Susana Solís, eurodiputada: "El Gobierno no apuesta por el automóvil como sí lo hacen Francia e Italia"

De conseguirlo, se daría una mayor seguridad jurídica a la industria de la automoción, que está sufriendo la mayor transformación de su historia, asegurando una transición progresiva hacia la electrificación con condiciones aceptables para los fabricantes, sin obligarlos a subir hasta 2.000 euros el precio de los vehículos. Para comprender en qué situación se encuentra la votación de esta futura normativa, hablamos en exclusiva con la eurodiputada. Así ha sido nuestra conversación…

Pregunta.- ¿En qué consiste la norma Euro 7 y por qué es tan importante para España y el resto de los países europeos?

Respuesta.- Euro 7 es una normativa europea que busca reducir los límites a las emisiones contaminantes que no sean CO2. Son, por tanto, las emisiones de tipo NOx, pero también las partículas pequeñas, las partículas de los frenos y las de los neumáticos. Además, también regula la durabilidad de las baterías de los coches eléctricos. Y esto afecta tanto a coches como a camiones, autobuses y furgonetas.

P.- ¿Qué papel tiene usted dentro de Euro 7?

R.- Cada grupo político dentro del Parlamento Europeo nombra a un diputado negociador. En el grupo popular el negociador principal es alemán; en el socialista, un danés; en los verdes, un holandés... Como eurodiputada del grupo liberal, tengo el honor y la responsabilidad de ser la única española que actúa como negociadora en toda esta norma.

Se han conformado bloques dispares durante las negociaciones y mi labor ha sido buscar el consenso entre todos, teniendo muy en cuenta la representación de los intereses de la industria española. En este sentido, el grupo de los liberales hace de contrapeso, buscando el amplio entendimiento y tratando de conformar una mayoría sólida.

La eurodiputada de Ciudadanos, Susana Solís.

P.- ¿Por qué es tan negativa para la industria la propuesta inicial de la Comisión Europea?

R.- Esperábamos una propuesta mucho más laxa. Por supuesto, estoy a favor de una transición verde y limpia en línea con los objetivos medioambientales europeos, pero la propuesta realizada por la Comisión Europea no es realista.

Es letal para el sector del automóvil, entre otras cosas, porque se le pide a la industria realizar numerosas inversiones para los motores de combustión. Nosotros hemos planteado una línea roja en este sentido. Si esta propuesta encarece el precio de fabricación de los coches en 1.000 o 2.000 euros, dicho incremento pasará finalmente al ciudadano, perjudicando aún más la renovación de la flota del parque automovilístico para todos. Y esto es una línea infranqueable.

Lo que debemos hacer es elaborar un Euro 7 que ofrezca certidumbre a la industria automovilística para que se puedan dirigir las inversiones hacia la fabricación del coche eléctrico; entre otras razones, porque en España contamos con numerosas fábricas con modelos pequeños e híbridos que se podrán mantener hasta aproximadamente 2035, y con esta propuesta muchos modelos producidos en España estarían en riesgo de dejar de ser fabricados.

P.- ¿Qué propone entonces el grupo liberal?

R.- En la propuesta de la Comisión Europea se establecen unos requerimientos que suceden muy pocas veces, como por ejemplo conducir a una altura de 1.800 metros y a 10 grados bajo cero. Estas circunstancias, que suceden en contadas ocasiones, hacen que se tengan que desarrollar nuevos bancos de prueba y nuevos motores de combustión.

En representación del grupo liberal, he defendido durante estos meses de negociaciones tres ejes muy claros. El primero, que se cambien las condiciones de prueba extremas para que la industria del automóvil no tenga que invertir en bancos de prueba ni motores de combustión que después en el futuro no tendrán sentido con el coche eléctrico, manteniendo las condiciones actuales de Euro 6. La industria tiene que apostar por las inversiones programadas para el coche eléctrico y no por una tecnología que tiene fecha de caducidad en 2035.

El segundo, que los plazos de implementación sean realistas, siendo 2027 el año en que debería entrar en vigor la Euro 7. De esta forma, damos dos años de implementación de la norma para los coches de nueva homologación, tres para los modelos ya existentes y cuatro para los camiones.

En tercer lugar, no tocar los límites de emisiones, que son de 60 mg en NOx. 

La eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Desarrollo Regional en la Eurocámara, Susana Solís. E.P.

P.- Además del retraso hasta 2027 o 2028… ¿proponen algo más?

R.- Sí, queremos ser más ambiciosos en la reducción de las emisiones de los frenos y las emisiones de los neumáticos. Aquí sí queremos que se aplique a todos los vehículos, porque afectan a todos los coches de combustión y los eléctricos.

Y también queremos que se exija una mayor fiabilidad y durabilidad en las baterías de los vehículos eléctricos, porque es lo que ofrecerá mayor confianza al consumidor y técnicamente es posible.

P.- ¿Qué apoyos tienen ustedes y qué creen que votarán los socialistas europeos?

R.- Me enorgullece poder decir que en esta negociación cuento con el apoyo de todo mi grupo. Con el consenso entre el grupo liberal y el Partido Popular Europeo tendríamos una mayoría justa.

Pero lo que queremos es que esta mayoría sea lo más amplia posible. Por tanto, queremos convencer también al partido socialdemócrata (S&D). No está siendo fácil porque ellos demandan más exigencias en todo, también incluso en lo relativo a camiones, algo complicado para España porque es un sector clave en nuestro país.

Tenemos que tener mucho cuidado en este punto por el impacto que tiene que tener en el transporte y la logística. En lo que sí estamos de acuerdo con ellos es en retrasar los tiempos. En este sentido estamos aún trabajando duro por encontrar entre todos el mayor entendimiento posible.

Luminoso en la M-30, en Madrid, advirtiendo sobre la M-30.

P.- ¿Qué plazos hay para las votaciones en el Parlamento Europeo?

R.- El próximo 12 de octubre es la votación en el Comité de Medio Ambiente (ENVI) dentro del Parlamento Europeo. Después, los 750 eurodiputados lo ratificaremos en el pleno del 9 de noviembre. Mientras tanto, el Consejo -que ahora está bajo la Presidencia española- quiere tener su posición fijada el 25 de septiembre.

Una vez votado y aprobado en el Pleno del Parlamento de noviembre, nos juntaremos Consejo, Comisión y Parlamento para empezar los trílogos, los cuales podrían tener lugar entre noviembre y diciembre. De este modo, tendríamos la norma Euro 7 finalizada durante la Presidencia española.

P.- ¿Qué pasaría si se aprueba fuera de la Presidencia española?

R.- Pues sería una pena que nos fuéramos a 2024 con esta decisión porque tras nosotros, será Bélgica quien ostente la Presidencia del Consejo de la UE, un país que tiene menos interés que nosotros en el sector del automóvil, poca iniciativa en sacar adelante reglamentos por su división interna y un gobierno mucho más verde, lo cual será perjudicial para la posición de nuestra industria.

Vamos a hacer todo lo posible para conseguir que la propuesta del Parlamento vaya en nuestra línea, muy similar a la del Consejo. Si algo tengo claro es que lo mejor es llegar a un acuerdo que permita finalizar Euro 7 durante la Presidencia española y que la Presidencia belga solo tenga que realizar los últimos procesos, que son sencillos.

P.- ¿Qué posición tiene el Consejo Europeo? ¿Hay países que pueden bloquear la negociación?

R.- La postura del Consejo se dice que se conocerá el próximo 25 de septiembre. Aquí la clave es que haya países que no se opongan y que haya una mayoría clara entre todos los Estados. Pero sí, también hay que tener en cuenta que puede surgir un bloqueo por parte de algunos países. Y en este sentido está la ambigüedad de Alemania (que no tiene posición y que puede votar una abstención que a la hora de contabilizar votos supone un voto negativo). Después, España votará a favor de la mayoría, lo que no hará será influir en los demás porque ostenta la Presidencia europea. Pero también podría haber algún otro país que lo bloquee.

P.- ¿Y España, con la importancia de la industria del automóvil, no debería haberse posicionado en contra de esta Euro 7 de una forma más rotunda?

R.- Desafortunadamente, a mí nunca me ha quedado clara la postura española. He estado varias semanas pidiendo al Gobierno y al Ministerio que adoptasen una posición clara defendiendo nuestra industria, porque hemos tenido una postura muy ambigua. Primero cuando se habló de la reducción de emisiones de CO2 y ahora con Euro 7, con la que España no se ha querido pronunciar claramente.

Para mí, en estos años queda claro que el Gobierno español no ha apostado ni ha apoyado el sector del automóvil, como sí lo han hecho otros países como Francia, Italia o incluso República Checa. Todos ellos firmaron hace unos meses una carta en contra de la propuesta de la Comisión señalando que estaba en peligro la continuidad de muchas fábricas, carta que por descontado España no firmó.

O en Europa ponemos todos los esfuerzos para fabricar los coches eléctricos que hace China o bien estamos condenados al fracaso. El sector del automóvil europeo en general, y de España en particular, está en juego. Es vital que España salga a defender los miles de puestos de trabajo. Además, los coches más pequeños son los que están en riesgo con la propuesta de Euro 7 y son los que producimos en su mayoría en España.

P.- ¿El Ministerio de Industria sí tiene un apoyo más claro hacia el automóvil?

R.- Cuando hemos hablado con el Ministerio de Industria, hemos comprobado que tienen una posición a favor de la industria de forma clara. El problema no es con ellos, sino con el Ministerio de Transición que, desde mi punto de vista, es quien tiene la última palabra a la hora de posicionarse. Si bien desde el punto de vista público nunca hemos notado un apoyo manifiesto hacia la industria y la necesidad de modificar Euro 7. Tampoco lo va a hacer ahora que ostentamos la presidencia española del Consejo, pues va a mantenerse neutral.

Podríamos tomar ejemplo de nuestro vecino Portugal, que ha apostado por los puntos de recarga del vehículo eléctrico. España, sin embargo, no ha mostrado su apoyo ni a la industria ni tampoco al despliegue del vehículo eléctrico.

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