El camino que tiene por delante el Ayuntamiento de Málaga sobre la torre del puerto sigue marcado por la duda. Así lo admite el alcalde, Francisco de la Torre, tras conocerse la resolución del Consejo Consultivo de Andalucía en relación con el conflicto jurídico que mantienen desde hace meses el Consistorio y Puertos del Estado.

"Nos queda hacer una análisis, no puedo responder con seguridad", ha contestado el regidor al ser preguntado por el pronunciamiento. Pero en su respuesta deja entreabierta una posibilidad que podría afectar de manera severa a los tiempos del procedimiento necesario para permitir el uso hotelero en los terrenos del dique de levante.

Muestra de la incertidumbre que deja el dictamen es que el propio De la Torre admite que queda ahora por ver si es posible "avanzando o el camino obliga a retroceder para tomar de nuevo impulso". Una referencia es última que puede vincularse a la necesidad de reiniciar todo el proceso administrativo ya superado, incluyendo la contestación a las numerosas alegaciones de las que fue objeto la modificación del Plan Especial del Puerto impulsada por la Gerencia de Urbanismo.

En este escenario, el regidor incluso ha apuntado la posibilidad de realizar "una nueva consulta verbal para ver el camino" que hay que seguir. El mensaje del mandatario local se conoce apenas horas después de desvelarse el contenido del dictamen.

En el mismo, aprobado el pasado 10 de diciembre, no se resuelve de manera clara el conflicto actual en torno al modo en que debe producirse la aprobación definitiva de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto.

Tres son las conclusiones contenidas en el documento. En dos de ellas se ampara la vía señalada por los juristas municipales, que vienen insistiendo desde hace meses en que antes de la publicación del acuerdo plenario que valide la adecuación urbanística de la parcela sobre la que se proyecta el edificio debe existir un pronunciamiento del Consejo de Ministros autorizando el uso hotelero pretendido.

"En nuestra opinión no existe norma jurídica que sustente la exigencia de publicar previamente el PE y que el mismo esté en vigor, ya que su vigencia sería pura ficción al no regir el uso hotelero cuya eficacia dependería en todo caso del eventual levantamiento de la prohibición por parte del Consejo de Ministros (que puede denegarlo)", recoge literalmente el escrito.

Pese a esta apreciación, que viene a coincidir con el parecer del Ayuntamiento, el Consultivo advierte de que el ente local consultante "debe evaluar que la eventual negativa de la Administración estatal a someter a su consideración el levantamiento de la prohibición sin que previamente haya sido publicado el instrumento de planeamiento en cuestión convierte en obligatorio el cumplimiento de tal requisito".

En las dos primeras conclusiones, además, confirma como "ajustado a derecho" el razonamiento municipal de "demorar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva hasta que se levante la prohibición por el Consejo de Ministros para el uso hotelero. O bien (...), suspender la aprobación definitiva hasta dicho alzamiento y, en caso contrario, evidentemente, denegar dicha aprobación".

Una primera tesis que queda alimentada con una segunda. "No es necesario en consideración de este Órgano la publicación y entrada en vigor del PE para ser sometido su contenido a la autorización del uso hotelero por parte del Consejo de Ministros".