Los agentes de la Policía Nacional de Málaga parecen desamparados y sin herramientas para actuar ante la okupación irregular de viviendas e inmuebles. Esta es al menos la sensación que se desprende del escrito enviado al fiscal jefe de la provincia por el Comité Ejecutivo Provincial en Málaga de la Confederación Española de Policía (CEP).
En el mismo, la organización sindical denuncia la ausencia de "instrucciones o circulares que precisen cómo se ha de proceder ante un allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles". Y ello en un escenario temporal en el que, a ojos de la CEP, se está produciendo una "constante" okupación de bienes inmuebles en la provincia.
Se indica en el documento, no obstante, que los agentes son conocedores de que "si se encuentran ante un delito flagrante pueden acceder a un inmueble sin necesidad de autorización judicial".
Por este motivo es por el que se reclama al fiscal que dicte una instrucción que contenga la forma de proceder ante los supuestos planteados y ante los que de forma general se pudieran enfrentar los Cuerpos de Seguridad de la provincia de Málaga. En la comunicación, además, se plantea la posibilidad de que por parte de la Fiscalía se organicen unas jornadas dirigidas a la Policía Nacional o Cuerpos de Seguridad en general.
A través de sus redes sociales, el sindicato ha dado a conocer el envío de este escrito al fiscal jefe. En su mensaje, la CEP muestra su inquietud ante las okupaciones en Málaga y subraya el hecho de que ante las mismas los agentes "estamos limitados y no podemos proteger la propiedad privada". Y apostilla: "El delincuente siempre sale ganando".
Desde la CEP en Málaga admiten la existencia de una circular del año 2020, si bien destacan que desde ese momento hasta ahora han surgido "nuevas modalidades de okupación", sin que exista una legislación clara. "Es por eso por lo que pedimos medidas de actuación", añaden.
El paso adelante dado por el Comité Ejecutivo Provincial en Málaga de la CEP se produce la misma semana en que ha saltado la polémica a nivel nacional por la firma de un acuerdo entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la empresa de desalojos, Desokupa, para entrenar a 30.000 policías.