Tal y como ha adelantado el consejero de Educación, Emilio Viciana, entre las novedades de esta ley estará la posibilidad de sancionar a los centros universitarios si en sus campus hay revueltas estudiantiles. 

Hay que recordar que la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha de una ley regional de estudios superiores para contrarrestar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno de España. La misma ley que avala, incluso, el paro académico como derecho subjetivo del estudiantado. Algo que hasta que se aprobó la ley de Subirats no estaba regulado en los derechos de los universitarios. 

Ahora, la ley de Ayuso va en la dirección opuesta y, aunque no ha concretado mucho, Educación asegura que creará un sistema de sanciones si el derecho de los estudiantes a manifestarse intercede con la convivencia universitaria. Madrid no multará a los alumnos, como era de prever, sino a las Universidades. 

Desde la Consejería no han podido concretar mucho de este apartado, pues se prevé elevar la ley a la Asamblea de Madrid pasado el verano. Por tanto, todavía quedan muchos puntos por perfilar. 

De momento, Viciana sólo ha asegurado que la ley creará un marco "normativo" para sancionar "institucionalmente" a los organismos si sus estudiantes no mantienen "el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios".

Acampadas y escraches

Pongamos un ejemplo. Durante estos meses, diversas facultades de la región se han unido a las acampadas en apoyo al pueblo palestino por el conflicto bélico que se vive en Gaza. Unas movilizaciones pacíficas que, en ocasiones, han llegado a instalarse en zonas interiores de las propias facultades. 

Ahora, y según han dejado ver desde Educación, esta actitud podrá interpretarse como una invasión de un espacio cerrado que "impide la libre circulación de las personas" y, por tanto, se produciría una sanción y la correspondiente multa. 

EEl consejero de Educación y Universidades, Emilio Viciana, interviene durante el pleno en la Asamblea de Madrid, a 6 de junio de 2024. Alejandro Martínez / EP

Viciana ha especificado que todavía se está definiendo este régimen sancionador de una forma muy "genérica y amplia" por lo que no se puede concretar cómo sancionará Madrid el ejemplo concreto. 

Tampoco pueden decir todavía cómo se multaría el escrache a la presidenta Ayuso sufrido por la líder regional en su propia universidad, la Complutense, durante su nombramiento como alumna ilustre. Básicamente, lo único que puede explicar Madrid es que persiguen "garantizar que existe un marco jurídico regulador" que permita afrontar este tipo de situaciones con sanción.

Educación aclara que lo que busca es "hacer sanciones de tipo institucional" para asegurar que se mantiene "el decoro y el respeto a la legalidad en los espacios universitarios en los campus".

El encaje de bolillos de esta legislación no será nada fácil. Hay que recordar que se debe respetar la plena autonomía universitaria, la libertad de cátedra y, más allá del ambiente universitario, la libertad de concentración.

"Lo que queremos es garantizar que en los campus universitarios exista un respeto absoluto de la legalidad. No queremos que sucedan incidentes que impliquen, por ejemplo, ocupación de la vía pública u ocupación de espacios universitarios, que se impida el acceso de estudiantes a esos espacios universitarios que son tan importantes", ha concretado Viciana. 

Financiación plurianual

La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia ya se ha presentado, en líneas generales, a los rectores de los centros educativos. Tanto públicos como privados 

La norma también abordará el establecimiento de un sistema de financiación plurianual para las universidades públicas, asociado al cumplimiento de objetivos. 

Como publicó este diario, Viciana ha prometido a los rectores que todas las universidades públicas contarán con una financiación básica y otra 'extra'.

Sobre esta segunda, ha explicado que podrán recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional, cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.