¿Qué Estado de bienestar queremos? La pregunta es pertinente en estos tiempos. Pero la recojo aquí porque la formuló Pedro Sánchez el pasado sábado en el Foro de la Toja, uno de esos eventos que aglutina a los "poderes económicos y mediáticos" que, según el presidente, quieren acabar con su Gobierno.
Ante ellos, vía plasma, y con un paquete fiscal recién aprobado, Sánchez pronunció un discurso contumaz y maniqueo para mostrar a una España de ricos y pobres, de buenos y malos, de solidarios e insolidarios. Un país en el que viven nada menos que "brujos que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos".
Permítanme citar una gran frase del presidente, antes de proceder a su deconstrucción en ocho puntos.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.
"A nadie le gusta pagar impuestos. El debate no está en si pagamos más o menos impuestos, sino a qué tipo de sociedad aspiramos y qué nivel de servicios públicos queremos como país y cuál es la forma más eficaz y justa de acceder a ellos".
[Discurso íntegro de Pedro Sánchez en la clausura del Foro La Toja]
Impuestos
Vayamos primero a donde no está el debate, según Sánchez, es decir, a si pagamos más o menos impuestos. Porque el presidente ofreció datos sobre ingresos fiscales.
"Antes de la pandemia", recordó, "España era el sexto país de la Unión Europea con menos ingresos fiscales y el undécimo con menos gasto público. De hecho, nuestros niveles de ingresos y de gasto público han estado en los últimos años ocho y cinco puntos por debajo de la media de la UE".
Este argumento es un mantra del Gobierno. Sin embargo, los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) muestran una realidad distinta. Al introducir en la ecuación la renta per cápita de España, el esfuerzo fiscal de los contribuyentes es un 8,1% superior al de la media de la Unión Europea.
Y si se incorpora la economía sumergida, la presión fiscal efectiva de quienes cumplen con el fisco es del 44,6%, dato similar a la media de la UE. Solo si se lograra acabar con el fraude fiscal, la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de cuatro puntos del PIB, concluye el IEE.
A nadie le gusta pagar
Esto nos lleva al siguiente punto de la frase del presidente. "A nadie le gusta pagar impuestos". España arrastra desde hace años un problema de fraude fiscal. Y en esto están juntos ricos y pobres porque la economía sumergida opera en todos los niveles.
Centrándonos en los primeros, hay un dato llamativo. En nuestro país viven 1.132.000 personas con un patrimonio superior al millón de dólares (Informe de riqueza de Credit Suisse). Sin embargo, solo declararon en 2019 en el impuesto de Patrimonio 212.284 ciudadanos, lo que se explica, en buena medida por las sociedades interpuestas.
Si los morosos saldaran sus deudas con Hacienda, se recaudarían 17.710 millones de euros, frente a los 1.500 millones que se ingresarán con el impuesto a los ricos recién anunciado. Pero esto requiere recursos y gestión del fraude.
Entre los ricos, también hay clases y distintas actitudes. Y el Impuesto a la Solidaridad recaerá en exclusiva sobre 23.000 contribuyentes (con más de tres millones de euros) que sí declaran Patrimonio, es decir, que cumplen con sus obligaciones fiscales.
Caigan bien o mal esas fortunas a los votantes del PSOE, el tributo es ejemplo del "señalamiento" con la política fiscal a personas o sectores concretos que viene denunciando desde la CEOE Antonio Garamendi.
Justicia fiscal
Se puede ejercer la justicia fiscal como Robin Hood, que robaba a los ricos porque abusaban en el cobro de impuestos para dárselo a los pobres. El problema es que cuando es la recaudación del Estado la que está en máximos por el efecto de la inflación, resulta complicado defender este argumento. De ahí el éxito en la opinión pública de la deflactación del IRPF que proponía Alberto Núñez Feijóo.
Sin embargo, en otros países europeos -a los que se refirió el presidente del Gobierno por ser 'ejemplares'- también hay otros elementos de justicia fiscal que aquí no operan. Uno clave es a partir de qué umbral un impuesto se convierte en confiscatorio.
En Alemania, lo es cuando el ciudadano paga más del 50% de la renta personal y/o patrimonial; en Francia, cuando se paga más del 75% de esa renta, y en España, hasta hace poco no existía ningún umbral. En una sentencia de 2017 contra la plusvalía municipal de la venta de una vivienda a pérdidas, la Justicia entendió que si un impuesto supera el 100% de la base imponible, entonces es confiscatorio. Esa sentencia fue el origen de la anulación de la plusvalía por el Constitucional en 2021.
La improvisación en el Impuesto de la Solidaridad puede generar casos en los que el contribuyente acabe sufriendo ese daño. En EL ESPAÑOL se ha recogido la historia de Roberto, un joven que obtuvo cinco millones por la venta de una empresa y ahora, a falta de conocer la letra pequeña de la normativa, con el nuevo impuesto y el IRPF puede estar abocado a incurrir en pérdidas.
Igual que se ha abierto el debate sobre la oportunidad o no de mantener un impuesto de Patrimonio que no existe en nuestros países vecinos, tenemos la asignatura pendiente de hablar sobre cuál debe ser el umbral que el fisco no debe sobrepasar para no agotar la riqueza imponible. Primero, porque esto también dice mucho del diseño del tipo de sociedad que queremos. Y segundo, porque guste o no al presidente, España necesita más ricos.
[Otra vez el impuesto sobre Patrimonio. Por Miguel Sebastián]
Y para atraer riqueza, es imprescindible atraer inversión. Esta máxima estuvo presente en la mente de Juanma Moreno cuando anunció la deducción del tramo autonómico de Patrimonio que ha desatado este tsunami político, junto con la deflactación del IRPF a la que distintos Gobiernos del PP arrastraron al socialista Ximo Puig en Valencia.
Deflactación
Sánchez se aferró en La Toja a su decisión de no aceptar la propuesta del PP de deflactar el IRPF. Olvidó, en primer lugar, que su idea de elevar el tramo decreciente de la reducción por rendimientos del trabajo es un sucedáneo de una de las medidas que pactaron PP y Ciudadanos en 2018.
[La propuesta fiscal de septiembre: subidas y bajadas progresivas. Por Francisco de la Torre]
Legislar para todos es complejo, pero su propuesta, centrada en los trabajadores que cobran menos de 21.000 euros también tiene flaquezas. Una clara es que dentro de esa franja, penaliza a las familias con hijos (más vulnerables por la subida de los precios), frente a los solteros sin descendencia.
La medida deja fuera a 8,5 millones de trabajadores que no son millonarios. Algo contradictorio, cuando -si se observa el impacto de la inflación ajustada al gasto para rentas de 30.000 euros- vemos que el golpe supera el 19%.
El Gobierno insiste en que va a ayudar a las clases medias trabajadoras, cuando en realidad, se niega a deflactar el IRPF que pagan. Ello, a pesar de que con el paquete fiscal anunciado la pasada semana, más los impuestos a bancos y energéticas, obtendrá una recaudación extra de 12.600 millones de euros. Es una cifra muy superior a los 2.505 millones de euros que dejará de recaudar por ayudar a las rentas de menos de 21.000 euros.
Se hace así un retoque que, según advierten muchos expertos, genera aún más confusión fiscal y mantiene el grueso del 'negocio' del Estado con la inflación que están soportando los trabajadores cuando ésta se traslada al IRPF.
Por último, parece oportuno recordar que España ya cuenta con un sistema fiscal progresivo, en el que el contribuyente que gana más, paga más. La progresividad está blindada en la Constitución.
A qué sociedad aspiramos
Sánchez lanzó varias preguntas a los "insolidarios" que critican su retoque fiscal. "¿De qué sirve la riqueza cuando se vive rodeado de diferencias sociales lacerantes?" Esta es una cuestión llamativa. Por un lado, el discurso de una sociedad igualitaria es clave para sus socios de Gobierno. Por otro, las recetas que impulsan son las que han aplicado otros países con profundas desigualdades.
La idea de argentinizar la economía española late tras numerosas propuestas de este Gobierno, como la de intervenir los precios de la comida o suspender el cobro de dividendos, que la coalición puso sobre la mesa de los agentes sociales.
Felipe González y Mariano Rajoy en La Toja. Ximo Puig, Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo, Antonio Costa y Pedro Sánchez EL ESPAÑOL INVERTIA
Para rebajar el coste de la alimentación, el Ejecutivo recibió una propuesta que de momento ha rechazado: rebajar el IVA de los alimentos básicos.
Qué servicios públicos queremos
Gracias a los 3.144 millones de euros que el Gobierno va a recaudar en dos años (es decir, 1.572 millones al año) el presidente afirmó que será posible cubrir programas de becas y ayudas a estudiantes o mejorar con 172 millones de euros la atención primaria.
[Respuesta a Pedro Sánchez sobre nuestro sistema sanitario. Por Juan Abarca]
Esta afirmación -más propia de un titular periodístico que del líder de un país- muestra que estamos ya dentro de un callejón sin salida. Se pone el foco en las becas -una partida mínima- para olvidar las grandes cifras de gasto que amenazan los Presupuestos. AIReF ha cifrado en 20.000 millones de euros el coste que tendrá para el erario el aumento de los intereses de la deuda pública hasta 2025. Sumen otros 25.000 millones por la subida de las pensiones y sueldos públicos. Las cuentas no salen.
Eficacia y justicia
Sin embargo, por suerte, en España hay consenso en mantener un elevado nivel de los servicios públicos. La implicación del sector privado en la Sanidad pública -contra el que arremetió Sánchez en La Toja antes de defender el Estado emprendedor- forma parte de las últimas recetas puestas sobre la mesa en la Comunidad Valenciana para reducir las listas de espera.
Aunque resulte contradictorio, Puig ha acabado recurriendo a los centros privados para agilizar la atención a los pacientes tras años de reversión de las concesiones hospitalarias. El motivo no es otro que la necesidad de mejorar los datos porque se acercan las elecciones autonómicas.
Que el sector público ayuda a generar economías de escala -como afirmó el líder del Ejecutivo en su discurso- es cierto. Pero no es lo mismo su impacto en la compra de vacunas (donde ese efecto es claro) que en la prestación de otros servicios. Prueba de ello es el atasco que estamos viendo en la gestión de los fondos europeos por ineficiencia de la Administración.
Los brujos
Sánchez necesita dar vida a los "brujos" porque sabe por las encuestas que tiene que hechizar a los votantes de izquierdas en 2023 para que no se repita la debacle de Andalucía. Es decir, necesita que los socialistas moderados no presten su voto a Feijóo y que la izquierda más radical acuda a las urnas a votar al PSOE o a cualquiera de las variantes de Unidas Podemos.
Quizás no se vería en esta encrucijada si hiciera caso a lo que Felipe González y Mariano Rajoy recordaron a su paso por el Foro de la Toja: "gobernar es acabar con los pobres y no con los ricos".
Si lo que queremos es ahuyentar a los segundos, Antonio Costas -el aliado de Sánchez al que el presidente citó en el arranque de su discurso- estará encantado de acogerlos en Portugal.
