Las empresas del sector de las fotovoltaicas buscan acercar posturas con los ayuntamientos de Málaga para reducir el evidente impacto que su negativa puede tener sobre el impulso de las iniciativas ahora proyectadas. De acuerdo con los datos manejados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), un centenar de operaciones se encuentra en tramitación; del mismo, muy probablemente, "saldrá un 30% o 40%".
"Desde UNEF defendemos que todos los proyectos deben hacerse de común acuerdo con los municipios", explica José Donoso, director general de esta entidad, que aglutina a la mayor parte de las grandes firmas del sector a nivel nacional.
Las privadas son conscientes de que aunque legalmente cuentan con un camino ciertamente expedito para avanzar en sus propuestas, lo ideal es que las mismas vayan de la mano de los municipios sobre los que se asientan. Pese a ello, no encuentra sentido alguno en la propuesta de moratoria de autorizaciones que fue puesta sobre la mesa hace semanas por la Diputación provincial.
Jose-Donoso
"Comprendemos las dudas que puede haber, pero no compartimos esta posición; la solicitud de una moratoria al que perjudica más es al medio ambiente", ha destacado Donoso.
En esta misma línea, recuerda que cada una de estas actuaciones ha de ser sometida a una rigurosa y prolija tramitación administrativa, "en la que se escucha a los ayuntamientos", y que incluye estudios y análisis de impacto ambiental.
Justamente este factor es uno de los más delicados para los regidores malagueños que, ante las enormes extensiones previstas de placas solares, temen que el territorio se acabe convirtiendo en una especie de "mar de cristal".
"Cada ayuntamiento recauda 10.000 euros por MW instalado y año durante los diez primeros años"
Donoso subraya que muchas de las razones que se esgrimen para ir en contra de estos proyectos "no son reales". Entre ellas la idea de que estas instalaciones incrementan el riesgo de desertificación.
Para contrarrestar estos miedos, desde UNEF ponen el acento en los beneficios que una planta de estas características puede tener para los municipios. "Como media, cada ayuntamiento recauda 10.000 euros por MW instalado y año durante los primeros diez años", destacan, apuntando la posibilidad de que se firmen acuerdos "especiales" con las empresas.
"Además, los consistorios pueden utilizar estas partidas para obtener fondos estructurales con los que multiplicar esos ingresos", añade Donoso, quien pone en valor la creación de empleo local, principalmente durante el periodo de construcción.
El valor de la hectárea arrendada para estas plantas, según las empresas, puede oscilar entre los 1.500 y los 2.500 euros al año. Unas cantidades que se convierten en muy atractivas para los propietarios de parcelas en su mayoría de uso agrario y ganadero.
"Hay muchos a los que les interesa desde el punto de vista económico diversificar el uso de los terrenos"
Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga, confirman la existencia de muchos asociados tocados por las fotovoltaicas para alquilar sus suelos. "Hay muchos a los que les interesa desde el punto de vista económico diversificar su uso", reconoce Santiago Sánchez, jefe del departamento de Servicio Técnico de Asaja.
"Tienes sembrados cereales, por ejemplo, y te viene una empresa que te dice que te alquila el suelo para poner placas fotovoltaicas, que te ofrece 1.000 o 2.000 euros; muchos quieren firmar porque tienen cultivos que no son rentables; otros, no", dice.
Si bien Asaja elude posicionarse a favor o en contra del debate actual, sí coincide en la necesidad de disponer de una regulación más clara. Esta indefinición, sin embargo, se torna en negativa ante la posibilidad de que este tipo de proyectos privados incluya la obligación por parte de la Administración pública de expropiar terrenos. "No queremos que nuestros asociados se vean obligados a reducir sus superficies sin compensaciones económicas acordes y siempre con su acuerdo", añade.