Lizelle Herrera, la primera mujer acusada de asesinato por abortar en el estado de Texas

Lizelle Herrera, una mujer hispana de 26 años, es la primera mujer detenida por abortar en Texas, después de que el estado promulgase su restrictiva ley antiaborto. Según han informado medios locales, las autoridades del condado de Starr, situado en la frontera con México, arrestaron a la joven el jueves y la acusaron de asesinato por un presunto aborto "autoinducido".

Herrera, fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de "asesinato" por, supuestamente, haber "causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido", dijo la oficina del alguacil de ese condado en un comunicado recogido por Efe.

Nancy Cárdenas Peña, directora de política estatal en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, confirmó en su cuenta oficial de Twitter que Herrera fue puesta en libertad este sábado por la tarde, dos días después del arresto. Además, Frontera Fund, un fondo de aborto para el Valle del Río Grande, informó en dicha red social de que se ha iniciado "un fondo de reconciliación y defensa legal para apoyar a Lizelle y su familia".

¿Hay justificación legal?

La noticia de la detención ha generado una fuerte alarma entre los grupos defensores de los derechos reproductivos debido a la gravedad del cargo, ya que no está claro qué ley puede justificar esa acusación, incluso en un estado tan restrictivo con el aborto como Texas.

La ley del aborto de Texas, la más dura hasta ahora en Estados Unidos, prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo a partir de las seis semanas de gestación y no contempla excepciones en casos de incesto o violación. Al igual que se está intentando en proyectos legislativos de otros estados, se delega en particulares la posibilidad de denunciar a cualquiera que lleve a cabo un aborto.

El texto considera penas de cárcel para las personas que violen "intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente este subcapítulo" -el punto 171 del subcapítulo D de la sección 5 de la ley, que prohíbe proporcionar un medicamento para inducir el aborto a una mujer embarazada-.

No obstante, la letra B del punto 171.065, exime a las embarazadas de cargos penales en caso de abortar: "Una mujer embarazada a la que se le va a practicar un aborto inducido por medicamentos, que lo intenta, lo induce o lo realiza en violación de este subcapítulo no es penalmente responsable de la infracción", reza el texto.

"Este caso es un poco misterioso, ¿de qué crimen se ha acusado a esta mujer?", preguntó Lynn Paltrow, directora ejecutiva de National Advocates for Pregnant Women, en declaraciones recogidas por NPR. "No existe ningún estatuto en Texas que, incluso a primera vista, autorice el arresto de una mujer por un aborto autogestionado".

Ante esta detención, Cárdenas Peña y otras activistas se congregaron este sábado frente a la cárcel del condado de Starr para denunciar el encarcelamiento "injusto" de Herrera. Según ha informado Efe, tras su liberación recordaron que el problema no se ha resuelto, porque aún queda por delante una batalla legal.

Por el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias ni la justificación legal que les llevó a arrestar a Herrera el jueves. "Todavía no conocemos todos los detalles que rodean este trágico evento", afirmó a The Guardian Rockie Gonzales, fundadora y presidenta de la junta directiva de Frontera Fund.

"Lo que sí sabemos es que criminalizar las decisiones de las personas embarazadas o los resultados del embarazo, lo que ha hecho el estado de Texas, quita la autonomía de las personas sobre sus propios cuerpos y las deja sin opciones seguras cuando deciden no ser madres", añadió.

A la espera de ver qué ocurre con los cargos contra Herrera, multitud de grupos feministas de Texas están organizando movilizaciones y preparando su defensa.