El Ayuntamiento de Málaga se prepara para poner en el mercado después del verano cuatro parcelas de titularidad municipal con el objetivo de que promotores privados edifiquen sobre las mismas alrededor de 400 alojamientos transitorios con alquileres de entre 300 y 400 euros.

El paso anunciado por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, se plantea tras la existencia de varias firmas interesadas en el modelo analizado y después de que se hayan formalizado los ajustes administrativos y de planeamiento necesarios para permitir el uso residencial sobre terrenos actualmente clasificados como de equipamiento. 

La reserva inicialmente realizada por la Gerencia de Urbanismo, en colaboración con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), es más amplia, al incorporar hasta 11 pastillas de terreno. Sin embargo, la previsión es la de activar una primera licitación con las piezas de mayor dimensión, de manera que puedan ser objeto de interés de los privados de manera individual.

De acuerdo con los detalles aportados por López, dentro del primer paquete estarán una parcela localizada en la calle Máximo Gorki, en la zona de La Roca, con 6.190 metros cuadrados de suelo y un techo de 3.095 metros, y otra en la Avenida Lope de Vega, en Puerto de la Torre, con 7.848 metros y un techo de 5.174 metros.

A estas hay que agregar una tercera en Soliva Este, con 4.585 metros de suelo, siendo el techo similar, y una cuarta en la Urbanización San Alberto, en Bailén-Miraflores, con 3.480 metros de suelo y de techo. Se da la circunstancia de que en todos los solares se permite el aumento del techo edificable mediante la aprobación de un estudio de detalle.

Una de las particularidades de esta iniciativa municipal es que busca generar una oferta alojativa a precios asequibles tanto para jóvenes como para mayores. Con este fin, el pliego de condiciones que regirá el proceso de concesión de los espacios valorará de manera especial aquellas propuestas que rebajan el precio del alquiler. 

Conforme más baja sea la renta menor será el canon económico que tendrán que pagar por los solares. No obstante, el concejal señala que habrá un valor mínimo de alquiler con el objeto de evitar que los inquilinos no sean los que se pretenden primar con esta operación.

"Lo que hemos pensado es imponer un modelo parecido al de las residencias de estudiantes, de manera que los alojamientos cuenten con cocina y baño individual", detalla López. Pese a ello, se admitirán propuestas de habitaciones dobles o triples con baño compartido y cocina. Para sustentar esta opción, habla de la existencia de personas mayores no dependientes que prefieren estar acompañadas.

Si bien la filosofía es que estos alojamientos sean ocupados de manera temporal, Urbanismo no prevé de inicio fijar un plazo máximo de residencia. Parece que será una cuestión que quede en manos de los propios promotores.

Otras actuaciones

No es éste el único plan en el que viene trabajando el Ayuntamiento en los últimos años con el objetivo, de la mano de actores privados, de incrementar el parque residencial a precio asequible. Esto es justamente lo que pretende con una serie de solares del sector Universidad, en los que quiere que los privados ejecuten 530 viviendas con rentas reducidas. Para ello, incluso, ha reclamado fondos europeos por valor de 26 millones de euros.

A esto hay que agregar la intención de Urbanismo de avanzar en lo que queda de año para sacar al mercado suelos en Cortijo Merino y Sánchez Blanca con capacidad para cerca de un millar de viviendas.

Todo ello en un momento en el que un organismo del propio Ayuntamiento ha denunciado la expulsión de población local de muchos de los barrios de la ciudad como consecuencia del alza de los precios del residencial, ya sea en venta o en alquiler.

"Con algo más del 20% de las personas de la ciudad en situación de vulnerabilidad social, con un porcentaje de desempleo similar, y una renta familiar que supone el 80% de la media española, no parece que estemos en el paraíso deseado que tanto se vende en los últimos tiempos", refleja el documento del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU). 

Para los técnicos responsables del estudio, el alza de los precios (cercano al 10% en el primer trimestre del año) está detrás del traslado de un número considerable de residentes hacia el área metropolitana, "lo que puede ser considerado una situación de gentrificación a gran escala, o lo que es lo mismo un proceso de sustitución de la población original residente por otra nueva con mayores recursos".