Si alguien esperaba que la esperada desaladora de la Axarquía, que se quiere construir con capacidad para generar 20 hectómetros cúbicos, iba a ayudar a paliar la sed que desde hace meses sufre la parte oriental de la provincia (La Viñuela se encuentra a un 17% de capacidad), que se olvide por completo. Y que se haga a la idea de que, a lo mejor, estará lista para cumplir su función en la próxima sequía. 

Ni la "escasez grave" de agua que desde hace meses asuela buena parte de la provincia de Málaga, con especial incidencia en la comarca axárquica, ha sido capaz de potenciar la capacidad de entendimiento del Gobierno central y la Junta de Andalucía para afrontar su ejecución.

Ya sea por responsabilidad de la Administración regional, que, según el Gobierno, se ha demorado del orden de 8 meses en concretar la localización de la planta; ya sea por culpa del Ejecutivo de la Nación, que se ha tenido que corregir a sí mismo y admitir que le corresponde redactar el proyecto constructivo, la realidad es que esta infraestructura clave en materia hídrica ni siquiera ha echado a andar.

La fotografía actual de esta iniciativa contrasta, por ejemplo, con la de otras dos instalaciones ya planificadas y avanzadas en Cataluña: la nueva planta de Foix y la ampliación de la planta de Tordera, en las que existe un compromiso de inversión por parte del Gobierno de 513 millones (dinero procedente de fondos europeos).

El impulso de ambas intervenciones es posible después de que este martes el Consejo de Ministros haya aprobado la adenda número 1 de modificación del convenio de gestión directa de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Este ajuste permite no sólo iniciar la ejecución de las desaladoras catalanas, sino también dar un paso más en el largo camino administrativo que tiene ante sí el proyecto de la Axarquía. En este sentido, la entidad estatal está creando una junta central de usuarios, que serán los que se beneficien de esta infraestructura.

La medida adoptada por Ministerio de Transición Ecológica, si bien ha de valorarse como un avance en el proceso, obliga a poner el foco sobre el tiempo ya transcurrido desde que en mayo de 2023 el propio Gobierno anunciase la inclusión de esta infraestructura en su plan para hacer frente a la sequía. Por aquel entonces se apuntó que la inversión podría ascender a unos 100 millones de euros.

Más de un año después, tras los primeros acercamientos positivos de la Junta y el Gobierno, la desaladora de la Axarquía sigue siendo un deseo, que carece de proyecto alguno. Hubo que esperar al pasado mes de abril, tras una continua disputa entre las dos partes, para que el propio Ejecutivo, por medio de una respuesta parlamentaria, reconociese que es la empresa estatal Acuamed la que debe dar forma al proyecto de construcción de la planta y no la Junta. 

En esta misma contestación oficial, el Gobierno admitía que la "encomienda" a Acuamed para elaborar el documento técnico, con el que sentar las bases de la planta, no se había producido hasta ese momento. Y ello es clave para perfilar las condiciones técnicas de la infraestructura, así como sus plazos. 

Con todo, y dado el estado presente del asunto, no parece descabellado que, incluyendo la tramitación y elaboración del proyecto, la posterior licitación de los trabajos de ejecución y el desarrollo de los mismos haya que esperar a 2029 o 2030 para que sea una realidad. La intención es que esta infraestructura sea capaz de generar unos 20 hectómetros cúbicos de agua.

Se sigue esperando la planta privada

La irrupción del Gobierno con esta desaladora pública se produjo después de que la Junta impulsase un procedimiento de concurrencia competitiva para que una empresa privada construyese una planta de 25 hectómetros cúbicos. Tres fueron las firmas que inicialmente plantearon propuestas: Acciona, Magtel y Trops. 

De todas ellas fue finalmente descartada la Trops, manteniéndose en la carrera las otras dos. Sin embargo, pese a la decisión de la Administración regional de ir adelante con el proyecto, sigue sin haber una decisión respecto de la empresa a la que se va a adjudicar esta intervención.