Antiguos terrenos de Repsol, en Málaga.
Unidas Podemos pide que el Ayuntamiento no reclame a Bosque Urbano las costas por la subasta de las torres
La formación entiende que al exigir 223.500 euros al colectivo, el Ayuntamiento de Málaga "pretende castigar la movilización ciudadana en favor de los intereses especulativos".
18 octubre, 2022 12:28Noticias relacionadas
- Málaga reclama a Bosque Urbano 223.500 euros por intentar frenar la venta de las torres de Repsol
- Málaga pedirá la firmeza del auto que niega las medidas cautelares en la subasta de las torres de Repsol
- El juez rechaza las medidas cautelares solicitadas por Bosque Urbano en los terrenos de Repsol en Málaga
El grupo municipal Unidas Podemos ha exigido al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga que no reclame a Bosque Urbano el pago de las costas a las que ha sido condenado judicialmente el colectivo después de que el juzgado desestimase las medidas cautelares que había solicitado para frenar la subasta de las torres en los antiguos suelos de Repsol. Un abono que, según la Gerencia de Urbanismo, alcanza los 223.500 euros.
Para la formación de izquierdas, esta demanda es "un claro ataque a un colectivo que con el procedimiento legal pretendía defender el interés general y defender este espacio como un espacio común para el disfrute de todos los malagueños y malagueñas".
Así lo ha expresado el portavoz de Unidas Podemos en la Casona del Parque, Nico Sguiglia. El edil ha subrayado que el objetivo de la plataforma es la creación de un gran parque, siendo un "ejemplo de ciudadanía a la que agradecemos su labor".
"Estaremos trabajando codo con codo con la plataforma dentro y fuera de las instituciones para defender el interés general y el bien común frente a los intereses especulativos", ha sentenciado.
El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, dio a conocer este lunes la petición realizada al juzgado para que se proceda a ejecutar el cobro de las costas judiciales. Las mismas, según explicó, toman como punto de partida el valor de la subasta que pretendía impedir el colectivo, que alcanza los 43,7 millones de euros.
