'Tirón de orejas' a Mijas: la Cámara de Cuentas apunta a incumplimientos en la contratación

Tirón de orejas de la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Mijas. Este organismo ha emitido un informe, correspondiente al ejercicio de 2019, en el que señala un incumplimiento de la normativa en materia de contratación de determinadas áreas del Consistorio mijeño. Pese a que la gestión de los recursos humanos por parte del organismo público "es favorable", se aprecian carencias en la contratación administrativa. 

Así, en el texto se puede leer que las actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Mijas (en este campo) "no resultan conformes con el marco normativo aplicable". La justificación de esta afirmación reside en la permanencia de 42 trabajadores fuera del ordenamiento jurídico vigente. 

En el Ayuntamiento prestaban sus servicios, a finales del ejercicio 2019, veinte funcionarios interinos que fueron nombrados a lo largo del periodo 2006 a 2016 para ocupar plazas vacantes. Esta situación pone de manifiesto "el incumplimiento del deber que atañe a la corporación" de incluir tales plazas en la oferta pública de empleo.

Del mismo modo, a finales del ejercicio 2019 componían el colectivo de personal indefinido, que no fijo de plantilla, un total de 276 empleados, algo que supone "el incumplimiento de las normas que regulan la contratación laboral temporal".

"La Corporación, ni en el ejercicio fiscalizado ni en anteriores, ha adoptado medida alguna de entre las previstas en la legislación vigente para normalizar esta situación", señalan desde la Cámara de cuentas. 

Algo similar ocurre con los laborales interinos por vacante. En el Ayuntamiento, 43 de los 55 empleados contratados bajo esta modalidad contractual presentan una antigüedad anterior a 2016: "Esta situación evidencia el incumplimiento de la obligación de incorporar esas plazas a la oferta de empleo y proceder a su convocatoria en el plazo improrrogable de tres años", subrayan.

Retribución

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario, 106 empleados ascendidos a otro grupo profesional superior a través del sistema de promoción interna o mediante una reclasificación legal, y 20 nombrados provisionalmente para el desempeño de puestos de trabajo de superior categoría, perciben todos los trienios devengados según el último grupo en el que se encuentran, lo que supone el "incumplimiento del régimen retributivo previsto".

Servicio de limpieza y facturación

Otro de los aspectos en los que se hace hincapié en las dos prórrogas formalizadas del contrato de servicio de limpieza. Según se explica, ambos fueron adoptados sin una "cobertura contractual" válida. El motivo reside en el que el PCAC (documento que prevalece sobre cualquier otro en el procedimiento de contratación) no contempla tal posibilidad.

Estas decisiones imposibilitaron que otras empresas hubieran concurrido libremente a la licitación de un servicio durante más de 20 años, lo que supone un "quebranto" en los principios de "igualdad de trato, transparencia y buena fe" que deben presidir las actuaciones de las Administraciones públicas.

Además, se recogen otros incumplimientos como la emisión de un acta de recepción fuera del mes siguiente a la realización del objeto contratado o la redacción de tres informes de liquidación de obras un mes antes de la finalización del plazo de garantías.

El análisis de los expedientes de contratación de años anteriores, junto al de una muestra de reparos y reconocimientos extrajudiciales de créditos (REC), ha revelado la existencia de doce prestaciones que carecen de cobertura contractual, bien porque la misma nunca existió o porque existiendo, una vez concluida, la entidad ha optado por continuar las prestaciones por la mera vía de hecho, lo que ha supuesto un importe acumulado en el periodo 2018-2021 de 21.472.933,33 €.

En estos casos se pone de manifiesto una contratación verbal, algo prohibido por ley excepto que hubiera procedido la contratación de emergencia, extremo que no se ha dado en ninguno de los casos analizados.

La Cámara de cuentas

El objetivo de la fiscalización es emitir una opinión acerca de si las actuaciones y operaciones desarrolladas en las áreas de los recursos humanos (RR.HH.) y de la contratación administrativa cumplen en los aspectos significativos el marco normativo que resulta de aplicación a la entidad.