¿Deberían los coches viejos (y contaminantes) pagar más impuestos?

España es un país de coches viejos. O al menos, más viejos que en la media de la Unión Europea. Así lo señala un estudio de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) que afirma que la edad media del parque móvil en España se situó a finales de 2020 en una media de 13,1 años, 2,3 años más viejo que la media de la Unión Europea, que está en 10,8 años.

Además, no solo el parque de vehículos en España es más viejo que en la media europea sino que además, respecto a los últimos datos, ha envejecido seis meses más. Esto significa que la edad media de los vehículos en España no deja de crecer. Asimismo, a ello hay que sumar que casi el 64% de los vehículos que circulan en España tienen más de 10 años.

Precisamente este envejecimiento del parque hace que estos coches sean más contaminantes  que los vehículos nuevos. En concreto, este mismo organismo (Anfac) señala que un vehículo actual, frente a uno de más de 15 años, reduce las emisiones de óxido de nitrógeno en un 86% y de partículas en el 99%.

Y a todo ello también hay que sumar que los vehículos electrificados todavía siguen sin cuajar (ocupan solo el 0,3% del total del parque).

Los coches viejos podrían pagar más

Frente a esta situación, desde las patronales del automóvil como Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Ganvam (vendedores) y Sernauto (componentes) reclaman un cambio en los impuestos del automóvil.

En concreto, lo que piden (han preparado un documento para el Ministerio de Hacienda) en el que se pide el fin del actual impuesto de matriculación (el que se paga una única vez y en función de las emisiones de CO2 del vehículo).

En su lugar, estas organizaciones piden sustituir este impuesto por uno nuevo medioambiental basado en las emisiones de CO2 y la antigüedad de los turismos. Se trataría de un impuesto cuya base imponible anual serían los g/km de CO2 que emite cada vehículo multiplicado por el tipo.

Esto haría, por tanto, que los vehículos más potentes pero también los más viejos (que al final son los que más CO2 emiten) paguen más que los coches nuevos. Una medida que es buscada principalmente para que los usuarios estudien al menos la posibilidad de cambiar los vehículos viejos por otros más nuevos y menos contaminantes.

Los eléctricos, sin impuestos

Es otra de las medidas que proponen estas asociaciones. Hablamos de una base sea cero para los vehículos de cero emisiones, pudiéndose graduar por antigüedad, es que se aplique anualmente a todos los vehículos sujetos al de matriculación, y plantea la posibilidad de incluir bonificaciones, en función de la renta o para zonas de baja densidad.

Así, para el Impuesto de Circulación (VTM), cuyas bonificaciones se permiten hasta el 75%, plantean llevarlas al 100% para vehículos electrificados de Etiqueta Cero, y bonificaciones menores a híbridos no enchufables.

Por lo tanto, los eléctricos no pagarían este impuesto anual. A ello también habría que añadir la eliminación del IVA (o la aplicación de un tipo reducido) para la compra de vehículos según sus características medioambientales. En todo caso, reconocen que se trata de una medida que no será posible aplicar hasta que no sea recogida en la correspondiente directiva europea, cuyo cambio insta a respaldar durante su tramitación.

No incluir en la renta las ayudas

Otras rebajas fiscales propuestas pasan por eximir del IRPF las subvenciones a la movilidad sostenible, como las concedidas en el Plan Renove o Moves; recuperar la deducción del 10% en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en la adquisición de vehículos de menos emisiones, eliminada en 2011; o deducciones en el IRPF a la compra de vehículos, que ya aplican comunidades como Navarra y Castilla y León.

También sugieren un tipo impositivo reducido a la electricidad que suministren estaciones de recarga, tras la autorización de la Comisión Europea a Países Bajos sobre esta cuestión, y bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la distribución de vehículos, con el fin de compensar los costes de las infraestructuras de recarga.