendo abiertas a pérdidas las gasolineras durante los peores meses de la pandemia para atender al sector de los transportes o a las ambulancias.
La memoria es frágil, pero la Covid-19 arrojó un resultado neto negativo para Repsol en España de 758 millones de euros. En 2020, con el petróleo desplomado en los mercados, la compañía que preside Antonio Brufau cerró el ejercicio con unas pérdidas de 3.289 millones de euros.
Ahora, con el petróleo en 112 dólares, la empresa logra beneficios pero no porque haga más negocio en España vendiendo derivados del petróleo o con una subvención -que también le cuesta dinero-, sino porque una parte de su actividad está ligada a esa materia prima.
Ni la demagogia, ni la estrategia de buscar un choque con las multinacionales van a ayudar a solucionar los problemas de los españoles con la factura de la luz. Ni tampoco los de la coalición con la gestión de esta crisis.
Ni la demagogia, ni la estrategia de buscar un choque con las multinacionales van a ayudar a solucionar los problemas de los españoles
Cuando Pedro Sánchez pidió ayuda a las empresas de hidrocarburos para frenar la huelga de los transportistas de marzo, recibió apoyo empresarial. Si el Gobierno opta por declarar la guerra a un sector con nuevos impuestos y golpes de reputación, está claro cuál será la respuesta de estas grandes empresas: defenderse en los tribunales en lugar de arrimar el hombro para ayudar a quien demoniza su negocio.
Al final, lo que los españoles quieren son soluciones y poder dormir tranquilos sabiendo que el suministro estará garantizado -y a un precio razonable- si el próximo invierno se complica la guerra con Rusia. Este es el verdadero examen al que se someterá el presidente en las urnas en las próximas elecciones generales.
Y como se vio en marzo con los descuentos al gasóleo y la gasolina, el presidente lo tendrá más fácil si tiende la mano a las compañías que si les declara una guerra fiscal y reputacional que acabe perjudicando a los ciudadanos que son, en definitiva, quienes pagan la energía.
ATENTOS A...
La Comisión Europea ya tiene lista su evaluación preliminar de la segunda solicitud de pago a España de los fondos Next Generation EU y será interesante conocer en los próximos días los detalles.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Europa Press
No solo será importante lo que concluya sobre las reformas que ha examinado -entre ellas, la reforma laboral-. También habrá que fijarse si ante los nubarrones económicos lanza algún mensaje clave al Gobierno recordando que pronto llegará el momento de la consolidación fiscal.
