El debate económico en España ya no es que haya perdido una calidad técnica elemental. Se ha adentrado en un género entremedias de la antología del disparate y una propaganda ni siquiera barata. En ese contexto se ubica el mensaje lanzado por el Gobierno y su falange de acólitos conforme al cual las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios y de los trabajadores no son un impuesto.

Este glorioso disparate aparte de ser una aberración técnica es un insulto a la inteligencia no ya de cualquier profesional de la ciencia lúgubre si no de un individuo con un mínimo de sentido común. Es patético-cómico que los economistas del Régimen vendan un producto tan averiado y, porqué no decirlo, cutre.

Es posible calificar una extracción forzosa del dinero de los contribuyentes con la terminología que se considere oportuna. Eso se ha visto con los, por ejemplo, aplicados a la banca o a las energéticas no calificados por el Gobierno como impuestos.

El concepto sustantivo de un tributo es la obligación de pagar a las Administraciones públicas una cantidad de dinero X por la fuerza

Ahora bien, el concepto sustantivo de un tributo es la obligación de pagar a las Administraciones públicas una cantidad de dinero X por la fuerza. Es el uso de la coerción para arrebatar a los individuos y a las empresas su dinero. No es un acto de graciosa liberalidad sino un ejercicio del poder coactivo del Gobierno. Quien no entienda esto así es un personaje incluido en el artículo 49 de la Constitución; esto es, un discapacitado.

Las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores son un impuesto. Así lo considera la teoría de la Hacienda no ya clásica sino todas las corrientes, incluso opuestas en casi todo, a la teoría económica dominante. Los empleados y los empleadores están obligados a destinar una parte X de sus ingresos, a financiar determinadas contingencias decididas por los poderes públicos.

Las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores son un impuesto

Esto se traduce como es indiscutible en un tributo sobre los ocupados y sobre las empresas. Unos ven reducida su renta disponible y las otras ven aumentar sus costes, Esto es una verdad de Perogrullo. Pero ahí no termina la historia.

La obligación de los trabajadores de destinar una parte sustancial de sus ingresos a pagar las cotizaciones sociales reduce por definición su renta disponible y la de las compañías de financiar su parte de las cuotas a la Seguridad Social (SS) eleva, ceteris paribus, el coste de contratar mano de obra y, por tanto, su demanda de ella.

Todo tributo tiene consecuencias y los impuestos al trabajo, eso son las cotizaciones a la Seguridad Social, se traducen de manera inexorable en menor renta para los trabajadores y en un descenso de la demanda de factor trabajo desde las empresas por su coste, Esto es indiscutible y ningún economista sea keynesiano, neokeynesiano, liberal o medio pensionista lo discute.  

Tener que explicar estas cosas en pleno siglo XXI es un verdadero drama. Este Gobierno y, peor, los economistas que le secundan en esta materia o bien no saben nada o bien están dispuestos a justificar cualquier cosa proclamada o bendecida por el poder. Es la clásica disyuntiva entre la ignorancia y el sectarismo, adobadas ambas por un servilismo proteico.

Los impuestos al trabajo se traducen de manera inexorable en menor renta para los trabajadores

No hay un sólo economista, salvo algunos/muchos patrios cercanos a este Gobierno, que no considere las cotizaciones a la Seguridad Social un impuesto sobre el trabajo. Ni siquiera impugnan eso los sospechosos habituales como Krugman o Stiglitz por citar a dos Nobeles “progres”.

Si se traduce ese enfoque teórico a la realidad española, el resultado es dramático. La combinación de las cotizaciones a la Seguridad Social y lo que paga el español medio por IRPF alcanza ya el 39,5% de su salario. La suma de estos dos conceptos –la denominada cuña fiscal– supera en 4,9 puntos la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se sitúa en el 34,6%.

De esta forma, el sueldo neto que finalmente recibe el empleado queda en el 60,5% del coste laboral. Y conforme a los datos de la comparativa internacional, la diferencia entre España y la media de las economías desarrolladas son las cotizaciones a cargo de las empresas. En España, la empresa paga 23 puntos en cotizaciones sociales y en la OCDE son 13,4 puntos.

¿Cómo diablos pueden sostener el Gobierno y sus acólitos que las cotizaciones a la Seguridad Social no son un impuesto sobre el factor trabajo? ¿Qué diantres, en términos económicos, puede justificar eso? ¿Hasta que punto se consideran acogidos al artículo 49 de la Constitución, personas discapacitadas, al conjunto de la población? ¿Cómo puede considerar esto cualquier economista en su sano juicio?

El sueldo neto que finalmente recibe el empleado queda en el 60,5% del coste laboral

Da igual. España, el debate económico, se ha introducido en la senda del realismo mágico. Se vive en una reedición del Macondo de García Márquez en el que todo es posible siempre y cuando beneficie al poder.

Da vergüenza ajena que haya economistas patrios que nieguen del carácter impositivo de las cotizaciones sociales. Y aún es peor su intento de justificar esa posición con argumentos económicos, lo que es un sarcasmo. La ciencia lúgubre en la vieja España, profesada por algunos apóstoles del Gobierno, se parece cada vez más a la de Lysenko cuando "rebatió" las leyes de Mendel. ¡Qué tropa!