En 2013, el Gobierno conservador de David Cameron introdujo un sistema muy similar al planteado por el Gabinete español. ¿Cuáles fueron sus resultados? Al final de ese año, conforme a los datos publicados por la prestigiosa Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), un organismo independiente integrado por los profesionales del mundo inmobilario, los precios de la vivienda se habían disparado hasta alcanzar su máximo nivel desde 2002. Se habían demandado más viviendas que las disponibles. En paralelo, el Banco de Inglaterra alertó del riesgo de generar una burbuja con potenciales consecuencias desestabilizadoras para el sistema bancario y aconsejó al Ejecutivo retirar la medida. 

La experiencia británica refleja lo predicho por cualquier manual básico de Teoría Económica e ignorado con terquedad por la izquierda gobernante: estimular la demanda en presencia de una oferta rígida conduce de manera inexorable a una elevación de los precios. Esta dinámica se produce en cualquier mercado. El Banco de España lo afirmaba también esta semana en la presentación de su informe anual. Sin embargo, este criterio elemental es ignorado u obviado por los políticos, sobre todo, cuando están en un período electoral en el cual la obtención de votos resulta el objetivo prioritario, por no decir, el único. Y, por desgracia, a esta tentación han sucumbido también los dos principales partidos de la derecha patria en singular alimón con el Gabinete. Desde esta perspectiva es interesante realizar algunas observaciones. 

De entrada, el mercado hipotecario español ha funcionado y funciona con una notable eficiencia a pesar de las distorsiones introducidas en los últimos años. Los créditos a la vivienda se conceden conforme a criterios de solvencia, de la trayectoria de quien los demanda y con una cuidadosa evaluación del riesgo, lección aprendida de la crisis financiera de 2008, y reforzada por la incierta evolución de la economía, la erosión de la renta disponible y de la riqueza de los hogares, así como por la potencial evolución del binomio empleo-paro. Esto se refleja con claridad meridiana en la desaceleración de la demanda de préstamos y en el endurecimiento de sus condiciones por parte de la banca; comportamiento prudente, racional y deseable. Pero ahí sólo empieza la historia… 

Estimular la demanda en presencia de una oferta rígida conduce de manera inexorable a una elevación de los precios

Los avales del Estado para adquirir una vivienda tenderán a incrementar el denominado 'riesgo moral'. Los prestatarios pueden sentir mayor inclinación a incumplir sus obligaciones si una parte significativa de sus hipotecas está garantizada por aquél. Esta hipótesis se acentúa en el supuesto de que los titulares del crédito pertenezcan a los llamados “colectivos vulnerables” y se fortalece por las disposiciones de la Nueva Ley de Vivienda y las expectativas creadas por ésta que convierten en un trabajo hercúleo sacar de los pisos a quienes no pagan la renta. Imagínense cómo sería el proceso de ejecutar un crédito hipotecario no pagado siendo avalista el Estado. Ante esa situación, en el mejor de los casos, los bancos concederán hipotecas a las personas a las que se las hubiesen concedido sin la existencia de la garantía gubernamental.  

Sin embargo, si la medida funciona y responde a las intenciones gubernamentales, sus consecuencias son peores, ya que otorgar avales públicos a colectivos concretos, excluyendo a otros, reduce y encarece por definición el crédito disponible para el resto de los ciudadanos y, también, para las empresas, provocando un efecto expulsión de libro.

Ello se agrava en un escenario de reducción de la oferta de crédito, como muestra la última BLS (Bank Lendig Survey) publicada por el BCE según la cual: “Los bancos informaron de un nuevo endurecimiento sustancial de sus criterios de aprobación de préstamos a empresas y para la adquisición de vivienda. Esto fue causado por una mayor percepción del riesgo, una menor tolerancia a él  y mayores costes de financiación”. Ese proceso de restricción crediticia se agudizará en los próximos meses, ya que la BLS no recoge aún el impacto de la crisis de los bancos norteamericanos y la del Credit Suisse, que acentuará la aversión al riesgo de la banca europea. 

Pero todos estos razonamientos son irrelevantes a efectos prácticos, juegos de economistas perversos y con mal fario. Que la fiesta continue… La coalición gubernamental está embarcada en una estrategia de ofrecer pan y circo sin tener en cuenta sus consecuencias. La inflación monetaria palidece ante la hiperinflación política generada por el Gabinete. Y todo vale siempre que sirva para comprar votos o, al menos, para intentarlo.