Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional.
La Policía detiene a un cibercriminal que vendía contenido audiovisual de pago en internet
El centro de operaciones estaba en las provincias de Alicante y Málaga, lugares donde confluía todo el dinero que recibía; se calculan más de 200.000 euros.
6 septiembre, 2022 10:58Noticias relacionadas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Denia a un cibercriminal que vendía de manera ilícita contenido audiovisual de pago a través de internet y por vía satélite.
El entramado criminal tenía como centro de operaciones las provincias de Alicante y Málaga, lugares donde confluía todo el dinero que el detenido recibía por suministrar el contenido audiovisual de manera ilícita. Se calcula que el perjuicio económico creado asciende a más de 210.000 euros.
Los investigadores detectaron varios canales en una aplicación de mensajería instantánea dedicados a la comercialización ilícita de contenido audiovisual de pago, sin contar con la autorización ni los permisos necesarios, llegando a alcanzar más de 2.300 suscriptores.
Una fuerte infraestructura
El presunto autor disponía de una fuerte infraestructura tecnológica que gestionaba las páginas web para difundir sus servicios ilegales. Estas páginas mostraban artículos donde se facilitaba a todas las personas que las visitaban, los conocimientos necesarios para visualizar ilegalmente contenido de pago. Asimismo, permitían a los usuarios acceder a contenido multimedia ilícitamente usando telefonía móvil y televisores móviles con acceso a internet.
Fruto de las labores de investigación, se pudo comprobar que esta aplicación había llegado a alcanzar más de 50.000 descargas.
Analizando las páginas webs, los agentes observaron que a través de las mismas se ofrecía la posibilidad de abonarse a los canales de televisión que ofrecían, cuyo precio variaba en función de la duración del paquete contratado y del número de dispositivos en los que se quisiera visualizar.
A lo largo de la investigación, se identificó que la infraestructura tecnológica a través de la cual se cometía este hecho delictivo era administrada de manera remota desde Reino Unido y que con la cantidad de clientes que disponían, el entramado criminal podría haber obtenido unos 210.000 euros.
