El resultado, en esta ocasión, no por esperado es menos relevante. 

Porque, efectivamente, desde el año pasado, cualquier economista informado sabía que la política fiscal laxa llegaba a su fin, que habría que volver a las reglas de gasto y a la contención. La razón no tiene que ver con la ideología, el malvado capitalismo o el contubernio judeo-masónico internacional, sino con la supervivencia de la propia Unión Europea.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversa con el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

Como decía mi abuela: “Quita y no pon, y se acaba el montón”. La sucesión de fatídicos acontecimientos como la crisis financiera del 2007, el rescate de Grecia, la pandemia, su crisis posterior, y en el mismo año, el Brexit, y, más recientemente, la invasión rusa de Ucrania y sus efectos sobre el mercado energético mundial han llevado a un crecimiento del gasto de la Unión Europea que ha asumido su rol asistencialista con los países miembros. Pero ya está, toca reconducir la política fiscal, moderar el gasto y volver a una racionalización de las cuentas públicas.

Tal y como lo expresa el informe: “Según las últimas previsiones de la Comisión y en consonancia con el acuerdo del Eurogrupo esbozado el pasado mes de diciembre, la orientación presupuestaria se volverá contractiva en 2024, también a medida que se vayan retirando las medidas de apoyo a la energía. Al mismo tiempo, se espera que se mantenga la inversión, contrariamente a lo ocurrido tras la crisis financiera. En 2025, se prevé que el déficit público de la zona del euro disminuya hasta el 2,8% del PIB. Se prevé que la deuda pública de la zona del euro se sitúe en torno al 90% del PIB en 2023-2025”.

Toca reconducir la política fiscal, moderar el gasto y volver a una racionalización de las cuentas públicas

Está muy clara la necesidad de una consolidación fiscal gradual y sostenida en la zona del euro, de manera que se minimice el impacto sobre el crecimiento. Para ello es necesario incidir en aumentar la productividad y la inversión, que son las bases de una economía competitiva y también capaz de superar crisis e imprevistos. 

Porque, si desde el 2007 no hemos parado de sufrir y tratar de superar acontecimientos inesperados que han impactado en las previsiones que nos hacíamos con el cambio de milenio, nada hace pensar no hay alguna circunstancia excepcional esperándonos a la vuelta de la esquina. 

¿Cómo nos pilla el cambio en la política fiscal? Bastante regular. El requisito previo para contraer el gasto minimizando el efecto negativo en el crecimiento es fortalecer la inversión y la productividad, que son los dos grandes agujeros negros de nuestra economía. Esos dos problemas deberían estar concitando espacios de análisis y diálogo despolitízanos y transversales, que aportaran, no recetas, porque en economía no hay ni libros de recetas ni bolas de cristal, pero sí, al menos, direcciones y medidas que cada región o entorno pudiera aplicar. Porque en economía, como en todo lo demás, priman los incentivos, las expectativas y el contexto.

A esto hay que añadir, como recuerda el economista Jesús Fernández Villaverde, que todo ajuste del gasto público tiene un coste social. Es una medicina amarga pero necesaria. Y no vale reducir o eliminar el gasto superfluo, es necesario tomar medidas mayores. “El problema de la política económica no es si se puede reducir o no el déficit sin reducir el bienestar social. El problema es quién paga los platos rotos del déficit”. Tiene toda la razón. Pero yo iría más allá. Hay que pedir rendición de cuentas. Aumentar el gasto público por razones electoralistas es un fraude a los españoles. Porque quienes vamos a pagar esos platos rotos somos nosotros, no quienes los rompieron. Y es muy fácil seguir endeudándote si es con el dinero de otros. 

Precisamente esta semana, el Gobierno de Sánchez ha aprobado una subida del techo de gasto para este año. Si la descomunal subida en el año 2020 tenía la pandemia como justificación, llama la atención que en estos cuatro últimos años haya seguido subiendo ese techo que limita los gastos no financieros del Estado. Este 2024 la subida asciende a 50 millones de euros más, llegando a un total de gasto permitido de casi 200.000 millones de euros. Sin fondos europeos, la cifra sería menor, pero en cualquier caso, se trata de un 3,2% más que en 2024.

Este 2024 la subida asciende a 50 millones de euros más, llegando a un total de gasto permitido de casi 200.000 millones de euros

¿Cuál es la explicación? 

Subir el techo de gasto implica que, si no se aumentan los ingresos, aumentará el déficit y, en consecuencia, la deuda pública. Para justificar esta subida suele ser de lo más conveniente que las previsiones de crecimiento aumenten, como ha sucedido. No importa la composición del crecimiento, si se debe a un aumento del consumo público o a qué. Vamos como una moto, crecemos, qué bien lo estamos haciendo, y seamos siempre optimistas. 

Para aumentar los ingresos y evitar que se desboque el déficit hay que subir los impuestos. Ya hay amenazas sobre los fondos de inversión y continúa el señalamiento público a los ricos y no tan ricos. 

Para evitar que surjan voces preguntando qué va a pasar con el bienestar social, ya se han lanzado a los cuatro vientos propuestas como subir el salario mínimo a un 60% del salario medio, y una reducción de la jornada laboral. Un plan perfecto.Todos contentos. 

Excepto porque la productividad y la inversión se ven muy lastimadas. Y eso implica, como hemos visto, un lastre para el crecimiento sostenible. 

Las empresas van a asumir la carga extra. Habrá microempresas que no puedan asumirlo. Y eso va a empeorar el ya demasiado rígido mercado laboral. La clase media sigue desvaneciéndose ahogada por las medidas económicas del Gobierno, y la Unión Europea sigue blanqueando el camino hacia la servidumbre de los españoles. 

Las reformas estructurales de nuestra economía siguen pendientes y no hasta septiembre.