El 23 de marzo es la fecha que se han marcado el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para firmar un acuerdo de paz que ponga fin a 50 años de conflicto armado. Para el abogado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que ha asesorado a la guerrilla desde 2013 y ha contribuido a la redacción del pacto, es improbable que en las tres semanas que quedan se resuelvan todos los flecos pendientes, aunque está seguro de que podrá firmarse un armisticio que no tendrá marcha atrás.
Santiago, que estuvo en Bruselas la semana pasada para presentar los detalles del acuerdo al grupo de Izquierda Unitaria en la Eurocámara, ha participado en otros casos de perfil alto como la querella del caso Pinochet, la de los vuelos de la CIA o la del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Está convencido de que este proceso de negociación entre las FARC y el Gobierno colombiano, el cuarto, será el definitivo.
¿Cómo llega usted a convertirse en asesor jurídico de las FARC en este proceso?
En los momentos previos a comenzar la negociación sobre víctimas, las FARC pidieron asesoramiento jurídico a los países garantes, en concreto a Noruega. Yo fui seleccionado entre una serie de propuestas que se hicieron y contratado por el Gobierno noruego para que asesorara en la mesa de conversaciones a la delegación de paz de las FARC.
¿Cuál ha sido su contribución a la redacción del texto del acuerdo?
En la cuestión de las víctimas, las negociaciones se atascaron debido a una falta absoluta de entendimiento entre las partes en la mesa. En el mes de julio de 2015, el presidente [colombiano, Juan Manuel] Santos, decidió proponer un cambio de método. Se creó una comisión jurídica de seis expertos, fuera de las conversaciones, para que prepararan el texto del acuerdo de justicia.
De esos seis, tres eran seleccionados por el Gobierno y tres por las FARC. Yo fui miembro de esa comisión jurídica y allí en dos meses y medio se redactó el acuerdo de justicia sin problemas. Una vez sustraído a la confrontación de tipo político que había en la mesa, fue muy fácil alcanzar un acuerdo entre los seis juristas.
Mientras más paz se pretenda consolidar, más hay que ceder en los intereses de la justicia
¿Ha sido el punto sobre víctimas y justicia el más difícil del acuerdo?
Sin duda alguna. Ha sido el más complicado, porque implica las cuestiones más importantes del conflicto. Era necesario buscar un método que acabara de forma estable con la impunidad. De todos los sectores. Y eso era un problema, porque ha habido mucha resistencia de sectores civiles acostumbrados a vivir en la impunidad en Colombia. Acostumbrados a hacer grandísimos negocios con la guerra, que ha sido históricamente la forma de usurpar tierras en Colombia. El sistema de justicia acordado es competente no solo respecto a los combatientes de un bando u otro, agentes del Estado uniformados o guerrilleros, sino respecto a cualquier persona que haya tenido algún tipo de responsabilidad.
Además, no es sencillo construir un modelo de justicia para la paz. Mientras más paz se pretenda consolidar, más hay que ceder en los intereses de la justicia. El resultado es técnicamente muy complejo, pero eso es necesario para satisfacer todos los intereses: el interés de las víctimas para que no haya impunidad y el interés de la sociedad colombiana para que la paz se consolide y sea viable.
En su informe sobre Colombia, Amnistía Internacional denuncia que proponen sanciones que no parecen proporcionales a la gravedad de los crímenes, por lo que el acuerdo podría favorecer la impunidad.
La crítica de Amnistía Internacional no es exactamente así. Lo que dice es que no está claro en el derecho internacional qué es una sanción genuina y proporcional, y que habrá que estar expectante a cómo se aplica el sistema para ver si es eficaz o no a la hora de combatir la impunidad. Yo estoy de acuerdo absolutamente con eso. Ese equilibrio no es sencillo y efectivamente el sistema debe funcionar.
En todo caso, no hay que olvidar que el sistema no contempla unas sanciones para un colectivo y otras sanciones para otro. Son las mismas para cualquier persona. Y depende del ofrecimiento de la verdad. Una misma conducta criminal grave puede ser sancionada con ocho años de trabajo restaurativo (si el autor la confiesa) o, en el caso de que no haya reconocimiento y sea condenado en juicio, se sanciona con 20 años de prisión.
¿Existe el riesgo de que la negociación descarrile en las semanas que quedan?
Las crisis de última hora son las habituales en todos los procesos de paz en los últimos momentos, donde todas las partes buscan posicionarse de la mejor forma para la última ronda de negociaciones. Pero no creo que exista ningún riesgo de que el proceso descarrile después de haber llegado donde se ha llegado. Esa posibilidad no la contemplo. Por parte de las FARC, el convencimiento es absoluto de la necesidad de desaparecer como organización armada y convertirse en una fuerza política.
Nadie tiene más interés que las FARC en poder incorporarse ya a la vida política del país. El hecho de llevar tres años y medio de conversaciones sin actuar como fuerza guerrillera y tampoco poder actuar como una fuerza política no es una situación cómoda para ellos .
¿Podrá entonces cerrarse el acuerdo el 23 de marzo?
Creo que es posible concluirlo a la mayor brevedad. Tengo serias dudas de que para el 23 de marzo haya tiempo de abordar todos los asuntos que quedan pendientes. Pero sí tengo el total convencimiento de que el 23 de marzo sería posible alcanzar un acuerdo de fin del enfrentamiento armado, llámese cese del fuego bilateral y definitivo o armisticio. Y que luego quedaran algunos elementos que se cerraran más adelante.
Tengo serias dudas de que para el 23 de marzo haya tiempo de abordar todos los asuntos que quedan pendientes
¿Cuáles son los temas pendientes más complejos?
Quedan temas muy complicados. Por ejemplo, el diseño de cómo va a ser el mecanismo de reincorporación a la sociedad civil de los antiguos guerrilleros. Eso implica cómo van a ser los territorios dónde se reubiquen, qué tipo de actividad y contacto van a poder tener con la sociedad civil una fuerza que aspira a hacer política.
Queda diseñar todo lo referente al proceso de dejación de armas, que puede ser sumamente complejo. Queda el cambio de la doctrina militar, la separación de la policía del ministerio de Defensa. Queda el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares. Parece un poquito exagerado exigir que en 20 días se alcancen acuerdos sobre todas estas cuestiones.
El asesor de las FARC cree que esta vez la paz será irreversible
Este es el cuarto proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, ¿qué le hace pensar que será el definitivo?
En primer lugar, por parte de las FARC hay un absoluto convencimiento de que el conflicto armado queda estratégicamente empatado. Es imposible que ninguna de las dos partes gane militarmente después de 50 años de confrontación. El Gobierno yo creo que ha llegado a la misma conclusión. Las partes han hecho los máximos esfuerzos y han llegado al convencimiento de que hay un empate estratégico en el terreno militar, que hace imposible que el conflicto concluya por esa vía. Las FARC lo que quieren es una incorporación rápida al panorama político y contribuir a una nueva configuración de las fuerzas de izquierda en Colombia.
¿Qué pasará con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional?
Desde luego, si no se ha llegado a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, la paz será incompleta. Eso es evidente. En vez de estar hablando del fin del conflicto armado en Colombia estaríamos hablando del fin del conflicto con las FARC, que es la organización guerrillera más poderosa pero no es la única. La construcción de un nuevo país y la apertura de un nuevo proceso político requiere también alcanzar un acuerdo con el ELN.
El Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe ha atacado al Gobierno por negociar con terroristas y dice que el acuerdo traerá más violencia.
Aquí se mezclan dos agendas: la política del país con la estratégica de construcción de paz. El presidente Uribe, durante su mandato, también intentó negociar con las FARC. El problema es que cuando él lo intentaba le parecía bien y cuando lo hace otro gobierno no le parece tan bien. En todo caso, esas posiciones tan maximalistas a mí no me preocupan en exceso. No me cabe ninguna duda de que finalmente el Centro Democrático va a aceptar los acuerdos que se alcancen en La Habana.
¿Puede servir el proceso de paz en Colombia de modelo para resolver otros conflictos?
Ya lo ha sido, lo ha dicho la ONU, lo han dicho muchos organismos internacionales en materia de derechos humanos. En primer lugar, la primera innovación absoluta es que las partes acordaron desde el primer momento que las víctimas estarían en el centro del acuerdo. Las víctimas han sido las grandes olvidadas en anteriores procesos de paz.
Además, el modelo de justicia va a marcar un antes y un después. Es el único sistema de justicia integral acordado por las dos partes en las conversaciones. En anteriores procesos de paz sólo ha habido un mecanismo de justicia cuando ha sido impuesto unilateralmente por la comunidad internacional.
¿En qué conflictos podría ser de utilidad?
Para muchos procesos, empezando por ejemplo por el conflicto en Palestina. También la propia guerra civil en Siria y multitud de conflictos en África que todavía perviven en la región de los Grandes Lagos o conflictos también en Asia sobre todo con minorías independentistas de distintos países, como Birmania o Tailandia. Para mí en estos momentos lo más importante sería aplicarlo fundamentalmente en Palestina y quizás también en el Sáhara Occidental.
España ha estado muy distante del proceso de paz. Eso es preocupante
¿Qué papel debe jugar España para ayudar a la paz en Colombia?
España ha estado muy distante del proceso de paz. Eso es preocupante, incluso doloroso, porque anteriormente España siempre había jugado un papel muy activo en el impulso de procesos de paz en Colombia. El motivo son los errores cometidos en la política exterior respecto a Colombia al situarse del lado del presidente Uribe, lo que le hizo perder su situación de imparcialidad o de posible mediador. Eso ahora debería retomarse, el papel diplomático tanto de España como de la Unión Europea. En primer lugar, facilitando apoyo para el periodo de finalización del conflicto.
¿Y qué debe hacer la Unión Europea?
La UE debería garantizar un apoyo a la construcción de la paz, a la reconciliación en Colombia, al postconflicto. Prestar un apoyo económico y financiero al cumplimiento de los acuerdos ya alcanzados en la mesa, aquellos que solucionan los problemas estructurales que han dado lugar al conflicto, especialmente todo lo relativo a la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos, la participación política, evitando que esos recursos puedan perderse en laberintos burocráticos. Y también sería muy importante que se garantizara por parte de la UE una atención directa a las víctimas, prácticamente siete millones de personas.
También un papel muy importante que debe jugar la Unión Europea tiene que ver con la verificación de los acuerdos y en especial con la verificación de la situación de los derechos humanos. Lo que no debería hacer la Unión Europea es limitarse exclusivamente a hacer un seguidismo de las políticas del Gobierno colombiano. Debería ponerse por encima de las partes en conflicto y jugar un papel mucho más independiente.