Lejos de venirse abajo y abandonar el camino estratégico iniciado años atrás, el alcalde, Francisco de la Torre, ha empezado a diseñar la Málaga que pretende construir tras el varapalo de la Expo 2027 en los terrenos sobre los que se iba a levantar el evento.

Aunque con la necesidad de disponer del aval del propietario de los suelos, el Gobierno central, el veterano regidor sigue convencido de la oportunidad que este emplazamiento abre para el impulso de nuevos desarrollos empresariales, de formación y de innovación en la capital de la Costa del Sol.

El duelo tras el fallo adverso de la Asamblea de la Bureau International des Expositions (BIE) apenas ha durado un par de semanas. Transcurrido este intervalo de tiempo, en el que se ha elevado el tono crítico con el papel del Ejecutivo central en la candidatura malagueña, el equipo de gobierno abre la puerta a lo que está por venir.

Con este objetivo, el mandatario, junto al equipo relacionado con la candidatura, ha celebrado en la tarde de este lunes un primer encuentro para fijar las líneas a seguir. La previsión es que estas reuniones, según indican fuentes consultadas, tengan continuidad en las próximas semanas y meses, con el foco puesto en definir el camino a tomar tras el verano. 

A la espera de que se conozcan los detalles concretos, lo que parece claro es que la mayor parte del trabajo realizado va a ser reutilizado, con especial protagonismo para la construcción del anillo central.

Localización de los terrenos de la Expo.

Una edificación ciertamente simbólica de la apuesta frustrada de Málaga que tendrá que ser dimensionada a las nuevas necesidades. Es decir, lejos de los 250.000 metros cuadrados que obligaba a reservar la BIE, ahora se podrá reducir.

La intención municipal pasa por generar dentro de esta edificación grandes superficies para el asentamiento de empresas. Y ello incluye una importante bolsa de suelo para oficinas, así como espacios de formación. A estos usos hay que sumar la histórica ampliación del Centro de Transportes de Málaga (CTM), dibujada sobre buena parte de este sector pero aletargada desde hace décadas, y el importante desarrollo residencial, con casi 1.400 viviendas de protección oficial (VPO), previsto en la zona, pero también estancado.

Sea como fuere, nada de esto será posible si antes el Consistorio no obtiene el aval de la Entidad Estatal de Suelo, SEPES, de aceptar una oferta de permuta de terrenos. Este elemento es clave para poner en marcha el plan b que el regidor tiene en mente desde hace años.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga admiten que hay seleccionadas desde hace tiempo varias pastillas de terreno que se ofrecerían al organismo estatal con el objetivo de que se desarrollen en las mismas viviendas a precio asequible. Unos terrenos que, dada la bolsa de aprovechamientos que tiene en sus manos el Ayuntamiento, podrían localizarse en la antigua amoniaco o Distrito Zeta.

De este modo, las VPO de Buenavista podrían ser acometidas por el Consistorio, aplicando el modelo de ecobarrio, con una apuesta clara por la sostenibilidad y vinculada al proyecto de "bosque urbano" de 30 hectáreas que se pretendía desarrollar en el entorno.

Imagen del 'ecobarrio' planteado por el Ayuntamiento de Málaga.

El camino por el que ya transita De la Torre tiene en la financiación su principal escollo. A diferencia del escenario Expo 2027, en el que se garantizaba una aportación sustancial del Gobierno central al proyecto en su globalidad, ahora se antoja complicado. De hecho, el propio mandatario municipal admite la necesidad de disponer de fondos europeos y de impulsar parte de los desarrollos mediante la colaboración público-privada.

El punto y seguido que Málaga quiere poner tras la elección a Belgrado como ciudad organizadora de la Expo no esconde, eso sí, el impacto que ello tiene para el ambicioso proceso de transformación imaginado por la capital de la Costa del Sol en los próximos años.

Porque no organizar este acontecimiento impide de facto a la ciudad tener la colaboración del Gobierno central para financiar la mayor parte de los cerca de 2.000 millones de euros en los que se han cuantificado operaciones como el Plan Litoral, la regeneración del Guadalmedina, la ampliación del Palacio de Ferias y la construcción del Auditorio.