Málaga, ante el reto de ordenar el gigante de los pisos turísticos: ya hay 11.000 registrados en la capital

La decisión de la Junta de Andalucía de dar a los ayuntamientos la posibilidad de regular la explosión de las viviendas turísticas coloca a municipios como Málaga capital ante un reto mayúsculo. Porque aunque era algo que venía siendo demandado por el alcalde, Francisco de la Torre, desde hace años, queda por concretarse el modo en el que el Consistorio le pone el cascabel a un gigante que ya acumula casi 11.000 pisos registrados.

El último movimiento que se conoce por parte de la Gerencia de Urbanismo en pro de analizar el mejor modo de ordenar la situación, que motivó encuentros con el Colegio de Administradores de Fincas y con la Asociación de Viviendas Turísticas en Andalucía, ponía sobre la mesa la idea de regular la actividad en toda la ciudad y no sólo en aquellos entornos urbanos más densificados.

La apuesta por esta opción se justifica en que ante la colmatación que presentan barrios como el Centro Histórico, donde se cuentan incluso más viviendas turísticas que vecinos residentes, son numerosos los proyectos que han dado el salto a distritos como Cruz de Humilladero o Carretera de Cádiz, que aprovechan su cercanía a la costa. Y ello ocurre en edificios antiguos, con residentes de avanzada edad, donde el conflicto está servido a la hora de tener que convivir con inquilinos de los pisos turísticos.

Queda por concretar si la decisión del Ayuntamiento se mantiene en esta dirección. Otra de las vías que fue objeto de análisis es la de limitar este uso turístico-residencial en los bajos y entreplantas con entradas independientes, así como en las plantas primera y segunda. Fuentes municipales confirman que es una de las variables objeto de análisis en este momento.

En la Casona del Parque, el acuerdo de la Junta ha servido a los grupos de la oposición para exigir al equipo de gobierno celeridad en la regulación municipal. Es el caso del portavoz del PSOE, Daniel Pérez, quien ha pedido al alcalde "que se ponga las pilas" para analizar el nuevo decreto. "Málaga está saturada por este tipo de alojamientos", ha afirmado. 

En esta misma línea, Con Málaga ha exigido un plan para "limitar y reducir" los pisos turísticos. Entre las medidas que defiende la formación está la aprobación de una moratoria de nuevas licencias de pisos de uso turístico y establecer una zonificación. "Tenemos que intervenir en este mercado que se ha convertido en una auténtica ley de la selva", ha reclamado el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia.

Detalles del decreto andaluz

A la espera de que el Consistorio malagueño defina el rumbo a seguir, sí es posible conocer los detalles del nuevo decreto de la Junta de Andalucía. Entre las particularidades del texto destaca una ausencia: la obligación de instalar sonómetros para medir el ruido generado por los inquilinos. Esta petición formó parte, precisamente, de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Málaga en el proceso de elaboración de la norma, sin que haya sido tenida en cuenta.

Lo más que se hace en lo que a la convivencia con los residentes se refiere es subrayar la necesidad de que los titulares o las empresas explotadoras informen de las normas de convivencia de la comunidad de propietarios, de las zonas de uso restringido, las relativas al uso de las instalaciones, de las zonas del depósito de basuras en la vía pública y de las pautas de respeto por el entorno urbano y de la normativa municipal en materia de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones.

Sí se hace especial hincapié en la necesidad de que los alojamientos dispongan de unas mejores condiciones de habitabilidad. De hecho, se otorga a los propietarios un año de periodo transitorio para adaptar sus viviendas en caso de no cumplir los preceptos. 

En este sentido, por ejemplo, se remarca que no podrán ser viviendas de uso turístico aquellas sometidas a régimen de protección pública ni las ubicadas en inmuebles cuyos títulos constitutivos o estatutos de la comunidad de propietarios contengan prohibición expresa para la actividad de alojamiento turístico. Tampoco pueden serlo aquellas que estén en situación de asimilado a fuera de ordenación.

En cuanto a los requisitos que deben seguir, se incluye cumplir con la normativa de ordenación urbanística municipal; tener una dimensión mínima construida de 14 metros cuadrados por plaza, precisándose que la superficie mínima construida de uso principal será de 25 metros o la que determine el planeamiento urbanístico.

Los pisos tendrán que disponer de dos baños si el número de plazas es superior a cinco y de tres baños si el número de plazas es superior a ocho; los dormitorios y salones tendrán ventilación directa al exterior o a patios ventilados y algún sistema de oscurecimiento de las ventanas (no será exigible cuando la Administración local o autonómica por razones de competencia exima de su cumplimiento por motivos de protección arquitectónica).

En cuanto a las cocinas y cuartos de baños, tendrán ventilación directa o forzada para la renovación de aire. Tendrán refrigeración centralizada o no centralizada por elementos fijos o portátiles en las habitaciones y salones, cuando el período de funcionamiento incluya mayo, junio, julio y agosto. Eso mismo ocurre con la calefacción si el funcionamiento incluyen diciembre, enero, febrero y marzo. No serán admisibles los elementos incandescentes ni de combustión de líquidos o gases inflamables.