Por eso, en el mes de abril, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se propuso endurecer los requisitos para abrir nuevas universidades privadas modificando el decreto de creación y reconocimiento de universidades aprobado en 2021 por el ministro Manuel Castells. 

Ahora, el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso manifiesta su idea de hacer algo similar, acotado al ámbito regional y focalizado en las "escuelas de negocio y universidades privadas". 

La medida anunciada por la Consejería de Educación tiene que avanzar, puesto que está en una fase principal aunque, a fin de cuentas, su objetivo es "asegurar la excelencia" de los centros educativos.

No será una norma en sí misma, sino que se incluirá dentro de la Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades. La misma que, precisamente, Madrid quiere usar para contrarrestar las leyes universitarias del Gobierno de España. 

Excelencia educativa

Ha sido esta semana cuando el consejero del ramo, Emilio Viciana, ha dado a conocer esta nueva faceta de la ley universitaria que, previsiblemente, llegará a la Asamblea de Madrid a finales de año y se aprobará durante 2025. Aunque no ha sido capaz de concretar mucho más. 

Viciana ha asegurado que la idea es regular con una normativa las escuelas de negocios que, actualmente, no están recogidas en ninguna ley educativa. "Queremos incluirlas en el paraguas de la regulación de la Comunidad de Madrid para mantener su calidad y excelencia", ha explicado. 

De esta forma, lo que plantea Madrid es crear una serie de puntos mínimos de "exigencia y calidad" de la formación que se imparta, así como de sus "infraestructuras, parámetros de investigación" y "docencia". 

Este control tiene un 'doble' rasero. Porque, a la que intentas regular unos "parámetros mínimos de infraestructuras y docencia", como ha dicho el consejero, equiparas las escuelas de negocio con las universidades privadas. 

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un instituto de Las Rozas. CAM

Desde la Consejería de Educación insisten en que, en ningún caso, se plantean "chocar" con la normativa básica o con la ley estatal. "Queremos garantizar un nivel muy alto de exigencia en todos los ámbitos", insisten. 

Con la normativa actual, una empresa crea un centro universitario y, según la Comunidad de Madrid, ellos no "pueden sancionarlo". Pero, con el decreto nacional y la ley de Universidades, el Gobierno de España sí. 

De hecho, en la actualidad, está vigente el citado decreto de creación y reconocimiento de universidades que fuerza a los campus a cumplir unos requisitos mínimos de calidad del profesorado, instalaciones o tamaño. El mismo que, según las propias universidades privadas, obligaría a cerrar uno de cada tres centros abiertos.