La Justicia catalana paga 500.000 euros a una mujer violada por un reincidente que estaba de permiso

El departamento catalán de Justicia ha indemnizado con 500.000 euros a una mujer a la que el llamado "violador de Martorell" agredió sexualmente e intentó matar en octubre de 2016, cuando disfrutaba de un permiso de salida que le concedió la cárcel donde cumplía condena por hechos similares.

El violador de Martorell, en los pasillos de los juzgados.

La víctima presentó el 6 de noviembre de 2018 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por un "funcionamiento anormal e irregular" de los servicios penitenciarios debido al "error" en la evaluación de la "peligrosidad" del violador, que el Departamento de Justicia ha estimado parcialmente.

La resolución de la consellería, a la que ha tenido acceso Efe, acuerda indemnizar a la mujer con 500.000 euros, si bien la víctima pedía 1.250.000 euros.

Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2016, cuando Tomás Pardo Caro, conocido como el violador de Martorell (Barcelona), secuestró, violó e intentó matar a la mujer apuñalándola, para después arrojarla por un barranco y taparla con tierra creyendo que la había matado, mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.

Pardo asaltó a la víctima mientras disfrutaba de un permiso que le concedió la junta de tratamiento de la cárcel Ponent de Lleida, donde el hombre cumplía condena por otra violación cometida en 2002, tras los informes favorables emitidos por el equipo técnico multidisciplinar.

El Departamento de Justicia le concedió el permiso por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales, que siguió en prisión.

El juzgado de vigilancia penitenciaria le había denegado hasta en trece ocasiones los permisos para salir de la cárcel, pero la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión de la Generalitat de excarcelarle.

Por estos hechos de 2016, la Audiencia de Barcelona condenó en 2019 al violador a 70 años de prisión, quien durante el juicio admitió las acusaciones.

Pese a la indemnización de 500.000 euros que le ha concedido la Generalitat, la mujer, que prefiere mantenerse en el más absoluto anonimato, lamenta que la consellería no admita ningún tipo de negligencia en la actuación del citado centro penitenciario, lo que le ha causado un "inmenso daño moral" por unos "errores de diagnóstico", señala su abogado Manuel Zumón.

La mujer, por ello, critica que no se acometa la "necesaria investigación interna" para detectar por qué "fallaron estrepitosamente" los informes de este centro penitenciario favorables al permiso, y poder evitar así "trágicos errores en el futuro".