El Ayuntamiento de Málaga ha empezado a trabajar en la que está llamada a ser una de las grandes operaciones de venta de suelo en los próximos años, con el objetivo de que empresas privadas ejecuten más de un millar de viviendas a precio asequible. 

Avanzada la subasta de las tres torres de hasta 32 plantas y el zócalo de uso comercial que tiene en los antiguos terrenos de Repsol, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha pedido a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo que inicien la redacción de los pliegos de condiciones que regirán la futura enajenación de los aprovechamientos para VPO que tiene el Consistorio en Sánchez Blanca, donde se dibuja el vanguardista Distrito Zeta, y Cortijo Merino, parcela sobre la que se levantó la fábrica amoniaco.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, los proyectos de reparcelación dejan en manos municipales del orden de 600 viviendas sociales en Sánchez Blanca, a las que sumar otras 560 en Cortijo Merino. El interrogante que queda aún por resolver, para lo que el edil quiere conocer la opinión del sector, es si se opta por una subasta única para los dos suelos o una en la que haya dos lotes.

El responsable municipal justifica el paso adelante que se ha dado en la idea de aprovechar el tirón que están teniendo ambos desarrollos inmobiliarios, que van a permitir la generación de dos grandes barrios en la ciudad.

En el caso de Cortijo Merino, donde el planeamiento permite hasta 1.265 viviendas (incluidas las VPO), además, habla de la oportunidad de aprovechar su cercanía con los terrenos elegidos para la organización de la Expo Internacional del año 2027.

Y a ello suma la necesidad de avanzar en la puesta en carga en una parte importante de la pieza de Sánchez Blanca, donde se prevén 3.400 viviendas. Y ello en un momento en que el proyecto de urbanización tiene un grado de ejecución elevado y que el principal propietario, Urbania, ya ha alcanzado acuerdos para la venta de varias de las pastillas de vivienda libre. La previsión es que las primeras licencias de ocupación puedan estar para finales de 2024 o principios de 2025. 

Alojamientos transitorios

No es la única operación de calado en la que trabaja Urbanismo. La otra, en la que ha sido clave también el Instituto Municipal de la Vivienda, va a suponer la enajenación de trece parcelas actualmente clasificadas como de equipamiento con la idea de que acojan alojamientos residenciales transitorios. 

Una iniciativa principalmente pensada para atender las necesidades de jóvenes y personas mayores. Los cálculos iniciales apuntan a que estos solares, que tienen una superficie superior a los 50.000 metros cuadrados, permitirán la ejecución de cerca de medio millar de pisos.

De todas ellas, tres se localizan en el distrito de Carretera de Cádiz y el resto en Centro, Bailén-Miraflores, Palma-Palmilla, Campanillas, Puerto de la Torre, Ciudad Jardín, Cruz de Humilladero, Este, Churriana y Teatinos-Universidad.

Las de mayor dimensión son las reservadas en Virreinas, con 9.523 metros de suelo (techo edificable de 4.762 metros y 56 alojamientos previstos); Miraflores, con 7.000 metros de superficie (techo de 3.500 metros y 41 alojamientos), y Roquero, en Campanillas, con 6.753 metros (techo de 3.366 metros y 39 alojamientos).

Uno de los aspectos que tratará de primar el pliego de condiciones es el del precio de arrendamiento de estos espacios de uso residencial. "La idea es que en la concesión se repercuta a la baja el canon que tienen que pagar los privados para que los alojamientos transitorios tengan un precio accesible", destacaba hace varias semanas el concejal de Ordenación del Territorio.

A estas dos iniciativas encabezadas por Urbanismo hay que sumar una tercera igualmente relevante y que tiene como responsable el IMV. El ente municipal ha solicitado a la Junta de Andalucía una subvención superior a los 26 millones de euros, procedente de los Next Generation, para facilitar la ejecución de 530 viviendas en los terrenos de ampliación de la Universidad de Málaga.

Pero no será el Consistorio el encargado de la ejecución de las mismas. A cambio de cederles estas cinco parcelas por un periodo de 75 años, la empresa privada que reciba la adjudicación municipal tendrá la obligación de construir los inmuebles, mantenerlos durante todo ese periodo y garantizar unos arrendamientos a precios limitados.

Los mismos, en ningún caso, podrán superar los 650 euros mensuales. De hecho, una parte de los pisos previstos estarán reservados para familias con escasos recursos, a los que habrá de adecuarse la renta.