El Sr. Sánchez ha anunciado que, a finales de este año, el Gobierno pondrá en marcha mecanismos para contener el encarecimiento de los alimentos, aunque no ha especificado su contenido. A priori y conforme a lo manifestado por algunos destacados miembros del Gabinete, como la Sra. Diaz, el método empleado sería establecer topes máximos a los precios de una cesta de productos alimenticios básicos. Para garantizar el cumplimiento de esa orden la vicepresidente segunda plantea un castigo ilegal, inconstitucional y aberrante para quienes incumplan el ucase gubernamental: prohibirles distribuir dividendos.
Este dirigismo e intervencionismo exacerbado recuerda al del primer franquismo. A la Sra. Diaz sólo le queda proponer la resurrección de la Comisaría General de Abastecimientos y de la Junta Superior de Precios.
Tanto el actual Gabinete social comunista como sus antecesores falangistas abrazaron una idea considerada nefasta o, cuanto menos, desafortunada por la inmensa mayoría de los economistas desde los orígenes de la ciencia lúgubre. El libro 4.000 Años de Controles de Precios y Salarios de Schuttinger y Butler ilustra de modo exhaustivo y demoledor el fracaso de esas iniciativas a lo largo de la historia.
"A la Sra. Diaz sólo le queda proponer la resurrección de la Comisaría General de Abastecimientos y de la Junta Superior de Precios"
El aumento del coste de los alimentos en España no obedece a ninguna razón esotérica o misteriosa, sino a algo elemental. La energía y las materias primas importadas, factores de producción básicos en el sector de la distribución, se han encarecido de forma brutal a raíz de la guerra ruso-ucraniana.
Ante esa situación, las empresas que operan en ese sector, cuyos márgenes netos de rentabilidad son muy estrechos no tenían capacidad para absorberlos y, por tanto, se han visto obligadas a subir precios. No hacerlo conduciría al cierre de muchos pequeños establecimientos y a reducir plantillas en las grandes cadenas. Es sorprendente tener que explicar esto, pero en esta hora española recordar cuestiones básicas se ha vuelto algo necesario.
"En esta hora española recordar cuestiones básicas se ha vuelto algo necesario"
La tesis según la cual las compañías de distribución alimentaria estarían actuando de manera concertada para obtener beneficios extraordinarios es insostenible no sólo por lo señalado con anterioridad, sino porque la competencia es una de las características esenciales de la estructura de ese mercado en España.
No existen barreras de entrada en él y, en consecuencia, la presión competitiva real y la potencial tienden a producir, ceteris paribus, una considerable convergencia en los precios de los bienes ofertados a los consumidores. Y, por cierto, en la vieja piel de toro, los de los alimentos son unos cinco puntos inferiores a los existentes en la media de la UE, según los últimos datos ofrecidos por Eurostat.
[La cesta de la compra sube un 15,3% pese a que la inflación se modera hasta el 6,8%]
La fijación del precio de un bien o de una cesta de bienes por debajo del que establecería un mercado libre y competitivo produce dos efectos. En primer lugar, un incremento en la demanda del bien o bienes abaratados de modo artificial por la intervención del Gobierno.
En segundo lugar, una reducción de la oferta; esto es, las existencias acumuladas se agotan con rapidez y la contracción-eliminación de los beneficios provocada por el intervencionismo gubernamental aniquila los incentivos para elevar la producción.
Por consiguiente, establecer un precio máximo por ucase a un bien agudizará su escasez. Este resultado es radicalmente opuesto al perseguido por las autoridades cuando decidieron distorsionar con su injerencia el normal funcionamiento de la oferta y de la demanda. Ello sólo contribuye a acentuar la brecha entre ambas.
En ese contexto, el nacimiento y desarrollo de un mercado negro tiene altas probabilidades de materializarse y, es obvio, que serán los individuos con niveles de renta menores, los denominados colectivos vulnerables, los que tendrán un menor acceso a los productos básicos que la intervención gubernamental quería facilitarles.
Esto es así porque los adquiridos en la economía informal son más caros al ser mayor el riesgo en el que incurre el vendedor: multas o, incluso, cárcel. Se está ante un caso típico de la llamada Ley de las Consecuencias no Queridas formulada por los economistas clásicos.
Si el objetivo del Gobierno es ayudar a las familias con menos recursos, que destinan una parte sustancial de su presupuesto a la compra de alimentos, es mucho más eficiente concentrar las acciones sobre ellas que distorsionar todo un sector de la economía y hacerlo de manera indiscriminada ya que la fijación de precios máximos 'beneficia' a todos con independencia de su situación económica.
Esta posición es de nuevo la dominante entre los economistas y la recomendada por todos los organismos e instituciones desde el FMI a la OCDE pasando por el Banco de España.
Dicho todo lo dicho, da igual. Cualquier elemento de racionalidad es ajeno a la política gubernamental cuya única meta es capturar votos de aquí a las elecciones.
