España es un país atado, tradicionalmente, a sus recursos naturales, en el peor sentido de la expresión. La agricultura y la ganadería han estado entre las principales preocupaciones de los estudiosos de la economía desde los arbitristas del siglo XVII que conformaron el llamado “grupo de Toledo” hasta nuestros días.
Sancho de Moncada, Caxa de Leruela o Fernández de Navarrete se quejaban de la poca inversión (y atención) prestada a las actividades productivas agropecuarias. Fernández de Navarrete se lamentaba de que los paños holandeses que comprábamos estaban elaborados con lana de España. ¿Por qué no sacar partido de nuestros recursos naturales?
La estructura de la propiedad de la tierra, las instituciones obsoletas, como el Mayorazgo, y la poca atención que los propietarios prestaban a la explotación de sus tierras (el problema de las manos muertas) explican que, ya en el siglo XIX, se pusiera de manifiesto la necesidad de un cambio radical.
El problema es que ni la Reforma Agrícola de entonces tuvo el efecto planeado, ni se logró actualizar un sector tan importante. La agricultura, la ganadería y la pesca han sido, y siguen siendo, los parientes pobres de nuestra economía. Es cierto que esta generalización tiene sus excepciones. Hay comarcas que se han puesto al día.
Hoy, rozando ya el primer cuarto del siglo XXI, observo la preocupación de quienes dan la señal de alarma ante noticias de grandes inversiones por parte de fondos de inversión extranjeros en el sector hortofrutícola y pesquero en Almería o Galicia. No es nuevo.
Rozando el primer cuarto del siglo XXI, observo la preocupacion de quienes alertan de la llegada de fondos deinversión a la pesca y la huerta españolas
En 2018, cuando el consumo repuntaba tras la crisis, los productos del mar llamaron la atención de inversores que veían una oportunidad de negocio. Pero la pesquera es una industria muy atomizada en regiones como Galicia, y solamente las grandes empresas como Nueva Pescanova o Iberconsa destacan. En ambos casos, la propiedad de la empresa no está en las manos de gente implicada en la industria, sino en las del sector financiero.
Algo parecido sucede en el sector hortofrutícola. La navarra Planasa, uno de los principales operadores en el desarrollo de nuevas variedades vegetales y viveros en la categoría de frutos rojos a nivel mundial, fue comprada en el año 2017 por Cinven, una empresa global de capital riesgo británica con oficinas en nueve países. Acaban de cerrar su venta.
En ambos subsectores, la estructura empresarial se caracterizaba por ser explotaciones o empresas de carácter familiar. Un formato que arrastra un enorme problema de sucesión. Se trata de sectores tradicionales muy demandantes, en los que el poder se ha ido diluyendo y pasando de la familia fundadora a terceros, que al no tener el mismo arraigo en el accionariado, tienen menos reparos en vender cuando las cosas pintan mal.
Un ejemplo muy claro de ello es la conservera Hijos de Albo, que tuvo que poner de acuerdo a casi un centenar de sucesores del fundador para vender la empresa a un fondo de Shanghai.
La estructura familiar arrastra un enorme problema de sucesión.
¿Cuál es el problema de que los fondos de inversión especializados en fusiones y adquisiciones (M&A) se hagan cargo de nuestras empresas? Las empresas de origen familiar, que requieren de mucho capital, o que arrastran deudas insostenibles, porque su tamaño no es el adecuado, o porque la demanda ha aumentado o los gustos han cambiado, necesitan una solución.
Un posible miedo es que los fondos se dediquen a especular, siendo el hortofrutícola y el pesquero, dos sectores básicos. Al fin y al cabo, hablamos de las cosas del comer. ¿Lo vamos a dejar en manos de los especuladores? Pues no veo razón para no hacerlo, especialmente cuando la alternativa es cerrar. No hay inversores españoles que tengan músculo para sostener las fusiones, para solventar las deudas y modernizar los procesos de producción industrial.
Pero, además, no hay experiencia en España de grandes empresas. Somos un país de pymes y microempresas. No merece la pena, entre otras, por razones fiscales. Ahorrar y crecer en España es cada vez más difícil para los grupos empresariales.
Un factor añadido es que a los jóvenes no les merece la pena sostener la herencia de estos sectores tradicionales. La agricultura, la ganadería, la pesca, en tanto que oficios y también como aventura empresarial no son atractivos.
A los jóvenes no les merece la pena sostener la herencia de estos sectores tradicionales
Nuestros jóvenes prefieren cualquier otra cosa, probablemente en la ciudad, en sectores más modernos. Ninguno siente la llamada de intentar innovar y aplicar tecnologías emergentes.
Por ejemplo, empresas como Nestlé o Unilever experimentan con la tecnología blockchain para evitar pérdidas y aportar transparencia a la trazabilidad. También en el sector pesquero la inteligencia artificial y los análisis big data pueden facilitar la sostenibilidad de la pesca y a prevenir infecciones en especies como el salmón noruego.
¿Por qué en Noruega, Estados Unidos o en Holanda se investiga en estos campos y en España estamos a expensas de la sequía y las subvenciones, tomando medidas para ganar votos y acusando a agricultores y ganaderos del cambio climático, como muy bien explicaba Tomy Rohde, agricultor y tuitero en televisión? Cosas de los políticos y los votos.
Y ese punto es, finalmente, el que da la puntilla al problema. Porque, a diferencia de lo que los mercantilistas españoles predicaban, es decir, el bloqueo de los productos extranjeros que pudieran producirse en España para asegurar la rentabilidad de nuestra tierra, la solución está en mas mercado.
Menos subvención y más apoyo real a largo plazo. No se pueden poner en marcha políticas apaga-fuegos sin luces largas.
Enla política de los recursos naturales (campo, mares, energía y agua) debería haber un consenso por encima de partidos y gobierno, que asegurara la viabilidad de las empresas agrícolas, pesqueras e industrias alimenticias relacionadas. Pero, cuatro siglos después, sigue sin ser lo suficientemente relevante para quienes tienen que tomar las decisiones.