Si algo caracteriza al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, es que no es de los que se rinde fácilmente. Fracasada la candidatura de la capital de la Costa del Sol para organizar la Expo Internacional del año 2027, el regidor no sólo se mantuvo firme en su apuesta por aprovechar los terrenos elegidos para el evento, proponiendo una especie de plan b para la ejecución de edificios vinculados a la innovación y la educación, sino que además ha vuelto a poner sobre la mesa la opción cierta de que Málaga sea de nuevo aspirante a la Expo de 2032.

Ambas iniciativas obligan a revalidar los consensos logrados anteriormente, con el Gobierno central como actor protagonista. No sólo porque le corresponde amparar la pretensión de Málaga de optar de nuevo al evento, sino porque, además, es propietario de los suelos de Buenavista, sobre los que se dibujaba el recinto.

Por este motivo es particularmente relevante la posición expresada por el director general de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), Fidel Vázquez, al respaldar a De la Torre en sus doble planteamiento. "Apoyo absoluto en aquello que Málaga acabe decidiendo", ha asegurado el responsable de la empresa estatal, que ha subrayado que el objetivo final es que el impulso de estos terrenos favorezca el desarrollo de la economía de la ciudad.

"El Ayuntamiento y el Gobierno de España hemos optado a la Expo y no ha salido a la primera; si se considera oportuno volver a intentarlo, ahí estaremos y si mientras tanto salen opciones de desarrollo, SEPES y el Gobierno piensan apoyarlo, sin duda", ha afirmado.

Muestra de ello es que, según ha asegurado, tras el rechazo por parte de la asamblea de la Bureau International des Expositions, se han continuado con los trabajos para "ese plan B, que estamos consensuando; compartimos los objetivos de atraer actividad de valor a la ciudad".

1.360 viviendas de protección oficial

El acercamiento entre las administraciones local y estatal se extiende también a la parte de los terrenos sobre los que se proyecta la construcción de 1.360 viviendas de protección oficial. Sobre el particular, Vázquez ha destacado la "velocidad" que está adquiriendo la operación después de que SEPES haya adjudicado la redacción del proyecto de urbanización.

Un paso esencial para sacar del ostracismo un sector clave en el crecimiento de la capital de la Costa del Sol hacia el oeste y que se encontraba paralizado desde hace años. Frente a esta situación, el director general ha confiado en que a lo largo de 2025 se puedan poner en marcha las obras de urbanización, al tiempo que se concreta la fórmula para el desarrollo futuro de las viviendas a precio asequible.

Sobre el particular, siguiendo el modelo empleado en otros emplazamientos, la fórmula, que ha de ser concretada, podría implicar la cesión de todos o de parte de los suelos a favor del Ayuntamiento, ya sea para que asuma la ejecución directa de estas promociones o de parte de ellas. 

Aunque los detalles deberán ser objeto de un convenio específico entre las partes, para lo que ya hay conversaciones, todo hace indicar que el Consistorio o el propio SEPES dará entrada a la iniciativa privada para que, a cambio de derechos de superficie, ejecuten parte de la operación residencial. 

El esquema es muy semejante al empleado por Málaga en los terrenos de Universidad, donde hay unas 530 VPO en alquiler que va a materializar una empresa privada, a la que se han cedido por 75 años y sin coste alguno las parcelas.