El acuerdo del presidente en funciones, Pedro Sánchez, como líder del PSOE, con los independentistas catalanes, tanto de derechas (JuntsxCat) como de izquierdas (ERC), para poder seguir gobernando, tiene unas implicaciones muy problemáticas. El imposible encaje constitucional de una amnistía que borraría un grave delito, y sentaría un peligroso precedente, va acompañado de un precio económico maquillado de diferentes maneras.
Para empezar, una condonación del 20% de la deuda, con los intereses correspondientes, de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica, que amenaza con extenderse a otras Comunidades Autónomas. Esto implicaría una pérdida económica para las regiones con menos deuda, y por tanto, un incentivo a al gasto y no a la inversión.
Resulta que la solidaridad interregional era esto. En realidad, es coherente con la trayectoria de Sánchez y su gobierno. Es lo que reclaman a Europa: condiciones especiales para los países que no han tenido responsabilidad presupuestaria. Porque, tanto en el caso de Cataluña como en el de España, no se trata de que una lluvia de meteoritos haya arrasado con la capacidad productiva de la zona. Las catástrofes acaecidas han golpeado a todos los países por igual: la pandemia, la subida del precio de la energía, las consecuencias de la invasión rusa.
De hecho, otros países están aportando más a Ucrania y comprometiendo más su presupuesto. Pero no importa, Pedro Sánchez se endeuda porque somos demasiado grandes para que nos dejen caer. De manera que no es extraño que le parezca normal sangrar a las regiones más productivas para obtener favores de las más endeudadas.
¿Por qué a la gente le parece bien? Porque nos han convencido de que una persona, entidad, ministerio o región que tiene mucha deuda es porque tiene más necesidades. Y no siempre es así. A veces, el origen del mal es el despilfarro y el uso indebido del dinero. Por ejemplo, es indebido un gasto cuyo objetivo no redunda en los ciudadanos sino en un partido político o en una persona.
Pedro Sánchez se endeuda porque somos demasiado grandes para que nos dejen caer
Sánchez, que rebajó el delito de malversación hace casi dos años, destina el coste de la condonación de la deuda, catalana, de momento, y de otras regiones, posiblemente, a su reelección. Ya no es un tema de partido, sino absolutamente personal.
Carles Puigdemont, la parte contratante de la segunda parte, exige cada día más. Las Rodalies o Cercanías, la gestión de tributos, y dentro de poco, la luna y el sol. No sé si el presidente en funciones y futuro presidente se da cuenta de las consecuencias a medio plazo de estas concesiones. Ya hay convocada una huelga de trabajadores de RENFE para protestar por la reclamación del servicio de Cercanías.
Y, respecto al segundo punto, no estoy pensando en la disminución de la recaudación nacional, sino en la perspectiva histórica. El arrendamiento de impuestos ha sido una de las prácticas que más fraude ha generado a las haciendas. Tanto que la racionalización fiscal impuso, por su eficiencia, la imposición centralizada. El fraude referido no tiene como víctima al Gobierno central (en su momento, la corona), sino al ciudadano. Por ejemplo, porque la imposición beneficiaba a los caciques de la comarca, o porque no se declaraba al rey todo lo que se recaudaba, para medrar y quedarse con ello.
Siendo Puigdemont el único rival en audacia de Pedro Sánchez, me creería que, si lograra este privilegio, para darle su voto en el Congreso y poder aprobar Presupuestos, o cualquier otra iniciativa, Puigdemont intentará rebajar ese porcentaje de los impuestos que debe entregar a la Hacienda nacional.
Sería normal que, en ese caso, otras autonomías intentarán obtener los mismos privilegios. ¿Es la excepcionalidad histórica suficiente para justificar que solamente el País Vasco y Cataluña tengan ventajas comparativas? La disyuntiva del Gobierno, entonces, sería si concederlas a todas o solamente a algunas, y si el Gobierno se limita a concederlas a las Comunidades Autónomas socialistas, sería un escándalo mayúsculo. A pesar de lo cual, es probable que lo hiciera, porque no veo a Sánchez haciendo esas concesiones a Ayuso.
El arrendamiento de impuestos ha sido una de las prácticas que más fraude ha generado a las haciendas
También me creo que Carles Puigdemont siga tirando de la cuerda hasta el último momento y que, en cuanto esté investido, convoque un referéndum y proclame, de nuevo, pero ahora de manera definitiva, la República Catalana.
En ese caso, Sánchez no tendría ningún margen de maniobra, excepto presionar en la Unión Europea para que la recién nacida república se coloque a la cola de los países que reclaman entrar, como Moldavia, Ucrania o Montenegro. No podría acusarles de sedición, no podría arrestarles, no podría revocar los privilegios, excepto a un coste político enorme.
Pero, si entrar en la Unión Europea no es viable, tal vez el objetivo de Puigdemont no sea la independencia total, sino vivir parasitando al resto de España. Sin deuda, sin multas, con el control del fisco, y sabiendo que los siete votos son determinantes de que se apruebe o no la ley, Puigdemont ya es el ganador.
¿Dónde deja todo esto a España en el entorno internacional? En un lugar bastante retrasado, donde el Estado de Derecho se ha desvanecido con el aplauso de la población, donde no hay transparencia respecto a los fondos europeos, donde se vende la ley por una presidencia, donde la polarización está ya en la calle y donde la economía no es de las más boyantes de nuestro entorno.
Creo que, por primera vez, Sánchez se está dejando maniatar por simple narcisismo. El coste del presidente maniatado va a suponer el borrado definitivo de la clase media española.