El millonario proyecto hotelero que el grupo catarí Al Alfia quiere desarrollar en el puerto de Málaga encara ya sí de manera definitiva la recta final. Tras años de espera y de una tramitación casi eterna, la operación para levantar un edificio de 27 plantas junto al dique de Levante afronta meses decisivos, en los que si bien tiene garantizado el empuje urbanístico del Ayuntamiento, se mantiene la incertidumbre respecto a lo que sucederá en la mesa del Consejo de Ministros.

Porque será en ese momento cuando oficialmente la bautizada como Torre del puerto tendrá la puerta abierta a su construcción o, por el contrario, quedará enterrada y anulada, como si fuese solo un recuerdo. 

El escenario político actual, tras el rechazo a la propuesta de investidura de Alberto Núñez Feijóo, hace prever una repetición de una alianza con el PSOE y Sumar como actores protagonistas. Justamente las dos fuerzas políticas que en los últimos años han mostrado su oposición a la iniciativa empresarial.

Dos formaciones que el pasado lunes fueron desafiadas por la concejala de Ordenación del Territorio, Carmen Casero, a tumbar la operación en el Consejo de Ministros. "Ahora que van a conformar el Gobierno que nos va a salvar de los males del mundo y van a tener la palabra en el Consejo de Ministros, ahí sean valientes y digan que no", espetó Casero en una intervención pública a la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas.

En este contexto y dada la invitación realizada por la edil, EL ESPAÑOL de Málaga ha querido pulsar las sensaciones del PSOE y de Con Málaga, con vinculaciones claras con Sumar, de cara al momento decisivo del Consejo de Ministros.

En ambos casos se les interpela por las opciones reales de que un futurible Consejo de Ministros de ambos partidos frene la Torre del puerto. La respuesta del secretario general del PSOE en la provincia, Daniel Pérez, constata poca convicción. “Primero tiene que haber gobierno. Luego con el Ministro/a del ramo se verá todo el expediente. La posición del PSOE de Málaga es en contra”.

Ante la insistencia de este medio, en el intento de conocer al menos su impresión sobre el proceso final, el también portavoz socialista en la Casona del Parque vuelve a repetir la misma contestación. 

En el caso de Antonia Morillas, el planteamiento gana en contundencia, dejando clara su intención de trasladar a Sumar "nuestra posición para que la haga valer en el Consejo de Ministros".

"Confiamos en que teniendo en cuenta el rechazo social suscitado, los informes de organizaciones como ICOMOS sobre el impacto paisajístico y patrimonial del proyecto, el Consejo de Ministras y Ministros emanado del nuevo gobierno que se conforme, rechace también el cambio de uso del suelo, ya que consideramos que no está justificado el interés público", ha expresado.

El sentido de los mensajes de ambos dirigentes es diferente y pone de manifiesto la convicción con la que el PSOE y Con Málaga (o las otras siglas que le han precedido, como Izquierda Unida, Adelante o Unidas Podemos) han tenido en este asunto.

Mientras estas últimas organizaciones han sido claramente contrarias a la Torre desde el mismo momento en que se puso sobre la mesa, los socialistas han pasado de un apoyo acérrimo al proyecto catarí a rechazarlo. 

No fue hasta mediados de 2022 cuando el PSOE oficializó su cambio de rumbo, anunciando su decisión de votar en contra de la modificación urbanística necesaria, y llegando a convertir el tema en eje de su campaña en las pasadas elecciones municipales. Comicios en los que el PP ha recuperado la mayoría absoluta que le va a permitir avanzar en el trámite urbanístico.

Lo que no trasciende de la respuesta de Pérez es la idea de instar al futuro Gobierno central a frenar el proyecto. Probablemente porque conoce la dificultad de parar una iniciativa de este calado si cuenta con todos los parabienes legales. Algo que se presupone, dados los numerosos informes favorables ya obtenidos de organismos estatales, caso de Puertos del Estado.

A este factor hay que agregar otro ciertamente simbólico: la posición mostrada durante meses por varios ministros del Gobierno al ser preguntados por ello. Lejos de ofrecer un respaldo claro a la negativa socialista al hotel, integrantes del anterior Consejo de Ministros como Miguel Iceta, en calidad de ministro de Cultura, dejó clara la incapacidad de su departamento de impedir su construcción después de que archivase el expediente abierto por posible expolio sobre el paisaje o que negase incidencia de la futura Torre sobre La Farola, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).