Juan C. P.; Antonia R. V., Josefa C. C., Juan E. C. Son solo los primeros cuatro nombres que aparecen en una lista integrada por 246 muertos que tienen fecha de caducidad. Hombres y mujeres fallecidos tiempo atrás que se encuentran enterrados en el camposanto de Parcemasa (Parque Cementerio de Málaga), pero que se encuentran en un limbo administrativo y en una cuenta atrás que, una vez finalizada, dará con sus restos en el osario general.

Como viene haciendo de manera anual año tras año, el Ayuntamiento acaba de poner en marcha el procedimiento mediante el que se pone en conocimiento de los posibles familiares, deudos y responsables de estos fallecidos, cuyas concesiones temporales de enterramiento han vencido a lo largo del primer, segundo y tercer cuatrimestre del año pasado.

Es por ello por lo se advierte a los posibles interesados de que disponen de un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de vencimiento de la contratación para ponerse en contacto con Parcemasa con el fin de "contratar los servicios de exhumación y traslado, así como la concesión de la Unidad de Enterramiento correspondiente". 

La publicación de esta información en el Tablón de Edictos del Consistorio es el paso final después de que hayan resultado infructuosos los intentos de notificación postal realizados en estos meses. En el citado escrito oficial se precisa que transcurrido el plazo sin que se haya producido esa contratación, "se procederá a la exhumación de los restos y su depósito en osario general".

Son miles los muertos olvidados en Málaga en los últimos años. Sirva mencionar que en 2021 Parcemasa comunicaba la existencia de casi 1.700 fallecidos (personas enterradas desde 2012 en adelante y a concesiones vencidas en 2017, 2018, 2019 y 2020) sobre los que pesaba la advertencia de ser exhumados, cifra a que se sumaron otros 330 el ejercicio pasado. 

Para evitar una idefensión por parte de los familiares, el proceso que sigue Parcemasa, tal y como recordaba su gerente, Federico Souvirón, es ciertamente garantista. Porque el ultimátum de ahora viene precedido de varios intentos por contactar con familiares, deudos y responsables con el objetivo de que cumplan con las obligaciones que tienen asignadas para el mantenimiento de las concesiones que en su día les fueron otorgadas.

Lo primero que hacen los trabajadores municipales es escribir una carta certificada a los familiares o responsables que se vinculan a las concesiones. Cuando la misma no es contestada, de acuerdo con los datos de contacto de los que se dispone y siempre que es posible, se realiza una llamada telefónica. 

En el supuesto de que este mecanismo tampoco surta efecto, el siguiente paso es el de publicar el listado de nombres afectados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en los boletines oficiales. "Si pese a todas estas cautelas tampoco dan señales los responsables de esas unidades de enterramiento, no tenemos más remedio que desalojarlas", confirmaba Souvirón.

Incluso, llegado a ese punto, el propio Souvirón admitía que el proceso se hace con cierta parsimonia, con la esperanza de que a última hora pueda aparecer alguien reclamando la renovación de la concesión. ¿Qué ocurre con los restos que tienen que ser desalojados de sus enterramientos? Todos ellos van a parar al osario general de Parcemasa, donde se vienen depositando restos desde hace ya casi 40 años.