De acuerdo con la información del gobierno, los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen de hasta 360 mil millones de euros, que habrán de reembolsarse antes de finales del 2058. También podrán realizarse transferencias no reembolsables por un valor de 390 mil millones de euros. El desembolso de ambos importes se realizará a lo largo de seis años. Es decir, vamos por la mitad del camino.

A España le tocan 164.653 millones de euros. De acuerdo con el informe del pasado junio de Llorente y Cuenca, tenemos hasta diciembre de este año para tener adjudicados a sus destinatarios todos los fondos destinados a subvenciones, que son 70.316 millones de euros.

Por explicarlo muy llanamente. El Gobierno o la comunidad autónoma correspondiente anuncia convocatorias o licitaciones para que se presenten proyectos de acuerdo con unos criterios. En su Plan de Recuperación y Resiliencia el Gobierno planteó 4 ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género, que se proyectaron en 10 políticas palanca, llamadas así por su gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo.

Estas diez palancas recogen los 30 componentes que articulan los proyectos coherentes de inversiones y reformas. Por ejemplo, “Agroinnpulso: orientada a apoyar proyectos empresariales de base tecnológica, a través de la financiación, con el objetivo de estimular e impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y del medio rural”, el “Kit Digital”, o ayudas para poner placas solares, etc.

A España le tocan 164.653 millones de euros

Una vez que las empresas se presentan a la convocatoria, la administración correspondiente decide cuáles son elegibles o cuales no. A partir de ahí, la empresa pone en marcha su iniciativa. Es decir, acude al banco, pide préstamos, consigue fondos y el gobierno (central o regional) va financiando las facturas presentadas. Cuando se anuncia la convocatoria o la licitación por una cuantía de dinero, esos fondos se consideran comprometidos inicialmente. Cuando se resuelven hablamos de un compromiso asignado.

¿Cuál es la situación actual? De los 70.316 euros, hay comprometidos un 80,62%. De ellos, un 61,14% corresponde a la administración central, y un 38,86% a las comunidades autónomas. La administración general del Estado ha resuelto el 63,69 % de las convocatorias.

¿Y las comunidades autónomas? Pues ahí hay un problema de heterogeneidad. Normal, somos un estado casi federal. Pero, a la Unión Europea eso le da igual, le importa que España (en conjunto) cumpla con su compromiso. Le importa que la información esté claramente expuesta, de forma que sea fácil comprobar qué se está haciendo y a dónde van los fondos.

¿Y por qué el frenazo en el proceso? Porque en el segundo semestre del 2021 y durante el 2022 se anunciaron muchas convocatorias y licitaciones, que es algo relativamente fácil. Pero cuando las empresas concurren, hay que adjudicar y gestionar esas subvenciones, y empieza el lío.

El papeleo, la desinformación dentro de las propias administraciones y los requisitos explican que las PYMES y los particulares se lo piensen, y que algunas hayan renunciado a la subvención, una vez concedida. Porque que te den una subvención no es como que te den un cheque, que siempre te lo dan a posteriori, para evitar que se gaste en cualquier cosa. Es más bien como que te saquen las cuatro muelas del juicio sin anestesia. Es un proceso lento y doloroso que, en ocasiones, no merece la pena, porque el gasto asociado, medido en tiempo y energía, es excesivo.

La administración general del Estado ha resuelto el 63,69 % de las convocatorias

¿Por qué se sabe poco de los fondos ejecutados? Porque son gastos contra factura del proyecto, hay que esperar a que el beneficiario ponga manos a la obra. Y aún más retraso tendrá el análisis de impacto de los Fondos Next Generation.

A esta decepción por parte de los supuestos beneficiarios, hay que sumar el tema de la idoneidad de nuestra estructura administrativa. Es una máquina que tiende a gripar, por sus propios vericuetos y laberintos internos. No está diseñada para ser eficiente, así que es una quimera pedirle que lo sea. Y es en estas ocasiones, en las que se presentan retos de gran envergadura, cuando aparece la ineficiencia en todo su esplendor.

Y habrá quien diga “Oiga, que haya comunidades autónomas ineficientes no es responsabilidad del Estado”. Error. El estado recibe los fondos, el Estado responde ante la Unión Europea, y el Estado no puede desentenderse del cómo. Hay todo un ministerio, con su presupuesto y sus funcionarios dedicado a “la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local”.

Es el Ministerio de Política Territorial, que en el año 2023 incrementó en un 18% su presupuesto. Y no he hablado de politización: cómo se anuncia la llegada de los fondos como un hito personal, cómo se lleva a pensar que va a ser la panacea de todas las panaceas. Ahí lo dejo.

Sin duda, la comunidad autónoma que sea capaz de gestionar eficientemente los fondos europeos Next Generation, se llevará el gato al agua. Pero, para eso es necesario reestructurar el funcionamiento de esa comunidad autónoma.

Es necesario revisar la estructura de incentivos de los funcionarios. Ahora me caerán piedras porque los médicos y profesores de la sanidad y educación pública se darán por aludidos. Pero yo hablo de miles de funcionarios encerrados en un sistema plano, gris, del que no les pueden echar.

También es necesario revisar qué normas y procedimientos están obsoletos, que me consta que hay muchos. Y, por supuesto, la información tiene que estar digitalizada y actualizada, y tiene que ser comprensible. El procedimiento y el sistema al servicio del ciudadano, y no al revés. ¿En qué comunidad autónoma pienso? Pongamos que hablo de Madrid.