El presidente del Gobierno ha optado por anticipar las elecciones generales al próximo 23 de julio. Los malos resultados cosechados por el PSOE y sus socios, salvo Bildu, en los comicios locales y autonómicos; el intento de eludir las críticas internas a la política gubernamental y a sus alianzas consideradas las causas determinantes de la derrota por los perdedores; el temor a cosechar peores resultados en caso de agotar la legislatura y la búsqueda de una acomodada salida personal hacia la escena internacional si pierde el poder están en el origen de la decisión adoptada por don Pedro Sánchez. Pero eso no es lo importante.

Las elecciones del 23-J son decisivas no sólo para el devenir de España en los próximos cuatro años, sino para su futuro y el de las generaciones venideras. Una victoria de la actual coalición gubernamental y de sus socios acentuaría el deterioro del marco institucional, ya muy erosionado, de la democracia liberal española y aceleraría el proceso de deconstrucción de lo que resta de economía de mercado en la Vieja Piel de Toro.

Son, pues, los comicios con mayor trascendencia desde 1977 porque suponen el freno o el respaldo al proyecto de cambio de régimen impulsado por la izquierda nativa y sus diversos aliados.

Desde una perspectiva económica, el balance de la gestión social-podemita sólo merece un calificativo: fracaso. Ni la política macroeconómica ni la micro han estado orientadas a crear un entorno de estabilidad e impulsar las reformas que hacen posible crecer de forma estable y sostenida.

Esto era y es básico para estrechar primero y cerrar después la brecha entre el nivel de vida de vida los españoles y el disfrutado por los residentes en los demás Estados de la zona euro. La convergencia real respecto a Europa no sólo se ha frenado, sino que ha retrocedido. España es el único país UE-Eurozona que no ha alcanzado el nivel de PIB de 2019 y sus ciudadanos son los que han visto más mermada su renta.

Las elecciones del 23-J son decisivas no sólo para el devenir de España en los próximos cuatro años, sino para su futuro y el de las generaciones venideras

Las consecuencias de la gestión social-comunista no han de sorprender a nadie. Son la inevitable consecuencia de un keynesianismo cañí, que hubiese escandalizado al propio Keynes, caracterizado por una irresponsable expansión del gasto para cuya financiación no ha bastado la brutal subida de los impuestos realizada por el Gobierno, lo que se ha traducido en un alto déficit estructural, superior al 4% del PIB, y en una deuda insostenible.

Esa política “expansiva” se ha visto acompañada de un creciente intervencionismo en los mercados, lesivo para asignar los recursos de manera eficiente, fomentar la innovación y elevar la productividad.

Tampoco ha logrado el Ejecutivo social-podemita éxito alguno en mejorar la suerte de las capas más desfavorecidas de la población. La tasa de paro dobla la media UE-Eurozona, la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini no ha caído y el número de españoles en riesgo de pobreza y en situación de carencia material severa está entre los más altos del mundo desarrollado.

Las políticas redistributivas desplegadas por el gabinete han sido muy costosas y muy ineficientes, como han denunciado todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales: la OCDE, el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España etc. etc. etc.

Desde una perspectiva económica, el balance de la gestión social-podemita sólo merece un calificativo: fracaso

España ha realizado durante el mandato del señor Sánchez el mayor experimento colectivista llevado a cabo por cualquier gobierno de Europa occidental tras la II Guerra Mundial con la excepción del Reino Unido entre 1945 y 1979.

Si el grado de libertad económica de un país, como enseña la teoría y muestra la evidencia, está directamente relacionado con su tasa de crecimiento y sus niveles de innovación, productividad, empleo y PIB per cápita, el grado de estatización de la economía nacional explica de manera clara el progresivo atraso español, cuyo riesgo de consolidarse es muy elevado y, más, en el contexto de una revolución tecnológica.

Esta radiografía no es catastrofista, sino un reflejo de una realidad catastrófica que el Gobierno y sus voceros se empeñan en ocultar con datos en unos supuestos de escasa credibilidad, en otros claramente falsos y que, en casi todos, son un espejismo. La economía española está sentada sobre arenas movedizas y tiene en su seno bombas de relojería cuyo estallido es sólo cuestión de tiempo.

Los grandes problemas sociales y económicos de España, acumulados durante años y llevados al extremo por este Gobierno, están ya aquí y han de ser afrontados con rapidez y decisión. Los mercados van a ser hipersensibles a los planes económicos de quien sea el vencedor de las elecciones.

La oposición ha de alertar a la sociedad de la gravedad del momento económico. Esto es incómodo, pero ha de hacerse porque se verá obligada, quiera o no, a poner en marcha medidas muy serias para hacer posible la recuperación de la economía cuando el espejismo de la coyuntura se desvanezca. Y ese desvanecimiento se producirá sin duda alguna, casi seguro, cuando el nuevo gobierno, cabe esperar que no sea este, inicie su singladura.

Y, si el centro derecha gobierna, nadie ha de engañarse deberá hacer frente a movilizaciones callejeras promovidas por la izquierda ante cualquier iniciativa reformista por modesta que sea. Ante ese panorama, el coste coyuntural de hacer lo que ha debe hacerse, en vez de poner parches, será el mismo y es vital tenerlo en cuenta.