Símbolo del SARE de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa).

Símbolo del SARE de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa).

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Málaga completa la hoja de ruta para municipalizar la empresa de aparcamientos: pagará casi 25 millones

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El Ayuntamiento de Málaga completa el puzle que va a permitir la municipalización completa de la Sociedad de Aparcamientos, Smassa. Con este objetivo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes ejecutar el acuerdo plenario del pasado 4 de noviembre por el que se aprobó el cambio de gestión de la entidad y la compra del 100% de su capital social. 

Hay que recordar que en Smassa el Consistorio posee el 51% de las acciones, mientras que el 49% restante está en manos de Empark (46.697 acciones) y Unicaja (46.697 acciones). Para compensar esta adquisición, el Consistorio va a pagar 24.987.603 euros

En este proceso, también se ha acordado resolver por mutuo acuerdo el contrato administrativo suscrito el 3 de septiembre de 1988 denominado "para la selección del socio particular para la conversión de la sociedad municipal de aparcamiento y servicios de integro capital público en empresa participada para la gestión de los servicios de su competencia" con los dos socios accionistas. Una ruptura que se justifica en el interés público existente.

La intervención toma como punto de partida el estudio elaborado por una comisión técnica, que analizó varios modos de gestión de la empresa. La misma propuso que la gestión directa a través de sociedad mercantil local, con capital social 100% de titularidad pública, era la mejor opción para los intereses municipales.  

Por tanto, este servicio, que ya es municipal, seguirá siéndolo, pero lo gestionará el Ayuntamiento sin socios privados. A través de este nuevo modo de gestión pública, el Consistorio ingresará la tasa de los Sectores de Aparcamiento Regulado (SARE) y del servicio de la grúa.

El cambio del modo de gestión de Smassa cuenta con el visto bueno de la Intervención Municipal, que ha analizado la trascendencia económica de la actuación y acredita el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la iniciativa, según lo establecido en el procedimiento legal fijado.