No. No es que el Gobierno tenga algo personal contra Pablo Hernández de Cos. Ni que el gobernador del Banco de España esté urdiendo ninguna trama para derrocar al Gobierno de la nación. Es mucho más sencillo.
Hernández de Cos, ejerciendo su función de gobernador del Banco de España, critica severamente la dirección de las políticas económicas del actual Gobierno, y de su líder, Pedro Sánchez. Y ofrece sugerencias acerca de qué medidas serían las más sensatas para solucionar los graves problemas presentes y latentes de nuestra economía.
Entiendo que Sánchez recibiera estas declaraciones como un jarro de agua fría. Lo que no entiendo tan bien es que respondiera inmediatamente desacreditando al Banco de España, al Banco Central Europeo (BCE) y, en concreto al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, sacando a colación, como si fuera un detrimento, su pasado en Lehman Brothers.
Tal vez deberíamos seguir esa táctica y sacar el pasado de todos y cada uno de los miembros del Gobierno y, especialmente, el pasado de los socios del Gobierno en el País Vasco.
Yo no soy muy fan de las políticas centralizadas, tampoco de las monetarias. Pero soy de las que confío más en las instituciones europeas que en las españolas. Es posible que yo sea mala patriota y poco española.
Pero lo cierto es que las instituciones europeas están sujetas a una multiplicidad de intereses de los diferentes países miembros (o de la zona euro) son más sensatas y no están sometidas al partidismo a ultranza, ni a la reelección cada cuatro años. No miran el voto. Cambiaría mi preferencia si los gobernantes españoles no atendieran de manera tan obscena a las proclamas partidistas.
"Las instituciones europeas son más sensatas y no están sometidas al partidismo a ultranza"
Curiosamente, este es el caso del gobernador del Banco de España. Esta vez el tema ha sido el impuesto a la banca. Pero Hernández de Cos ya era reincidente: es inevitable que disminuya el bienestar a corto plazo; es necesario controlar que las ayudas sean puntuales y temporales para no agravar la inflación y no deteriorar la sostenibilidad de la deuda pública; en necesario mirar a más largo plazo y continuar con las reformas estructurales.
Todas estas recomendaciones son aceptables, moderadas, sensatas, y, sin embargo, para el Gobierno son veneno. ¿Por qué? Porque destrozan el espíritu de su campaña electoral.
Siguiendo este espíritu, cuando se anuncia el impuesto a la banca, y se cuestiona que lo vamos a pagar los usuarios, es decir, todos los españoles, el Gobierno afirma que van a prohibir que recaiga sobre los españoles. A ello hay que sumar un ramillete de declaraciones bochornosas de escrita hablando de los informes de corta y pega del BCE, Montero argumentando que el BCE defiende a los bancos, etc.
Hay que tener la memoria muy frágil. El BCE abrió una línea de crédito de 100.000 millones de euros para rescatar a las cajas de ahorro, bancos arruinados por mor de la politización de su gestión. El mismo Pedro Sánchez fue consejero de Caja Madrid entre los años 2004 y 2009, gracias a lo cual consiguió una bonificación en su hipoteca, y con cuyo voto se emitieron las preferentes.
"Pedro Sánchez fue consejero de Caja Madrid entre los años 2004 y 2009, gracias a lo cual consiguió una bonificación en su hipoteca"
El mandato del Banco Central Europeo, del Banco de España y de cualquier banco central hoy en día es mantener la estabilidad de precios a medio plazo. De hecho, las críticas a los tipos tan bajos durante tanto tiempo se sustentaban en el riesgo de recalentamiento, como así sucedió.
Ahora que la autoridad monetaria europea, colegiadamente, está tomando medidas para reducir la inflación que nos asola, lo que hace el Gobierno es sorber y soplar. Por un lado, se beneficia del impuesto oculto que es la inflación, y por otro lado, critica al BCE porque no pone en primer lugar, como sí hace el Gobierno "la salud y el bienestar de las personas", en palabras de María Jesús Montero.
Mientras tanto, salen a la luz las escandalosas cifras de gasto en publicidad institucional y otros gastos superfluos, que en ningún caso atienden a la salud y el bienestar de las personas, sino a su propio beneficio personal y el de su partido.
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Lo que convierte a Hernández de Cos en enemigo del Gobierno no es exactamente estas u otras declaraciones sino su independencia. En la ley de 1994 se establecía, entre otras cosas que "en el ámbito de la política monetaria, el Banco no esté sometido a instrucciones del Gobierno o del ministro de Economía y Hacienda, de forma que pueda orientar dicha política al fin primordial de mantener los precios estables".
Y se señala la diferencia de esta ley respecto "de la que consagrara en 1962 el Decreto ley de nacionalización del Banco, que, configurándolo en todos los órdenes como un apéndice directo del Gobierno, mantuvo su tradicional función de financiar al Estado".
La Ley de Memoria Histórica debería incluir el rechazo a las instituciones franquistas que dañaron tanto nuestra economía, como usar el Banco de España como financiador del Gobierno. Esta es una de las razones que me llevan a mirar con buenos ojos la incorporación a la Unión Europea, que exige que los bancos centrales sean autónomos respecto a los diferentes gobiernos.
El desdén del Gobierno hacia todas las personas e instituciones que no se pliegan a sus necesidades electorales no se circunscribe a Hernandez de Cos y Luis de Guindos. También afecta a algunos jueces, determinadas sentencias, a los españoles que quieren que sus hijos estudien en castellano en Cataluña (o donde sea), y a quienes entorpecen sus pactos políticos cuyo objetivo es mantenerles en el poder.
Al final va a resultar que el verdadero enemigo del Gobierno es la libertad de los españoles.
