Cuando en marzo de 2017 Vicente (nombre figurado) acudió al Hospital Virgen de la Victoria de Málaga capital con un fuerte dolor en los testículos, jamás pudo imaginar que a las pocas semanas acabaría perdiendo uno de sus dos apéndices. Fue ésta la consecuencia directa y dramática de lo que, ahora queda demostrado, fue una defectuosa atención sanitaria.
Así queda constatado en una reciente resolución del Consejo Consultivo de Andalucía en la que concluye la necesidad de que la Junta de Andalucía indemnice con 54.000 euros al paciente. Siendo elevada la cuantía, la cifra final dista de los algo más de 100.000 euros que llegó a reclamar por el afectado, cuya identidad responde a las iniciales V.I.R.
De acuerdo con lo recogido en el expediente, el reclamante acudió al complejo hospitalario con inflamación del testículo derecho "con dolor irradiado a flanco y fosa renal, náuseas", razón por la que debería haber sido sometido a una ecografía con la que descartar una posible torsión testicular. Una prueba no le fue practicada hasta casi dos meses después. Una demora que provocó que finalmente le tuviese que ser extirpado el testículo.
El alegato incluye un informe pericial en el que se consideraba que "el síndrome de escroto agudo" obligaba a la realización de una ecografía/ecodoppler, considerando que de haberse procedido de este modo "se podría haber salvado el testículo". Según se recoge, si se hubiese operado antes de las 6 horas de comenzado el cuadro se hubiese podido "producir la detorsión casi totalmente".
Desde la Consejería de Salud se arguyó que no existía sospecha de torsión testicular. Pese a ello, el dictamen del facultativo adscrito al Servicio de Aseguramiento y Riesgos puso de relieve "la trascendencia de la confirmación diagnóstica por ecografía-doppler, pues la torsión del cordón espermático se considera una urgencia quirúrgica, ya que si no se establece el tratamiento en un plazo de aproximadamente seis horas puede evolucionar hasta el infarto del testículo, con la consiguiente pérdida del órgano".
Por este motivo, el Consultivo argumenta que la reclamación realizada por el paciente está justificada. Sin embargo, discrepa de la suma económica. Frente a los 100.481,63 euros demandados por el paciente, incluyendo un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida que estima en 50.000 euros, la Administración regional propuso el abono de 54.878,88 euros. Una cifra que para el órgano encargado de analizar el caso, "ha de considerarse razonable".