El Gobierno ha vuelto a incrementar el SMI, esta vez, un 8%, lo que se traduce en un aumento del 47% desde la llegada de la coalición PSOE-Unidas Podemos al poder. El argumento repetido una y otra vez por la coalición social-podemita en pro de esa medida es doble. Por un lado, afirma que favorece a los trabajadores con rentas bajas; por otro, se apela a los clásicos criterios de justicia distributiva para fundamentar esa decisión.
Sin embargo, la teoría económica muestra que esta iniciativa produce efectos contrarios a los esperados. La elevación del SMI y de las cotizaciones sociales asociadas a él disminuyen los incentivos de los empresarios a contratar a aquellos a quienes se pretende favorecer, que son las personas con menor formación y experiencia laboral. La razón es elemental: su coste laboral se sitúa en niveles superiores a su productividad, condenándolas a no encontrar un puesto de trabajo o a perder el que desempeñan.
Esa tesis negada una y otra vez por el Ejecutivo se ve respaldada por una abrumadora evidencia empírica. Así, el análisis de más de 100 estudios sobre la materia desde 1982 que afectan tanto a países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido como a emergentes como Costa Rica, Colombia o Méjico muestra con una claridad meridiana que el SMI y sus incrementos son dañinos para los trabajadores menos cualificados.
"El análisis de más de 100 estudios muestra con una claridad meridiana que el SMI y sus incrementos son dañinos para los trabajadores menos cualificados"
De esa amplia muestra, solo 8 trabajos le atribuyen resultados positivos sobre el binomio empleo-paro (Neumark, D., Wascher W., Minimum Wage and employment, Foundation and Trends in Microecomic, 2007).
Tampoco se sostiene la hipótesis según la cual el SMI y su elevación contribuyen a mejorar la distribución de la renta en favor de los individuos y de las familias con ingresos muy bajos. En la práctica, se crean ganadores y perdedores.
Los primeros obtienen, ceteris paribus, un salario superior mientras los segundos pierden su empleo y encuentran más dificultades para encontrar otro. Por desgracia, el saldo redistributivo de ambos movimientos es negativo, ya que, dentro de los segmentos del mercado laboral impactados por el alza del SMI, quienes tienen mayores posibilidades de irse al paro y de no retornar al mercado laboral son los individuos con menor formación y productividad que, por definición, son los más pobres.
"La elevación del SMI no contribuye a reducir, sino a aumentar la pobreza"
Por tanto, la elevación del SMI no contribuye a reducir, sino a aumentar la pobreza y, en consecuencia, a engrosar el número de familias, las ubicadas en los quintiles inferiores de la distribución de la renta, dependientes de la asistencia estatal. Esto tiene consecuencias sociales perversas. Como muestra de manera reiterada la experiencia cuanto más dependan las personas de los subsidios para vivir, menor es su propensión a incorporarse al mercado de trabajo lo que termina por encerrarlas en lo que se conoce en la jerga académica clásica como "trampa de la pobreza".
España no es una excepción. Si bien la mayoría de los trabajos publicados sobre la materia se refieren a la primera subida del SMI realizada por el actual Gobierno en 2019, todos arrojan el mismo resultado. El Banco de España cifró en cerca de 100.000 empleos perdidos el coste subir el SMI; el BBVA Research estimó ese impacto entre 75.000 y 95.000 puestos de trabajo. La Airef hizo una estimación inferior, 24.000…
Pero nadie o, mejor, ninguna institución, ni ningún profesional serio de la ciencia lúgubre han logrado demostrar que los incrementos del SMI realizados en este país son positivos para aumentar el empleo y disminuir el paro. El único informe que contempla los efectos de las alzas del SMI desde su inicio hasta la hecha -antes del incremento recién aprobado por el Gobierno-, elaborado por Cepyme, estima que se han volatilizado 217.500 empleos desde 2018.
En el caso español, los principales perjudicados por los sucesivos incrementos del SMI son los jóvenes y las mujeres cuyas tasas de paro respectivas están alrededor del 30% y cuyo número de horas semanales efectivas trabajadas es un 33% inferior a la de la media de los trabajadores varones de edades superiores.
En esta situación, la subida del SMI constituye un impuesto sobre el empleo de ambos colectivos. Este panorama se agrava en un contexto de acusada desaceleración de la economía y de creciente deterioro de los datos de empleo y paro reflejados en la EPA del cuarto trimestre de 2022. El Gobierno ama tanto a los pobres que parece empeñado en fabricar cada vez más.