Los cimientos de la polémica Torre del Puerto, promovida por un grupo inversor vinculado a la familia real de Catar, parecen no ser tan sólidos como se había asegurado. Tras soportar con estoicismo las continuas y numerosas críticas de los opositores a su construcción, el proyecto encara la recta final de su larga tramitación urbanística marcado por la incertidumbre. 

El origen de la duda surge cuando los responsables de la iniciativa, que sustancia la ejecución de un hotel de 5 estrellas gran lujo de 378 habitaciones, no son capaces de cumplir con los plazos establecidos para realizar los últimos ajustes de adecuación al planeamiento.

Pese a disponer de 8 meses de plazo, que empezaron a contar el pasado 6 de marzo, la empresa adjudicataria de los terrenos del dique de levante ya ha solicitado formalmente a la Autoridad Portuaria una extensión de cuatro meses de este periodo (el máximo legalmente permitido). El objetivo es disponer de más tiempo para presentar el obligado estudio geotécnico y una memoria económica actualizada, entre otros documentos.

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La posición del Puerto, tal y como confirma su presidente, Carlos Rubio, es la de esperar a conocer los detalles de la proposición y responder en consecuencia a lo expresado. De inicio, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, el planteamiento es el de aceptar la propuesta, aunque sin alcanzar el máximo de cuatro meses.

De hecho, otras fuentes portuarias apuntan que desde el inicio se asumía como probable que la entidad no pudiese responder en tiempo y forma con las obligaciones marcadas en la resolución del 6 de marzo.

La importancia de responder a las mismas es elevada, por cuanto sólo en el momento en que sea ajustado el proyecto final de la torre a las nuevas condiciones marcadas en el Plan Especial del Puerto, avalado definitivamente por el Ayuntamiento de Málaga a finales del año pasado, el expediente será remitido a Puertos del Estado, organismo que, a su vez, podrá ponerlo sobre la mesa del Consejo de Ministros. 

Hay que recordar que es justamente este estamento el que tiene la potestad para, en última instancia, determinar si se levanta o no el veto que pesa sobre el uso hotelero en el espacio portuario de la capital de la Costa del Sol.

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Más allá de la profundidad o no del escollo actual, hay algunas fuentes próximas al Puerto que admiten que con la petición de más meses de plazo se evidencia una falta de diligencia por parte de los promotores. En todo caso, todas las fuentes consultadas no dudan de que finalmente se responderán las cuestiones planteadas y el proyecto será presentado con todos los documentos requeridos.

Aval de 2 millones abonado hace 8 años

En caso contrario, se remarca, el Puerto tendría en su mano la posibilidad de revertir por completo el escenario actual, cobrando la fianza de 2 millones de euros entregada por el grupo inversor catarí y anulando la adjudicación inicial. Con ello, se abriría la puerta a un nuevo concurso.

Una posibilidad que daría al traste por completo con los ocho años que ya transcurren desde que oficialmente la empresa Andalusian Hospitality II (con fondos cataríes detrás) solicitase al Puerto la activación de un procedimiento para quedarse con los terrenos ganados tras la construcción del dique de Levante.

Su planteamiento, en sintonía con lo que ya defendía la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de la ciudad, pasaba y pasa por levantar una torre hotelera que, aquellos años, alcanzaba los 116 metros de altura.

La protesta vecinal obligó a los promotores a revisar a la baja la edificación, firmada por el arquitecto José Seguí. Un nombre que queda ahora en cuestión, por cuando según fuentes portuarias, desde Hesperia, que forma parte de la operación como aliado del fondo catarí, se ha mencionado la intención de contratar a un arquitecto “de prestigio” para perfilar la propuesta final. 

Por el momento se desconoce por completo la identidad de este estudio y los avances en las conversaciones. Y, en la misma medida, se sigue ignorando la cadena hotelera que finalmente asumirá la explotación de un proyecto que, a ojos del Ayuntamiento, debe elevar con creces la categoría de la oferta hotelera actual.