Apenas tres meses después de su escandalosa privatización el Estado luso vuelve a tener control sobre la mayoría del capital de TAP, la histórica aerolínea portuguesa. El Gobierno del socialista António Costa ha logrado un improbable acuerdo con el consorcio Atlantic Gateway, según el cual recupera un 50% del capital de la empresa por 1,9 millones de euros y consigue una representación paritaria en el consejo de administración de la aerolínea.
El acuerdo es un coup político y económico para Costa, cuyos primeros meses en el Gobierno han sido obstaculizados por las privatizaciones llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo del conservador Pedro Passos Coelho. Con ello, el primer ministro socialista cumple con una de sus promesas electorales –la reversión de una de las privatizaciones más criticadas de los últimos años–, consiguiendo simultáneamente satisfacer al Partido Comunista Portugués (PC), la fuerza política que más reclamaba la recuperación del control estatal sobre la emblemática aerolínea, y uno de los grupos que actualmente sostienen al Gobierno minoritario de Costa a través de una frágil alianza de la izquierda en la Asamblea de la República.
El acuerdo entre el Ejecutivo y Atlantic Gateway también contenta a los inversiones extranjeros, quienes temían que la presión política de los comunistas y la resistencia inicial del consorcio en sus negociaciones con el Gobierno resultarían en la nacionalización de la empresa. Al conseguir una solución pactada, el nuevo Ejecutivo –que levantó dudas entre los inversores al presentarse como el Gobierno que “pasaría página a la austeridad” y daría marcha atrás a las medidas impulsadas por Passos Coelho– consolida su imagen como un actor económicamente responsable.
Fumata blanca en Lisboa
El anuncio del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Atlantic Gateway a última hora del viernes puso fin a dos meses de tensas negociaciones, iniciadas desde el mismo momento en el que el Ejecutivo Costa asumió el poder. La resolución favorable de las charlas fue una gran sorpresa, pues comentarios tanto del Ejecutivo luso como por parte del consorcio durante las últimas semanas daban a entender que llegar a un consenso iba a ser casi imposible.
La importancia del acuerdo alcanzado era evidente la mañana del sábado, cuando el primer ministro acudió a la firma del memorándum en Lisboa. Acompañado por dos de sus ministros más importantes –el de Finanzas, Mário Centeno, y el de Planificación e Infraestructuras, Pedro Marques–, Costa se mostró alegre y celebró que el proceso había llegado a buen puerto. “Estás negociaciones no fueron fáciles. Siento enorme satisfacción al anunciar que seremos socios, y esto supone un buen resultado para una situación difícil”, señaló Costa.
En representación del consorcio, el empresario Humberto Pedrosa reconoció que el final feliz había sido una “sorpresa”. “Inicialmente nunca pensamos que nuestro proyecto llegaría a casar con el del Gobierno, pero la buena voluntad de ambas partes y el espíritu de diálogo dio resultado. Hemos llegado a un acuerdo del 50-50”.
En realidad el acuerdo es más bien de un 50-45. El memorándum establece que el Estado recupera el 50% del capital de la empresa por 1,9 millones de euros, pero el consorcio se queda con apenas 45% del capital, ya que el 5% restante sigue en manos de los trabajadores. En principio Atlantic Gateway tendrá derecho a intentar comprar esas acciones en el futuro, pero por el momento la reducción de su peso absoluto es un motivo de satisfacción para los sindicatos de trabajadores de TAP, preocupados por los rumores de despidos inminentes que circulan desde que se anunció la privatización de la empresa.
“El Estado pasa a tener 50% de las acciones de TAP y el consejo de administración será paritario: seis consejeros serán nombrados por el Gobierno, y seis por el consorcio”, explicó el ministro de Planificación e Infraestructuras luso, Pedro Marques, después de la firma del acuerdo.
David Neeleman, el empresario estadounidense-brasileño que es el principal accionista de Atlantic Gateway, considera que el acuerdo alcanzado garantiza que el Ejecutivo no intervendrá en la gestión de la empresa, pero los detalles del memorándum indican que el poder del Gobierno en el futuro rumbo de TAP puede ser significante. Bajo el nuevo acuerdo la presidencia del consejo pasa a estar en manos del Estado, con voto de calidad en caso de empate.
“El plano estratégico que Atlantic Gateway presentó en su momento está completamente consolidado”, dijo Marques. “Estamos de acuerdo con el plan generalmente y sigue valido, aunque sí nos reservamos el derecho de revisar ciertos detalles”.
Desde su privatización en noviembre, TAP se ha embarcado en un ambicioso plan para renovar su flota, encargando 53 nuevos Airbus valorados en casi 8.000 millones de euros.
Una privatización polémica
TAP era la última aerolínea estatal de Europa occidental cuando fue privatizada el pasado noviembre. Arrastraba deudas significantes desde hace décadas, y administraciones tanto de derechas como de izquierdas habían debatido su venta un sinfín de veces pero nunca habían dado el paso debido a la evidente resistencia sindical y la oposición de los comunistas, que conservan un peso político considerable en Portugal.
Con el estallido de la crisis económica el anterior Ejecutivo de Passos Coelho había entablado negociaciones de venta con varias entidades interesadas, pero ninguna de ellas había progresado de manera significativa cuando su Gobierno entró en funciones el pasado noviembre. Por eso la sorpresa fue mayor cuando, a una semana de la toma de posesión de su sucesor en el Palacete de São Bento, Passos Coelho anunció la venta repentina de la aerolínea al consorcio Atlantic Gateway por las necesidades de tesorería “urgentes” de la empresa.
A cambio de la inyección inmediata de 150 millones de euros en la aerolínea, y la aportación adicional de 119 millones antes del 23 de junio de este año, Atlantic Gateway se hacía con un 61% de las acciones. El Estado conservaba una participación del 34%, y el 5% restante quedaba en manos de los trabajadores del grupo.
La privatización, cuya ratificación fue votada por el Consejo de Ministros saliente un jueves por la noche, fue motivo de enorme polémica, con todos los partidos de izquierda unidos en contra de la acción. Los comunistas fueron los más activos, presentando un proyecto de ley para cancelar la venta el día después de que se conociera.
Al asumir sus funciones, sin embargo, el Gobierno Costa decidió apostar por la negociación para llegar a algún tipo de acuerdo con los nuevos dueños de la aerolínea; aunque los socialistas consideraban que el Estado debía tener algún tipo de control sobre TAP, no coincidían con los comunistas en querer recuperar todas las acciones.
El catedrático de Finanzas del Instituto Superior de Economía y Gestión (ISEG) a EL ESPAÑOL que el Partido Socialista siempre fue bastante más pragmático que el PC en este ámbito. “Generalmente, los socialistas lusos intentan evitar nacionalizaciones porque son conscientes de lo negativo que resultan cara a la perspectiva exterior del país”.
“Los comunistas quieren poner a la empresa bajo control absolutamente estatal –algo que tiene sentido según su interpretación del rol del Estado en el mercado–, pero los socialistas sólo quieren tener voz, lo necesario para poder marcar el rumbo sin tener que llevar todo el peso”.
Un logro tanto económico como político
El inusual peso político de los comunistas en el contexto del actual Gobierno minoritario puede haber sido un factor de presión para Costa, pero también una importante baza en las negociaciones con el consorcio, que inicialmente no se planteaba revender acciones al Ejecutivo luso.
A lo largo del mes de enero fuentes del Gobierno dejaron caer que los comunistas estaban aumentando la presión sobre al primer ministro y que él empezaba a perder paciencia con la resistencia de los negociadores de Gateway. Estratégicamente, convenía que el consorcio considerara que una teórica nacionalización era una posibilidad real.
El no haber tenido que tomar una decisión tan drástica supone una victoria para el Gobierno Costa en términos de su imagen ante los inversores internacionales. Al depender del apoyo del marxista Bloque de Izquierda y el PC para gobernar, el Ejecutivo minoritario socialista no ha sido particularmente bien visto por la comunidad financiera, especialmente porque sus pactos con la alianza de izquierdas que le apoya en el parlamento incluyen el compromiso de paralizar la privatización de varios consorcios de transportes, entre ellos el metro de Lisboa.
Costa, sin embargo, ha enfatizado que pretende liderar un Ejecutivo que cumple tanto con sus compromisos con la izquierda, como con los derechos de quienes invierten en Portugal. El primer minstro hizo referencia a esta realidad durante su comparecencia ante los medios, donde volvió a lanzar un mensaje de tranquilidad dirigido a los inversores.
“Esto ha sido un proceso democrático en el que los derechos de unos y otros han sido garantizados, la legalidad ha sido respetada, y en la que nos comprometemos a seguir respetando los derechos del consorcio”, declaró.
“Este Gobierno no intervendrá en el día-a-día de TAP, que seguirá siendo dirigida por Atlantic Gateway. Sólo estamos para garantir lo esencial: que la visión estratégica de TAP siempre exista, siempre ligada a Portugal y los portugueses”.
“Portugal es un Estado de derecho”, concluyó. “Nosotros respetamos –y necesitamos– las inversiones extranjeras”.